El funcionamiento del servicio en la capital del Estado ha propiciado un descontrol, taxistas lo refieren como un desorden donde ellos son los principales perjudicados; se quejan de la desleal competencia y abiertamente se oponen a que esta nueva opción de transporte personal opere en la ciudad. Acusan a funcionarios de comprar flotillas para operarlas como Uber
La falta de regulación para el sistema de transporte personal Uber, ha propiciado un descontrolado crecimiento del número de autos de este servicio en Mexicali, que funcionan sin reglamento ni fiscalización o regulación de tarifas, ni validación de seguros y choferes; grupos de taxistas calculan que podría haber cerca de 2 mil vehículos de este tipo circulando.
“Es una competencia desleal”, sostiene Alfonso Acosta Meza, del grupo de Taxi Centenario, y asegura que ellos han comprado autos nuevos, pagan renta, impuestos y ahora están en completa desventaja.
A su vez, el titular del Sistema Municipal del Transporte acepta que existe una laguna legal en el tema de Uber, y que como dependencia reguladora han estado aplicando multas.
Ricardo Aguilera, de la Liga de Choferes y la empresa Taxi Seguro, insiste que Uber no puede legalizarse y que su operación en Mexicali ha propiciado el desorden y la anarquía.
Por parte, del Ayuntamiento de Mexicali, parece no haber una propuesta de regulación como en otras entidades.
Desleal
El líder de taxis Alfonso Acosta Meza comenta que supuestamente el Sistema Municipal de Transporte (Simutra) ejecuta operativos contra los carros irregulares -no solo contra Uber- ya que han detectado que particulares suben a su auto, se acercan a los paraderos y ofrecen sus servicios como si fueran Uber.
“Ya se salió de control todo esto”, y cuestiona que aparezca ese tipo de servicio pirata como si fuese realmente transporte público, al tiempo que considera, los operativos por parte de Simutra no son suficientes. Acusa: “La mayoría de los carros de Uber son propiedad de ciertos funcionarios, no doy nombres porque estos funcionarios no dan la cara y ni ponen su nombre, están incrustados en el Gobierno del Estado, en la Secretaría del Ayuntamiento, están diputados, servidores públicos del ayuntamiento de diferentes dependencias, tanto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal como algunos ex funcionarios”.
Javier Cital, regidores
Acosta comenta que ciertamente se han hecho operativos, pero ninguno contra los autos de estos funcionarios. “Inclusive inspectores del Sistema Municipal de Transporte tienen vehículos en la plataforma Uber”, sentencia.
“Son pasos cortos, no avanzan”, y calcula que por cerca de 600 multas que le hacen al trasporte público registrado, hacen una o dos a Uber, lo cual considera una competencia dispareja y desleal.
“La inversión que traemos nosotros como concesionarios de transporte público es grandísima”, y ejemplifica con la empresa en la que participa, donde cuentan con 50 unidades -con un valor unitario de 190 mil pesos-, más el seguro de 15 mil pesos anuales y gastos operativos de nómina semanal de entre 35 mil y 40 mil pesos.
A esto se suma la revalidación de los permisos, revalidación del sitio, gastos operativos de energía eléctrica, agua y seguro social.
En Mexicali había 985 permisos de taxis, más los 330 otorgados en noviembre 2016, lo que implica un total de mil 300 permisos de taxis.
Según Acosta, la intención el año pasado al reformarse el Reglamento de Tránsito y Transporte Municipal era que esos permisos “sin itinerario fijo” ofrecieran ese tipo de servicio. La forma de regularizarlos incluía un pago al ayuntamiento de 32 mil pesos.
“Ellos no quisieron pagar el costo, querían más facilidades”, y agrega que Uber no es una empresa de transporte público, sino una plataforma, y que por el uso de esa plataforma cobra el 25 por ciento a al socio usuario, regularmente el dueño del vehículo.
Entre enero y febrero de este año, el Simutra aplicó solo 22 multas a carros Uber, contra más de 8 mil a trasportistas, el 90% contra taxis y camiones que operan legalmente. “Al transporte irregular no se la ha hecho nada, vino a ponernos en nuestro lugar y enseñarnos que nos hace falta hacer”, argumenta sobre la necesidad de modernización, buen servicio, uso de teléfono y choferes corteses.
