Entorno laboral es la principal línea
que autoridades investigan en el
homicidio del reportero que había
recibido amenazas a través del portal
Colectivo Pericú. Artículo 19 “exige
enérgicamente al gobierno de Baja
California Sur que cumpla sus
obligaciones constitucionales y legales,
a efecto de que garantice el ejercicio
pleno de la labor periodística en
dicho Estado”
La mañana del viernes 14 de abril, Maximino “Max” Rodríguez Palacios, reportero de la fuente policiaca de Colectivo Pericú, salió de su vivienda poco antes de las 11:30 am, con dirección a City Club, tienda ubicada a poco más de ocho cuadras de distancia. Le acompañaba Raquel Romo, su esposa.
Al ingresar a la zona de estacionamientos y apagar su vehículo Nissan Sentra color azul, una ráfaga de arma larga cubrió al periodista; al menos 15 disparos fueron dirigidos al veterano comunicador con más de 40 años de servicio. Los agresores dispararon desde un pick-up color blanco que quedó registrado en las cámaras de vigilancia de la tienda.
El hombre de 73 años de edad yacía recostado sobre su lado derecho, hacia el asiento donde viajaba su esposa, quien resultó ilesa.
Las hipótesis sobre el crimen del reportero apuntan a su trabajo periodístico, considerando que “fue silenciado por alguna razón, esa razón es la que estamos investigando”, refieren autoridades. Los comentarios establecidos en su columna “Es mi Opinión” pudieron ser clave para causar el enojo de delincuentes, incluso políticos y autoridades.
Un día antes, el auto desde donde dispararon al columnista “fue perseguido por Marinos, por toda la Forjadores, se les perdió en Indeco, por la calle Limón”, comentó un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur. Sitio que hasta la mañana siguiente del asesinato del comunicador, derivó un operativo militar, incluso con apoyo aéreo, donde ingresaron a un domicilio, pero los presuntos agresores habían abandonado la casa de seguridad.
Amenaza cumplida
Desde noviembre de 2015 hasta el momento de su muerte, el periodista cubría la nota roja, tras la serie de ejecuciones que se han dado desde el 31 de julio de 2014 en Baja California Sur. Anteriormente laboró en medios como Canal 10, como corresponsal de El Heraldo de México, columnista de La Extra y de Colectivo Pericú en los últimos dos años, entre otros.
Incluso en la revisión de notas, hecha por la organización Artículo 19, se establece que “… se encontró información sobre amenazas previas que había recibido Maximino Rodríguez. A través de una entrevista que le realizó Culco Cultura y Comunicación BCS, la cual fue publicada el 6 de diciembre de 2016, a pregunta expresa, el reportero respondió: ‘Sí me hablaron por teléfono que ya le pare, que no lo haga, que va a cargar… cosas así’”.
Con guardia de honor, es como periodistas dieron el último adios a Maximino Rodrígez Palacios, Reportero de Policiaca de Colectivo Pericú
En su columna denominada “Es mi Opinión”, Max analizó los hechos de sangre que se presentaron principalmente en La Paz y Los Cabos, este espacio de opinión generó controversia e incomodidad a ciertas personas que se manifestaban en las secciones de comentarios del propio portal.
“Tapó los comentarios de la ejecución de esta pinche lacra de policía estatal corrupto juan Salvador Díaz y toda esta pendiente el comandante osorio y la otra lacra de polícia estatal de apellido oliveria no creen que se los van a chingar puto por culeros ya cayó uno es cuestión de tiempo para que caigan y puto del máx ya agarro bando por lo pronto ya tapó los comentarios de la ejecución de esta lacra cuidado seudoperiodista ya están matando ministeriales y estatales no vayan a empezar a tunvar periodista que agarran bando máx chayotero en b.c. S”, fue parte del comentario del usuario “Pájaro Inquieto” amenazando al reportero.
