Deficiente y con serias irregularidades, así calificó Carlos Mejía López la integración del expediente con el que Sindicatura Procuradora, a cargo de Ana Marcela Guzmán, inició el procedimiento para fincarle responsabilidad administrativa por el acta de Cabildo que no firmó ni certificó quien fuera secretario de Gobierno Municipal en el XXI Ayuntamiento de Tijuana.
Entrevistado después de comparecer este martes 11 de abril en las oficinas de la fiscalía municipal, declaración que rindió durante 3 horas y media, Mejía López anotó que el inicio de este procedimiento administrativo tiene dolo y un claro intento de desprestigiarlo.
Explicó que al ser la última sesión la efectuada el 29 de noviembre de 2016, ya que la posterior a la que convocó el Cabildo del XXI Ayuntamiento fue la sesión solemne para cambio de gobierno, “en la que no se podía incluir otro tema que el cambio de poderes”, la firma del documento debió de ser aprobada en la sesión siguiente, lo que ya correspondía al nuevo gobierno hacerlo, pero que no efectuó.
Además de que no se sometió a aprobación el acta anterior, y por ende no fue publicada, el gobierno de Juan Manuel Gastélum ignoró documentos aportados en el proceso de entrega-recepción, en el que Carlos Arturo Huacuja Betancourt, director de Asuntos de Cabildo, entregó a Corina Paez, quien lo sucedió en el Cargo, en donde se observa lo siguiente:
“Por medio de la presente le informó los documentos de suma importancia que están pendientes por atender por esta dirección… Acta 45 Sesión Solemne perteneciente al Tercer Informe de Gobierno, Acta 46 Sesión Extraordinaria de Cabildo y acta 01 perteneciente a la Sesión Solemne de instalación…”
El documento firmado de recibido por la actual administración municipal el 1 de diciembre de 2016, fue presentado como prueba por Carlos Mejía.