Insiste que las tarifas de Uber nadie las regula, que la tarifa dinámica -cuando hay más reclamo de servicio- y un viaje que regularmente cuesta menos de 50 pesos, puede subir hasta 200 pesos. Ciertamente en horario normal, la cuota de Uber es más barata.
“Los líderes taxistas han sido muy cautos con la gente en no provocar enfrentamientos, no corresponde a nosotros el hacerlos, que tomen la determinación de pararlos, la autoridad es la que lo tiene que hacer”, indica.
Simutra, rebasado
Uber es una plataforma digital con presencia en diversos países y en localidades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, donde ofrece un servicio privado de transporte bajo un acuerdo entre dos personas, la que tiene un vehículo y quien requiere de transporte; el enlace entre ambas partes se da a través de la plataforma digital, lo mismo el cobro.
Luis Alfonso Vizcarra, titular de Sistema Municipal del Transporte en Mexicali, explica que Uber llegó a la ciudad hace cerca de dos años y el servicio que otorgan, Simutra lo cataloga como servicio público, pero quienes administran ese plataforma lo consideran un servicio privado.
“Dicen que es un acuerdo entre particulares, pero la realidad es que según las normas y la reglamentación vigente, desde el momento que vas por una persona, la trasladas a un lugar y le cobras, estás dando un servicio público”, asegura, para añadir que en la legislación mexicana el servicio público de transporte corresponde regularlo a la autoridad, en algunos casos los ayuntamientos, en otros los Estados.
En Mexicali, el Reglamento de Transporte Publico establece las modalidades para otorgar este servicio en transporte colectivo (camiones) a través de concesión, y en taxis a través de un permiso y un juego de placas.
“Uber no tienen un permiso, ellos señalan que es un servicio privado y que no debe regularse, pero el reglamento nos obliga. En el caso de Mexicali, en los últimos meses se ha venido incrementando la presencia de ellos”, argumenta Vizcarra, para después señalar que al no tener autorización ni permiso, a los Uber les han estado aplicando multas de hasta 500 salarios mínimos.
Esta política seguirá mientras no se dé una regulación, la cual analizaría el Cabildo primero “y muy seguramente al Congreso del Estado al modificar la legislación”. En Puebla, Ciudad de México, Hermosillo y otras, ya se han emitido regulaciones.
Luis Alfonso Vizcarra, Simutra Mexicali
En la capital de Baja California, durante la administración anterior se incluyó en el reglamento una figura para utilizar plataformas digitales, pero exclusivamente a aquellos poseedores de placas para taxi. “Dentro de ese permiso se puede dar un servicio que le llaman ejecutivo, pero no es Uber ni otra plataforma, sino que de las mismas placas que ya tienes, se puede registrar un servicio para utilizar una plataforma”.
Vizcarra afirma que se debe buscar una regulación, dado que el servicio público de transporte tiene que darse con certeza y en un marco legal, en el sentido que quien traslade cuenta con licencia de chofer y carta de no antecedentes penales, entre otros requisitos.
“La autoridad tiene que asegurar que el operador está registrado y la unidad registrada con seguro contra daños. Se le tiene que dar certeza a quien se traslada, de que va seguro”, refiere.
Sobre el número de unidades Uber que funcionan en Mexicali, señala no hay un dato oficial, aunque “estamos verificando en las calles, con nuestros inspectores, a quienes están dando un servicio sin tener el permiso”.
Al acreditar que se está dando ese servicio, lo sancionan con una multa de 500 salarios mínimos -cerca de 35 mil pesos-; en estos primeros cuatro meses de la administración, llevan cerca de 40 multas aplicadas y han detectado casos que sin ser de Uber, se acreditan como tal para brindar el servicio.
“Para nosotros lo esencial es que el servicio se dé en condiciones de seguridad, por eso vamos a seguir sancionando a quienes no tengan ese permiso”, advierte Vizcarra, quien remata: “Se tiene que legalizar o regular ese servicio, tenemos que darle certeza al usuario”, aunque cando se le pregunta sobre el plan para regularizarlos, solo atina a responder: “Estamos revisando todo lo que ha sucedido en el país, en toda la experiencia que se tiene en estos esquemas de regularización para en su caso aplicar la que correspondería a nuestra realidad”.
