A pesar que los alcaldes de los cinco municipios de Baja California, particularmente los de Mexicali, Tijuana y Ensenada, denuncian que recibieron la administración sin recursos o con recursos dañados que les impiden prestar servicios públicos básicos, pocas investigaciones han realizado sobre sus antecesores. Las denuncias a la Procuraduría no han llegado en la misma medida
A cuatro meses de la toma de posesión de los alcaldes en los cinco municipios de Baja California, son pocos los resultados de las sindicaturas respecto a la investigación que realizan sobre las observaciones por irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción.
El fin de ese procedimiento es, precisamente, que la autoridad receptora detecte a tiempo las anomalías incurridas por la administración municipal que entrega, obligando a la rendición de cuentas, coinciden en señalar los titulares de las cinco sindicaturas.
No obstante, más allá de señalamientos públicos, en suma la actuación de los cinco síndicos municipales ha redundado en solo tres denuncias penales, cuatro inhabilitaciones de ex funcionarios y el inicio de 21 procedimientos administrativos por daño patrimonial, derivado del posible desvío de recursos.
Aquí los reportes de los procuradores municipales:
Ana Marcela guzman Valverde, sindico procurador del ayuntamiento de Tijuana
Tijuana: de 569 observaciones, solo 10 investigaciones
La inhabilitación de dos ex funcionarios, una denuncia penal y el inicio de diez procedimientos administrativos, resumen la acción emprendida por la síndico Ana Marcela Guzmán Valverde.
Con 569 observaciones que la dependencia a su cargo recibió, de 45 de las 93 dependencias que conforman el gobierno municipal de Tijuana, la encargada de velar por los intereses de los tijuanenses suspendió a Marco Antonio Dueñas Soto, quien fuera oficial mayor en el gobierno de Jorge Astiazarán, lo que le impedirá ejercer algún cargo público por un periodo de cinco años. Wilbur Francisco Almanza Yáñez, jefe del Departamento de Usos de Suelo, también fue suspendido.
La inhabilitación derivó de la venta a la empresa de autotransporte Altisa de una fracción del terreno ubicado sobre el Libramiento Rosas Magallón, el cual fue donado por el Estado al Municipio, con la condición de que su uso fuera solo público.
Si bien la administración de Juan Manuel Gastélum reporta la presentación de una denuncia penal por los presuntos delitos de peculado y abuso de confianza contra José Manuel Noriega Moreno, tesorero en el XXI Ayuntamiento, ésta fue presentada por el tesorero en funciones, Ricardo Chavarín Morales, lo que obligó a Sindicatura a darle seguimiento.
A pesar que Gastélum refiere un día sí y otro también que su gobierno no ha podido avanzar, y los servicios públicos no se han ofrecido con la calidad que la ciudad requiere, debido al estado maltrecho de las finanzas que heredó de la anterior administración, en la Sindicatura Procuradora que titula la panista Marcela Guzmán, de las 569 observaciones presentadas que dan cuenta de irregularidades en estados financieros, únicamente mantienen abiertas diez investigaciones.
Playas de Rosarito: investigan a Abarca por tres irregularidades
La Sindicatura Procuradora de Playas de Rosarito, a cargo de Miguel Vila, denunció penalmente al ex alcalde Silvano Abarca por daño patrimonial, al avalar un fideicomiso irregular en el que dio en garantía un predio municipal de 16 mil metros cuadrados, caso que se documentó en el expediente 0205-2017-01133.
También le investiga por la entrega de 16 anuencias incompletas para operar centros de distribución de gas en el municipio, e indaga la donación de 71 predios a personas de bajos recursos, que no justificaron su condición mediante un estudio socioeconómico.
En total son cuatro investigaciones las que la fiscalía de Playas de Rosarito mantiene abiertas en contra de la pasada administración.
De las 24 entidades municipales, en ocho más se encontraron irregularidades, pero “no significativas”, anotó Vila.
Blanca Villaseñor, Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Mexicali
Mexicali: sin denuncias
En años anteriores, el Órgano Superior de Fiscalización de Baja California encontró más irregularidades en la administración de Jaime Díaz Ochoa, que las que ha reportado la Sindicatura Municipal del gobierno que en la capital preside Gustavo Sánchez, también proveniente del Partido Acción Nacional.
