La sustracción de pertenencias por hasta 300 mil pesos en el área de resguardo, por parte de custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana, se documentó en un reporte efectuado en 2013, sin que las autoridades actuaran al respecto, acusó Jorge N, empleado administrativo del Cereso entre 2011 y 2016, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
El ex agente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quien dice haber sido despedido al negarse a ser partícipe de esa práctica, dijo haberla detectado desde que ingresó al área de resguardo del centro penitenciario, en julio de 2011; entonces Adán Jesús Hernández Gordon fungía como comandante general del lugar y René González Basurto, se desempeñaba como responsable del área de pertenencias. “…ambos sustraían pertenencias de valor que eran aseguradas a los internos”, señaló a ZETA Jorge N.
Se trataba principalmente de dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares y otros artículos de valor en general. Cuando los imputados eran recluidos en el Cereso, les hacían despojarse de sus prendas y vestir el uniforme oficial, y dejar sus pertenencias en un sobre con una etiqueta en la que se imprimía un inventario y los datos generales del recluso, continuó.
Eran puestas en casilleros, pero si en los 7 meses siguientes no eran reclamadas, eran puestos en un cuarto de forma permanente, dijo.
Según su testimonio, fue asignado encargado de esa área en 2013, en sustitución de González Basurto, entonces armó un reporte de irregularidades, encontrando entre 500 y 700 sobres incompletos, algunos databan de 1999, por lo que desde su punto de vista se trataba de una práctica generalizada en el penal durante por lo menos 14 años.
Una vez que se percató de forma integral de la situación, reportó el hecho a sus superiores, que hicieron caso omiso.
Posteriormente Hernández Gordon fue removido de la Comandancia General, pero en noviembre de 2015 fue devuelto al cargo; Jorge N sostuvo que le pidió colaborar con la actividad irregular a lo que, subrayó, se negó. A partir de entonces dice haber sido hostigado por Hernández, por lo que decidió renunciar en febrero de 2016.
Sobre este caso, ZETA requirió una respuesta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, limitándose la dependencia a responder a través del área de Comunicación Social, enfatizando que las pertenencias se resguardan con un “estricto protocolo” de seguridad, y que “por cuestiones de seguridad interna” no se puede revelar información.
Además, apuntó que el área de Asuntos Internos de la dependencia no cuentan con ningún expediente abierto por ese tema, ni ningún antecedentes de alguna situación parecida.