Otro comentario en contra del fallecido, incluso después de su muerte, es el siguiente:
“Te dige máx que estabas agarrando bando le tirabas a un solo cartel pero al q le está pagando plaza al gobernador cameda alias el pinguino no lo mencionadas les digistes que ya no traían nada los del cartel de Sinaloa que estaban acabados tapaste los comentarios de la ejecución de la lacra corrupto del policía estatal juan Salvador Diaz que debía muchas precisamente al cartel de Sinaloa como están pendientes también de ejecutarlos el comandante osorio y la otra verga q deve muchas el policía estatal de apellido oliveria también se los van a chingar por puto debiste averte portado neutral máx nada de esto te uniera pasado”.
En las últimas publicaciones de Max Rodríguez Palacios destaca “… lo que queda de ‘Los Javieres’ buscan distraer la fuerza policial en Los Cabos, por la desesperación de ‘El Colores’”.
Otro reportero de la fuente policiaca, Cuauhtémoc Morgan Hernández, recibe protección por parte de la fiscalía a través del programa para dar puntual seguimiento a las medidas cautelares ordenadas por el Ministerio Público de la Federación para la protección de la integridad física y vida de los periodistas, familiares y víctimas”, señala la Procuraduría General de la República (PGR).
Pese a los comentarios intimidatorios que aparecen en el citado portal, días antes y después del asesinato de Max Rodríguez, el jueves 20 de abril -seis días después del asesinato-, el procurador general de Justicia en el Estado, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, dijo desconocer si existen tales amenazas.
“No tenemos antecedente al respecto, ninguna denuncia presentada por él. Alguna versión que advertimos por ahí, pero nosotros no teníamos conocimiento oficial, ni nunca nos solicitaron alguna medida de protección para él, ni mucho menos”.
Apenas la punta del iceberg
Cincuenta y seis horas después del asesinato del comunicador, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que “los resultados de los peritajes del Sistema de Huella Balística, permiten establecer que el arma con la que lo privaron de la vida” participó en dos eventos más.
El rifle de alto poder utilizado en la ejecución de Max Rodríguez fue vinculado con sicarios mata-policías que habrían participado en al menos tres homicidios:
* El asesinato de Luis Alberto Corrales González y Miguel Ángel Castro Romo, agentes de la Policía Ministerial adscritos al Departamento de Homicidios, privados de la vida el 21 de febrero en la colonia San Bernabé de San José del Cabo, municipio de Los Cabos.
De este suceso se sabe que dos de las tres armas utilizadas fueron incautadas el 28 de marzo en la colonia Santa Rosa en San José del Cabo, aunado a la detención de seis sicarios; uno más perdió la vida en la refriega.
Un golpe muy duro es el que recibió el gremio periodístico de BCS, tras la caída un compañero, el cuarto a nivel nacional en lo que va del 2017
* El homicidio de Juan Salvador Díaz Moreno, del ya casi extinto Grupo Especial Operativo (GEO), perpetrado el 5 de abril en la entrada principal del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz. Los sicarios fueron vistos huyendo en un Golf color blanco por la Colosio, en dirección al Bulevar Agustín Olachea, punto donde se encuentra una cámara de vigilancia de la Subsecretaría de Seguridad Pública.
El procurador estatal afirmó que la relación entre los homicidios es muy estrecha, tanto así, que pueden ser los mismos ejecutores de los agentes de seguridad y del reportero Policiaco: “Esa arma se utilizó cinco días antes, en otro acontecimiento donde un comandante de la Policía Estatal Preventiva fue atacado aquí a las afueras del CERESO, a través del Sistema Integrado de Identificación Balística, se pudo establecer que es la misma arma, el día que el comandante de la Estatal perdió la vida, hubo una segunda arma que participó ahí, que a su vez se relaciona con un evento del 21 de febrero de este año, donde privaron de la vida a dos elementos de la Policía Ministerial; son dos armas que se involucran en tres homicidios, dos policías de la Ministerial, uno de la Estatal y el señor Maximino Rodríguez… con la óptica eso es lo que se percibe, por los investigadores por las tres carpetas de investigación”.
