“En este momento no puedo allanarme, hasta que llegue mi solicitud formal de extradición [por parte del gobierno mexicano] Lo cual no significa que no lo voy a hacer […] y una vez siendo evaluada por la defensoría a cargo de este caso, pueda determinar que me pueda allanar, lo cual en este momento me reservo este derecho”, dijo el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa a los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala.
Por lo que su proceso podría prolongarse de 3 meses a un año y el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene hasta 60 días hábiles para hacer llegar la solicitud de extradición al Gobierno guatemalteco, para juzgarlo en México por los delitos de delincuencia organizada y actividades con recursos de procedencia ilícita.
Por otra parte, el abogado mexicano Pablo Campuzano de la Mora, pidió estar presente como asesor en la defensa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, “sin tener intervención en el proceso de extradición”, por supuestamente “tener mayor conocimiento sobre el caso, además de que apenas la mañana de este miércoles se les entregó copia de los expedientes judiciales”, aseguró el litigante guatemalteco, Óscar Giovanni Bazán Rodas, quien junto a Amarilis Molina, son sus defensores de oficio en aquel país.
El juez César Adán García Cuc, quien estuvo acompañado de las juzgadoras Bélgica Anabel Aldera Roman y Sonia Ninel Villatoro López, señaló que bajo leyes de Guatemala, Duarte no puede quedar libre hasta que se resuelva su caso. El ex gobernador llegó en silencio y sonriente al Tribunal, fuertemente custodiado, portando un chaleco antibalas y rodeado de guardias penitenciarios.
Al otorgar sus datos personales ante el juez, como su fecha de nacimiento, el nombre de su esposa y de sus padres, el ex gobernador negó tener domicilio en Guatemala. En una sala repleta de medios de comunicación, nacionales e internacionales, el exgobernador escuchó los cargos que se le imputan.