No se ha abordado el tema: Cital
El regidor priista y secretario de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte, Javier Cital Camacho, declaró que el tema de reglamentar Uber no se ha tratado y, cuando quiso documentar el caso, encontró que en noviembre 2016 hubo una sesión de Cabildo donde se aprobó lo que llaman servicio de taxi ejecutivo.
“Ya no se trata solo del tema de Uber, hay ya varias aplicaciones y uno como ciudadano lo vive, y no solo en Mexicali, sino en gran parte del país”.
Para el regidor, ahora es evidente -sobre todo con una lupa ciudadana más fortalecida- cómo algunos taxistas tienen su vehículo para operar en Uber, o el caso de quienes compraron uno o dos autos para trabajarlos bajo esa plataforma.
“Es un esquema que nos llegó de sorpresa, tanto a sociedad como al gobierno”, y coincide en que debe haber un estudio para buscar una reglamentación “dentro de los equilibrios y las necesidades de la propia ciudad”.
Para concluir, Cital expone que el taxismo tradicional se da regularmente como una actividad familiar, y con la llegada de Uber y otras aplicaciones, es necesaria una regulación. “Creo que Simutra y el ayuntamiento tienen que voltear a ver con mucha profundidad el tema”.
Aguilera: “No estamos por la regularización de Uber”
Ricardo Aguilera, de la Liga de Chóferes y titular de la empresa Taxi Seguro de Mexicali, explica que Uber no es una empresa transportista, sino un intermediario que ofrece servicios de transporte de manera pública, y “al ser intermediario no asume ninguna responsabilidad para los viajeros usuarios de esas plataformas”, además que al ofertarse en redes sociales, en medios, deja de ser un servicio privado y se convierte en un servicio público, y que la Ley de Transporte Publico del Estado exige que cuando se da un servicio y se obtiene una retribución de un tercero, se convierte en un transporte público.
“En ese sistema de plataformas, en unidades particulares, sin estar sujetos a un permiso municipal, para nosotros son unidades que están haciendo un servicio público, exigen una retribución y por lo tanto encuadra dentro de la ilegalidad y la competencia desleal”.
Aguilera insiste en que el sistema Uber no existe ni está contemplado en alguna disposición del orden legal. “Ellos de manera sistemática están violentando el reglamento, por eso se estableció una sanción de 350 a 500 salarios mínimos, que es la multa que se aplica a quienes ofrecen ese servicios”.
Aun cuando se estén pagando las infracciones, existe una violación sistemática al reglamento y, cuando no se tiene la autoridad para detener este tipo de acciones, se convierte en un caos, en un desorden, ya que cada quien hace lo que quiere.
“El gremio en cierta medida fue muy tibio, a diferencia de lo que ha sucedió en otras ciudades”, dice en relación a los conflictos que ha habido en otras ciudades.
Y acusa, hay quienes encontraron en Uber la opción de un ingreso extra, pero luego se convirtieron en flotilleros: “Hemos detectado personas que ni siquiera están dadas de alta en la plataforma, andan trabajando en la calle en abierta competencia al servicio público regulado”, lo que considera injusto al haber unos mil 300 taxis contra más de 2 mil unidades de Uber. Tales “flotillas” involucran a líderes empresariales, diputados, funcionarios estatales o municipales que hacen la inversión, compran uno, diez, quince carros y los meten a trabajar como Uber, consiguen choferes y les exigen una renta de 2 mil 500 pesos semanales.
“Andan sueltos en la ciudad, todo esto se llama anarquía”, sostiene el líder taxista e insiste que han pedido la intervención de las autoridades, “que haga su chamba”. Al preguntar cuál sería la solución para regularizar ese servicio, Aguilera es tajante: “No estamos por la regularización de Uber”.
Uber: “Nada que podamos compartir”
“En relación a tu petición de tener una llamada para información sobre la situación actual de Uber en Baja California, te comento que de momento no hay nada que te podamos compartir”, dijo al reportero Fabiola Martínez, de la empresa Eureka, vocera de Uber México.
