A la justicia norteamericana le tomó cinco años aprehender a Tomás Yarrington, el ex gobernador de Tamaulipas que en México se mantuvo impune por igual número de años. De hecho, a propósito de la huida de Javier Duarte de Ochoa, ex titular del Gobierno del Estado de Veracruz, es que en medios, análisis políticos y autoridades diversas, se recuerda a Yarrington.
Pareciera que estos cinco años en México no buscaron al ex priista (lo fue hasta 2012 cuando ya encausado legalmente, en ese partido le retiran los derechos primero, y él renuncia de manera posterior). De hecho, entre los señalamientos de autoridades investigadoras de los Estados Unidos y la propia Agencia Antinarcóticos de aquel país, realizados en 2012 y ubicándolo como parte de la red de narcotráfico en Tamaulipas, aceptando dineros de los cárteles del Golfo y de Los Zetas, y su huida en 2015, Yarrington vivió en México tres años al margen de la Ley.
Alcanzó a hacer campaña para Enrique Peña Nieto en su búsqueda por la Presidencia de la República, y de hecho seis años atrás quiso ser candidato a la máxima posición del Poder Ejecutivo en México, cuando junto a otros ex gobernadores como Arturo Montiel, Natividad González, Enrique Martínez y Enrique Jackson, formaron dentro del PRI el TUCOM (Todos Unidos Contra Madrazo) para oponerse a la candidatura de Roberto Madrazo, quien terminaría siendo el candidato tricolor a la Presidencia de la República, y el perdedor de la elección ante Felipe Calderón Hinojosa; y rebajaría al PRI a la tercera fuerza política electoral en el país, gracias al arrastre de Andrés Manuel López Obrador.
Yarrington quiso, pues, dirigir los destinos de México, una vez que concluyó su sexenio en el año 2005. Así es este país, navega entre la corrupción, la impunidad y la desmemoria en todos los niveles. Javier Duarte de Ochoa también acompañó a Peña Nieto en la campaña a la Presidencia de la República, y posteriormente fue el receptor de las alabanzas del mandatario nacional.
Durante los últimos cinco años a partir que el PRI retomó la Presidencia del país, la Procuraduría General de la República ha tenido tres titulares. Primero fue Jesús Murillo, después Arely Gómez y ahora Raúl Cervantes, pero ninguno de los tres realizó -es evidente ante las declaraciones de la Policía italiana y el posicionamiento de las autoridades de los Estados Unidos- un esfuerzo verdadero y contundente para detener al ex mandatario acusado de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de acumular una fortuna millonaria en dólares, producto de las dádivas de los cárteles de la droga.
Si a la justicia mexicana nos encomendamos, Yarrington seguiría tranquilo como la noche en que lo aprehendieron, paseando por las ciudades de Italia, degustando la gastronomía, admirando el arte, observando la grandeza arquitectónica y respirando aires campiranos.
En el video de su detención, se observa a un hombre que no tiene temor de ser detenido, a una persona que no se anda escondiendo de autoridad alguna, a un señor de pelo cano caminar despreocupado por una de las principales plazas de Florencia, de andar pausado, concentrado en la plática con su acompañante. Luigi Rinella, el agente italiano que encabezó la operación de captura, lo describió como un hombre sin preocupación.
Aquellos son los rasgos de la impunidad que gozaba Tomás Yarrington por parte de las autoridades mexicanas, particularmente la PGR, que le permitió “esconderse” a plena luz del día. A la justicia que claman los mexicanos hartos de la corrupción y los malos gobiernos, le favoreció que el ex gobernador fuese buscado por Estados Unidos, que fuesen autoridades de aquel país las que proporcionaran a la Interpol las huellas dactilares del tamaulipeco, los pasaportes falsos que portaba, los nombres con los cuales se identificaba y los modus operandi que seguía para pasar desapercibido. De México, la Interpol había recibido muy poca información para dar con la captura de quien se presume fue un gobernador del narcotráfico.
Cinco años le tomó a Estados Unidos dar con el capo-funcionario. Ahora las autoridades italianas decidirán, con base a principios de leyes internacionales, a cuál país de los dos que requieren a Tomás Yarrington para procesarlo, lo extradita. Ojalá sea a la Unión Americana, porque con esta Procuraduría General de la República que tenemos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, son capaces en el Ministerio Público federal, de mal integrar las averiguaciones previas para que el ex mandatario salga libre.
Javier Duarte de Ochoa tiene apenas seis meses en calidad de prófugo. Lo busca la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y también la PGR. Por lo menos por peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cinco meses después de fugarse a la vista de todos, Duarte fue incluido en una ficha roja de la Interpol, a petición de México y para su captura. El 31 de marzo quedó acreditada la búsqueda internacional para dar con el gobernador más corrupto del que se tenga cuenta en la historia contemporánea en México. No sabemos, porque no se da a conocer, qué información a detalle proporcionó la autoridad mexicana a la autoridad internacional. Si efectivamente los proveyó de armas y recursos para dar con el priista, o entregó vaguedades como lo hizo con Yarrington, lo cual le permitió evadir a la justicia mexicana, pero sucumbió a la justicia ajena, al procedimiento que se le sigue en Norteamérica.
Otro ex gobernador, Humberto Moreira, también fue aprehendido en el extranjero. En Madrid, España, hasta donde le llegó no solamente la ayuda consular, sino el apoyo desde la PGR, como lo documentaron medios ibéricos. Finalmente salió libre y regresó a vivir a México, con todo y pensión y sin que la Ley lo toque.
Hay ocasiones como la presente, como la circunstancia legal de Tomás Yarrington, que los mexicanos vemos acabar un poco la impunidad, aunque sea con la justicia ajena. La que sí llega, la que alcanza a los corruptos y mafiosos, la que se procura en otro país y no en el nuestro.
