Una juez de garantías otorgó una prórroga de seis meses para ampliar el plazo de investigación –en un proceso que lleva más de tres años de iniciado- contra el ex dirigente de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y responsable de la caja magisterial Asoma y sus dos hijos acusados de administración fraudulenta por un desfalco que se calcula en más de 200 millones de pesos y que abarca a cerca de 200 afectados, la mayoría maestros jubilados.
Algunos de los afectados presentes en el juicio consideraron que esta prórroga –la tercera en este proceso judicial- solo busca diferir el procedimiento dado que presentaron en últimas fechas la solicitud para que se presenten cerca de 800 testigos -de los cinco municipios- lo que hasta el momento ha sido literalmente imposible de cumplir.
La audiencia de prórroga para ampliación de la investigación se efectuó la mañana del viernes 28 de abril y fue presidida por la Juez de Garantías Guillermina Cuevas Tapia en la causa penal 1226/2015 de la que se derivó el número único de caso 02/2014-47776 contra el ex dirigente y ex candidato a diputado federal por el PRI, José Peñuelas Hermosillo y dos de sus hijos, Edgar y José Manuel, los tres presentes en la audiencia en calidad de imputados.
La caja Asoma (Asociación Social Magisterial) fue la primera que localmente inicio con problemas financieros –desde mediados del 2013- y recientemente otra caja magisterial, Camac, entró en un proceso similar.
El abogado defensor, Fernando Rosales Figueroa refirió en su exposición la necesidad de que los imputados puedan presentar todas las pruebas que consideren necesarias –lo cual está en la legislación- para el esclarecimiento de los hechos. Además en su exposición denunció que una parte de los documentos de la investigación fueron extraviados en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La audiencia de prórroga para ampliación de la investigación. Foto: Sergio Haro
Rosales expuso que desde el 11 de agosto de 2016, solicitó la comparecencia de cerca de 400 testigos que considera claves, los cuales a la fecha no se han desahogado en su totalidad, por lo que considera se vulnera –en perjuicio de su defendido- lo estipulado en la Ley.
El abogado defensor refirió en la audiencia que el pasado 12 de abril se ofrecieron 150 testigos más, a quienes considera “contundentes y determinantes para que en una próxima audiencia y dentro de las facultades que tiene la defensa, pueden solicitar el sobreseimiento del caso”.
Por su parte, la Fiscal se opuso a la solicitud del abogado defensor al que señaló de aportar datos inexactos –los testigos solicitados a comparecer son 837- ordenándose el desahogo de los mismos y otorgados dos meses antes de que feneciera la primera ampliación de plazo. Dijo además que el abogado se aprovechó de la situación, de lo voluminoso del número de testigos, para solicitar una segunda ampliación de plazo, el cual terminó el pasado 22 de abril.
“De eso se puede inferir que el ofrecimiento de pruebas que el imputado realiza –ofertando ahora 150 testigos más- por eso la Fiscalía considera que las peticiones no son conducentes ya que se cuentan con datos suficientes para acusar y en nada favorece que se engrose el testimonio de 150 testigos para efecto de variar la acusación”, expuso la MP considerando que “es evidente que el imputado y la defensa pretenden de manera sistemática, como lo han hecho en otras ocasiones y de mala fe, dilatar el trámite del proceso penal y con eso evitar el esclarecimiento de los hechos”.
En la audiencia también participó el abogado –quien representa a 108 víctimas- Rosendo Cervantes, quien insistió en la necesidad de presentar pruebas pertinentes señalando que la información que trae la defensa no es precisa, ya que primero habla de 837 con la pretensión de incorporar otros 150 testigos, preguntándose si estos testigos son idóneos, necesarios y proporcionales a lo que se busca.
Afectados por el fraude presentes en la audiencia. Foto: Sergio Haro
Otro participante fue el abogado Ricardo Espinoza, quien representa a 25 de los fraudados y dijo apoyar la prórroga dado que ellos pretenden llegar a un acuerdo con los acusados.
En la singular audiencia, pidió hablar el maestro Juan Vidáurri, representante de los maestros jubilados de la sección 2 del SNTE, quien cuestionó la solicitud de ampliación considerando que es una treta más para alargar el proceso judicial.
Antes de concluir con las argumentaciones la Juez dio la palabra al principal imputado, José Peñuelas quien dijo de entrada que en esas audiencias se han vertido verdades y mentiras a medias, mencionando por ejemplo que se ha referido a un dictamen entregado por el abogado ISEP (Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos) siendo que se trata de un documento que el mismo elaboró.
“Ha actuado con irresponsabilidad ISEP, contra todos nosotros, a mí también me ha dañado y a mi familia”, sostuvo el ex líder magisterial quien advirtió
“Yo entiendo su molestia, yo también estoy molesto, yo también soy inversionista, a mí también me ha dañado. Aquí todos vamos a ser grandes perdedores si nos equivocamos”, expresó.
Al final la Juez de Garantías decidió otorgar la prórroga de seis meses -para presentar más testigos- petición planteada por la defensa.