Cómo definir si el arma participó en los tres eventos en mención es “muy sencillo”, indicó el especialista en balística consultado por ZETA: “Primero se determina si los casquillos percutidos coinciden con las características de los otros eventos”.
Evidencia recolectada en el asesinato del reportero, señala que se utilizó un rifle AK-47 o cuerno de chivo.
“Analizados los casquillos, se revisan las ojivas incrustadas en el cuerpo del delito, se unen todos los fragmentos y así se puede determinar el arma que lo disparó. Las marcas que deja el cañón de un arma es casi-casi como una huella digital en balística, cada artefacto deja su propia marca, y por ello se determina si un arma ha sido utilizada en más eventos”, agregó el experto.
Por su parte, Artículo 19 condenó el hecho contra el comunicador, por lo que exigió a “… todas las autoridades de nivel federal, estatal y municipal, que cumplan cabalmente con sus obligaciones para el desempeño de sus obligaciones para el desempeño de sus funciones públicas y, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística”. Particularmente exige enérgicamente al gobierno de Baja California Sur, cumplir sus obligaciones constitucionales y legales, “… a efecto de que garantice el ejercicio pleno de la labor periodística en dicho Estado, y pueda desempeñarse sin ningún tipo de obstáculos ni violencia”.
El mundo reaccionó a la muerte del periodista
“Se agotarán todas las líneas de investigación para poder llevar a los responsables de tan lamentable acto ante la justicia”, expresó Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, al condenar el artero ataque en contra el comunicador, y comprometió el respaldo con el gremio y los familiares del fallecido.
Cuauhtémoc Morgan, Director y fundador de Colectivo Pericú condenó el asesinato de colaborador
Asimismo, solicitó activar los mecanismos de protección a periodistas, incluso personalmente hizo la petición a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Raúl Cervantes, procurador general de la República, para trabajar de manera coordinada en el esclarecimiento de los hechos.
No obstante, la noticia no se habría quedado en la entidad. Llegó hasta Organización de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), la cual se unió al repudio de estas prácticas contra el derecho de la libertad de expresión.
“Desde mi Oficina condenamos el asesinato del señor Rodríguez Palacios y nos solidarizamos con su familia, amigos y colegas periodistas a quienes enviamos nuestras condolencias”, expresó Jan Jarab, representante del organismo en México, ante la agresión a balazos que le arrebató la vida al periodista originario de Irapuato, Guanajuato.
También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de Irina Bokova, directora general, condenó el atroz hecho sin precedente en Baja California Sur, incluso lo denominó un ataque directo para coartar la libre expresión de los mexicanos.
“No podemos permitir que los criminales ataquen a los medios por brindar información al público. Pido a las autoridades que garanticen que este crimen será investigado y sus autores procesados para proteger la libertad de expresión y la libertad de información”, solicitó.
La presión para el gobierno mexicano, y sobre todo para el sudcaliforniano, de inmediato se hizo presente cuando la Embajada de Estados Unidos en México condenó el suceso: su titular, Roberta Jacobson, lamentó a través de Twitter “… la muerte de un periodista más. Esta vez Max Rodríguez en Baja California Sur. Cuarto periodista asesinado en el año”.
A la par, la solicitud de protección a la familia de Rodríguez Palacios, llegó desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La protección incluso fue extendida para los directivos de Colectivo Pericú, a quienes desde el mismo día de la muerte del comunicador se les otorgó escolta militar; unidades castrenses custodiaban a Cuauhtémoc Morgan, titular del colectivo, y a su esposa.
La agrupación Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección contra Periodistas (CPJ) también condenaron el suceso, incluso Balbina Flores y Jan Albert Hootsen, respectivamente, se comunicaron en directo con Morgan.
