En campaña en el 2012 Enrique Peña Nieto dijo en televisión abierta que el PRI tenía políticos que representaban a la “nueva generación” del partido, resultado de un “proceso de renovación”, entre ellos, aludiendo a la ausencia de corrupción, mencionó a Javier Duarte y César Duarte, ambos prófugos por delitos cometidos desde los gobiernos en sus estados. Éste es el caso del ex mandatario de Chihuahua.
Mientras al ex gobernador priista César Duarte, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos, lo busca la justicia chihuahuense por daño patrimonial de alrededor de 6 mil millones de pesos, tres de sus ex colaboradores ya fueron aprehendidos y uno más se atrincheró durante un día en la Cámara de Diputados hasta que obtuvo la suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra.
“Ofrecí llevar a la justicia a César Duarte y sus cómplices. El que roba desde el poder, no solo se roba unos centavos y millones, se roba oportunidades, esperanzas y derechos de la gente que aspira a una vida mejor”, declaró el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en un mensaje difundido en internet.
A los ex funcionarios se les acusa de enriquecimiento ilícito y peculado, quienes, junto con otros particulares “fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, encabezado por el ex gobernador César Duarte”, detalló Corral.
Según el mandatario panista, la Fiscalía actuó de manera cautelosa para integrar las carpetas de investigación. Parte de ello, implicó “rescatar evidencias y documentos que en muchos casos habían sido destruidos, alterados o escondidos”, añadió.
Sobre su antecesor, dijo: “César Duarte, quien ahora es un prófugo de la justicia, ha huido a la ciudad de El Paso, Texas para evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción”.
De igual forma, aseguró que su gobierno ya trabaja en las gestiones necesarias para pedir la extradición del ex mandatario desde Estados Unidos.
Precisó en una entrevista radiofónica que Duarte se ha reunido con el presidente estatal del PRI Guillermo Dowell en El Paso y que agentes ministeriales esperaban su llegada al funeral del diputado Carlos Hermosillo -quien el 20 de marzo falleció en un accidente automovilístico- para aprehenderlo, pero no se presentó.
A su vez, Carlos Hermosillo era investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de funciones en la Fiscalía estatal. Era identificado como presunto prestanombres y operador financiero de Duarte, según varias piezas periodísticas que dieron cuenta de sus millonarias propiedades.
Su suplente, Antonio Tarín García, sobre quien también pesa una orden de aprehensión por peculado, llegó a la Cámara de Diputados el martes 28 de marzo para asumir funciones como legislador y con ello, tener la protección del fuero.
No obstante, el gobierno de Corral envió una carta a la Cámara Baja para informar de su situación jurídica. Solamente la fracción del PRI votó a favor de la toma de protesta de Tarín García y ante el intento frustrado de obtener fuero, el ex funcionario pasó la noche en el recinto de San Lázaro para no ser aprehendido por agentes ministeriales que lo esperaban a las afueras del inmueble.
Tarín García, quien fungió como director de Administración en la Secretaría de Salud y director de Adquisiciones del gobierno de César Duarte, abandonó la Cámara de Diputados la tarde del 29 de marzo y cuando un vehículo con policías ministeriales le cerró el paso, les mostró la suspensión provisional de la orden de aprehensión girada por la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, del Juzgado Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.
Aunque su solicitud de amparo todavía no se resuelve, el documento suspende cualquier intento de detención por un delito no grave, como en este caso es el peculado.
Por otra parte, los cómplices de Duarte que ya fueron detenidos son: Javier Garfio, ex secretario de Obras Públicas y ex alcalde de Chihuahua; Gerardo Villegas, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, y Ricardo Yáñez, ex director de Vialidad.
En específico, al ex alcalde Garfio se le acusa de haber autorizado la enajenación de predios por un valor cuatro veces menor al real, con lo que ocasionó un daño al erario público por más de 300 millones de pesos, cuando fue secretario de Obras Públicas.