Extraoficialmente, el alcalde de Mexicali ha dado cuenta de la falta de recursos con la que encontró la administración municipal, se ha interrumpido el pago a proveedores y fue necesario solicitar préstamos para pagar nómina, además de incrementar los impuestos municipales para sacar adelante la administración, lo cual le ha traído polémica, especialmente con el grupo social Mexicali Resiste.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mexicali encabezado por Sánchez, ha sido omiso en su obligación de revisar las cuentas, detectar las irregularidades en la pasada administración y presentar denuncias por desfalco.
Hasta el momento, llamar a comparecer a 40 ex funcionarios, de los cuales solo 23 atendieron el requerimiento, ha sido la principal acción emprendida por la síndico procuradora de Mexicali, Blanca Villaseñor.
Precisó que las observaciones las efectuaron en veinte dependencias y su investigación aún se encuentra como carpeta de administración y no como un proceso administrativo, “ya que aún pueden hacer aclaraciones”, anotó sin abundar sobre los rubros observados, argumentado que “jurídicamente estoy impedida”.
Lo que sí compartió es que las inconsistencias encontradas fueron en inventarios, plantillas de personal, reportes de terrenos y el cierre de cuentas en meses anteriores, hechos en el que se involucra a las principales dependencias de gobierno central como la propia Sindicatura Municipal, la desaparecida Sindicatura Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Servicios Públicos, Tesorería y Dirección de Desarrollo Social, entre otras.
Karina Castrejon Banuelos, sindico procurador Ensenada, votacion para aumento de transporte publico en Ensenada
Ensenada: dos inhabilitados e irregularidades millonarias
Con la inhabilitación de dos ex funcionarios por irregularidades en obras detectadas en el caso del Ramo Fortalece, la síndico Karina Castrejón Bañuelos decidió dar cuenta directamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para su seguimiento.
En tanto, dijo que la dependencia a su cargo se ocupa en la integración de una demanda penal que presentará en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por los delitos de peculado y abuso de autoridad contra quien resulte responsable, ya que en 2015 el Congreso del Estado autorizó un crédito por 665 mil pesos al ayuntamiento, de los cuales se mal usaron 182 millones de pesos.
De las observaciones que su dependencia recibió en el periodo de entrega-recepción del gobierno de Gilberto Hirata Chico al de Marco Novelo Osuna, precisó que 24 dependencias del ayuntamiento de Ensenada dieron aviso sobre distintas anomalías.
Algunas de las oficinas que posiblemente incurrieron en delitos patrimoniales son: Tesorería, DIF Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Social Municipal, Oficialía Mayor, entre otras en las que se hizo mal uso del dinero público.
En una auditoría desarrollada a la anterior administración por un despacho externo y ordenada por el alcalde Marco Novelo, fueron detectadas irregularidades por más de mil 800 millones de pesos, cheques girados sin fondos, pago de obras no ejecutadas, indemnizaciones abusivas, recursos de programas sociales destinados al pago del gasto corriente y el no ejercicio correcto en el Ramo 33.
Los resultados de la auditoría fueron entregados tanto a la ASF como al Órgano Superior de Fiscalización de Baja California, sin que hasta el momento se tenga respuesta con acciones ministeriales.
Gerardo Sosa Minakata, sindico Tecate
Tecate: investigación de seis expedientes
Alrededor del 80 por ciento de los titulares de las dependencias del XXII Ayuntamiento de Tecate presentaron observaciones sobre la recepción respecto a la anterior administración, lo que ha derivado en la apertura de seis expedientes, informó el síndico procurador Gerardo Sosa Minakata.
Faltantes en el mobiliario y en expedientes de personal, así como comprobar faltantes en el mobiliario, son las observaciones de Oficialía, además de gastos sin comprobar y falta de firmas en Tesorería, la concesión de la recolección de basura y de luminarias en la Dirección de Obras Públicas. (Isabel Mercado, Daniel Gastélum, Cristian Torres, Lorena Lamas, Héctor Ortiz)