“Muchos años como periodista y columnista, y sus declaraciones eran muy fuertes, muy críticas”, apuntó Balbina Flores sobre el acaecido periodista.
Mientras que el director de Colectivo Pericú declaró: “Muy atentas y oportunas sus llamadas, desde el primer momento estuvieron en contacto y están ofreciendo su apoyo. De la oficina de Gobernación nos brindaron todo el apoyo y es por ellos la escolta que amablemente nos brindaron”.
Legisladores reaccionaron
El miércoles 19 de abril, tanto Camilo Torres Mejía, del Partido del Trabajo (PT), como Joel Vargas Aguiar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron iniciativas para consolidar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, y solicitaron a los periodistas revisar las leyes y hacer recomendaciones de reforma para mejorarlas.
Previo a la propuesta, el martes 18 de abril, en plena sesión del Congreso local, periodistas, comunicadores e informadores se manifestaron por el homicidio del periodista de Colectivo Pericú. Vestidos de blanco y algunos con cubre bocas, exigieron a los legisladores que se generen las políticas para el esclarecimiento de la pérdida irreparable del gremio y que no haya más muertes en la entidad.
“Le hablé a los compañeros policíacos, ni siquiera me contestaron la llamada, quiero entender que tienen demasiado miedo, porque aparecieron mantas intimidatorias, de hecho, el día del crimen hubo una manta en contra de ellos, y tienen temor”, agregó por parte de la Asociación Sudcaliforniana de Reporteros y Periodistas Asociación Civil (ASRAC), Araceli Hernández.
Aunque hubo una manifestación dividida, las diversas agrupaciones de reporteros en la entidad, tienen un punto en común: el esclarecimiento de la muerte de Max Rodríguez y que haya garantía para ejercer el periodismo libre. En algún momento los gremios podrán llegar a un mutuo acuerdo y solidarizarse por el bien de la prensa sudcaliforniana.
Mientras le daban el último adiós a Max Rodrígez, a los alrededores se realizaba un operativo de seguridad para ubicar a los sicarios, sin embargo no hubo respuesta positiva del operativo
Ambas propuestas presentadas al día siguiente de la manifestación buscan que haya seguridad para que se ejerza el periodismo y la defensa de los derechos humanos, y es que sólo dos estados de la República, incluidos Baja California Sur y Tamaulipas, no cuentan con esa Ley.
“Una homologación es un mecanismo necesario que necesita, valga la expresión, el Estado para tener un mecanismo local de protección al periodista y a los defensores de los derechos humanos. Esta legislación data desde 2012 a nivel federal”, aportó Joel Vargas Aguiar, diputado local del PRI.
La otra propuesta, del PT, ha sido elaborada supuestamente “con un grupo de periodistas de aproximadamente diez compañeros de dos organizaciones diferentes, y con ellos se hizo una investigación con otras leyes que protegen los derechos de los periodistas que prevén este tipo de acciones”, justificó Camilo Torres Mejía.
Son dos iniciativas de Ley que conforman una misma, pero el interés es brindar garantías para que en Baja California Sur se siga ejerciendo el periodismo y la protección de los derechos humanos.
“Habla de derechos como son seguro de vida, seguro social; habla de la protección cuando un periodista o una parte de los periodistas se sienten o están amenazados”, aseguró Torres.
Se espera que en un plazo no mayor a 30 días, la entidad pueda contar con una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.
Por otro lado, Armando Ríos Piter, senador por el Estado de Guerrero, condenó el atroz homicidio de Max y de todos los comunicadores ejecutados en lo que va del año, asimismo, hizo un llamado desde el Senado de la República al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para “realizar acciones extraordinarias para proteger a los integrantes de los medios de comunicación, y de manera particular, se le pide identifique a los responsables de los diversos asesinatos cometidos contra periodistas”.
