En la coyuntura del reclamo por los montos que reciben los partidos para operar anualmente, quedaron establecidos los topes por recurso público y autofinanciamiento, el representante del PRI se inconforma y cree que a los partidos se les está haciendo un “linchamiento”. El PES, revira; sobre los recursos a los partidos: “un agravio a la sociedad”
Este 2017 el presupuesto público para partidos en Baja California asciende a 117 millones 288 mil 033 pesos, lo cual está etiquetado para el sostenimiento de sus “actividades ordinarias permanentes”, en un año que no resulta electoral a nivel estatal.
Bajo el concepto de autofinanciamiento, cada instituto político podrá recabar de su militancia 2 millones 345 mil 760 pesos, que tal como establece la Ley, constituye el 2% del total de los montos públicos.
Estos topes de gasto, tabulados por el IEE, proceden en un momento de coyuntura, en que por una parte existe rechazo a que se subsidie la actividad partidista, pero por el lado de los partidos se condena que se les quiera limitar.
En sesión para determinar el tope de las aportaciones privadas, llevada a cabo el 13 de marzo por la comisión del régimen de partidos y representantes partidistas, en la capital del estado, el representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral, José Alfredo Martínez Moreno, señaló que por lo que respecta al financiamiento parece haber un “linchamiento” en perjuicio de los partidos.
Según explicó el priista, “la sociedad demanda recibir menos de los órganos electorales”, pero a las entidades partidistas tampoco se les concede un tope más amplio para autofinanciarse. E incluso, calificó: “con las cantidades irrisorias del financiamiento privado no alcanzaría a sostener ni diez por ciento de nuestras actividades”.
Para el presidente estatal del PES, Luis Moreno Hernández, quien está a favor de que las fuerzas políticas dejen de percibir recurso público, el monto de aportaciones privadas permitido para 2017 no resulta escaso.
En su opinión, decir que esa cantidad “es insuficiente” constituye “un agravio a la sociedad”.
Entrevistado por ZETA, el dirigente estatal mencionó que Encuentro Social está pugnando por “eliminar esos excesos”, de los que en materia presupuestal goza todo partido. Incluso sacó a colación: el PES está proponiendo en la Cámara de Diputados que se reduzca totalmente el subsidio en cuestión. Como solución, sugiere: que “el financiamiento privado” exclusivamente, “soporte las actividades partidistas”.
Moreno Hernández, refirió que por lo pronto, Encuentro Social hará uso de las dos partidas presupuestales. Por lo que respecta a la de carácter “privado”, dijo parecerle “más que suficiente”.
Por su parte, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Javier Garay Sánchez, en entrevista con este semanario, mencionó que la cifra correspondiente a donaciones de militantes podrá parecer reducida (tal como sugirió el representante priista) en vista de que los partidos políticos “están recibiendo mucho financiamiento público, sobre todo en las entidades federativas”; lo que da cabida a una marcada desemejanza entre ambos presupuestos. Con base en una reforma de 2014, detalló el titular del IEE, la prerrogativa oficial que se designa a institutos políticos “se elevó substancialmente”.
Jorge Alberto Tsutsumi Valenzuela, presidente del PRI en Tijuana, reconoció que la cuestión del recurso público partidista “incomoda a la sociedad” y a propósito agregaría: “hay descontento de la sociedad con los partidos”. Aseguró que por parte del Revolucionario Institucional el tema se pondrá en el Congreso: “la propuesta es a favor de recibir menos”, tal como en su momento lo propusieron públicamente los legisladores locales priistas respaldados por el dirigente estatal Chris López, recordó Tsutsumi Valenzuela y arengó: “Nosotros estamos con nuestros diputados”. Su apuesta, finalmente, es porque “los partidos recurran a su militancia”.
Conforme a la autoridad correspondiente, que en este caso es el titular de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento Daniel García García, “cabe señalar” que las fuerzas políticas también pueden hacerse de recursos “producto de inversiones, de rendimientos, rentas, etcétera” y, “en su momento puede ser…motivo de una reforma…que pueda elevarse a un 4 o 5 por ciento” el monto de las aportaciones partidistas.
Partidos sin presupuesto y más amonestaciones
Toda vez que en el proceso electoral del 5 de junio de 2016, PVEM, PT y Panal no acreditaron 3% de la votación, “en ninguna de las elecciones, ni en las municipales ni en la de diputados”, tal como remembró Javier Garay Sánchez, este año, esos partidos “no reciben recursos públicos” que provengan del IEE. El “PRD se salvó”, indicó el consejero ciudadano, toda vez que el partido de izquierda obtuvo “poquito más del 3%”. Ultimadamente, los tres partidos que no alcanzaron el promedio requerido, en su calidad de institutos político nacionales, “tienen derecho a recibir un porcentaje del INE”.
Por otro lado, actualmente el total de los partidos enfrenta sanciones. “Lo estamos pagando todos”, afirmó el priista José Alfredo Martínez, representante ante el IEE. A su vez, el dirigente tricolor, Tsutsumi Valenzuela, dijo que del presupuesto público (correspondiente a 22 millones 880 mil 242 pesos en el caso del Revolucionario Institucional), el 50% se les va a ir en pago por amonestaciones derivadas del proceso electoral. “Todos los partidos…tuvieron sanciones” en el marco de esos comicios, justificó el líder local. De acuerdo al entrevistado, las faltas en que incurrió el PRI tienen que ver “con que no se entregaban informes, no se presentó la agenda de los candidatos con tiempo”. Sugirió haberlos tomado de sorpresa la nueva ley en la materia, que “es totalmente distinta a la de 2013”.
En días recientes trascendió que los partidos en B.C., por irregularidades en que incurrieron durante el proceso electoral de 2016, adeudan 38 millones 268 mil pesos. “Si no cumplen a cabalidad se tienen las multas correspondientes”, sostuvo Garay Sánchez. Sobre lo recabado por sanciones, informó que se canaliza a ciencia y tecnología. “…la secretaría de economía y el CONACYT determinan el mejor uso del recurso”, precisó el consejero presidente.