Mencionó que estos casos ya han llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO, las cuales han marcado presión al Gobierno Federal para esclarecer los terribles hechos, lo que calificó como “alarmante”.
La “estrategia” de Osorio Chong
Ante los hechos de violencia registrados en Baja California Sur, las fuerzas federales intervinieron para bajar los índices de violencia. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación llegó a Los Cabos.
“Han venido a presidir una sesión del Grupo de Coordinación de Seguridad en BCS y a plantear y discutir cuál será este esfuerzo extraordinario que están haciendo los tres niveles de gobierno y poder garantizar en BCS, específicamente en Los Cabos, la seguridad; hemos tenido después una reunión con empresarios, a propósito de esto, un diálogo muy interesante”, dio entrada el gobernador del Estado, Mendoza Davis, en el marco de la reciente visita del funcionario federal.
La necesidad de retomar el estado de pánico, el cual se había apoderado de los habitantes, pero sobre todo de los empresarios, llamó al reforzamiento temporal de corporaciones federales hacia la entidad, con lo que garantizarían el Estado de Derecho, pero aun con más de mil 600 elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina, Policía Federal y Gendarmería, el crimen organizado ejecutó a un comandante de la PEP y a un periodista.
“Hoy en el Grupo de Coordinación lo vinimos a evaluar, a ver los alcances, qué hay que hacer hacia adelante, vemos que estamos logrando el objetivo, hemos disminuido en pocos días de manera considerable la comisión de delitos, de toda índole, sobre todo homicidios, y queremos seguir en ese camino; para ello vamos a seguir con esa estrategia, a seguir trabajando en cada uno de los municipios, particularmente en Los Cabos (Cabo San Lucas y San José), en La Paz, para que esta seguridad sea duradera”, retomó Osorio Chong.
Derivado a las investigaciones y trabajos de inteligencia para erradicar cualquier conducto de la delincuencia organizada, afirmó que es vital la participación coordinada, es decir, que la comunicación e intercambio de información sea constante y fidedigna, y sobre todo atender la denuncia ciudadana.
“Se requiere hacer algunas otras acciones, entre ellas comunicar y comunicarnos bien, el poder estar informando lo que está ocurriendo con toda transparencia para que se pueda a la vez, por parte de ustedes (prensa), informar a los ciudadanos, hacerlo directamente con los ciudadanos para también involucrarlos, queremos mayor denuncia”, puntualizó.
Es aquí donde los compromisos entran, donde se busquen soluciones y estrategias de raíz. El compromiso del gobernador es ir trabajando en la formación de dos policías, “con mayores alternativas de desarrollo tanto en lo profesional, como en lo personal, y mientras tanto, todo con el recibimiento del apoyo de la Federación, de hacer y formar sus propias instituciones de seguridad, y si de los propios municipios, mientras no haya cambio de Ley, hacer sus propias instituciones; no pueden quedarse permanentemente las instituciones federales, no va a suceder que se queden permanentemente, pero sí el tiempo necesario para que dé tiempo al Gobierno del Estado de conformar sus propias instituciones, que por mucho tiempo no se hicieron, y que por mucho tiempo no formaron, y por eso estamos en las circunstancias en las que estamos”, finalizó.
De igual manera, se informó que se aplicará mayor tecnología para mantener los trabajos de inteligencia, pero se centró principalmente en “comunicar y comunicar bien”, toda la información para que las labores de inteligencia surtan efecto.
En su intervención de poco más de cuatro minutos, el titular de Gobernación no abordó el asesinato del periodista Max Rodríguez, además, solo se abrió espacio de preguntas y respuestas para tres comunicadores: Armando Figaredo Cantú, de Televisa Los Cabos; Verónica Gabriela González, de El Sudcaliforniano; y Leticia Hernández Vera, de Tribuna Los Cabos. Ninguno de ellos abordó el homicidio del colaborador de Colectivo Pericú.
