Sin considerar anexos de la carpeta de entrega-recepción ni oficios en los que funcionarios del gobierno de Juan Manuel Gastélum firmaron de enterado y en los que se da cuenta de los pendientes por solventar en la Secretaría de Gobierno Municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, la síndico procuradora, Marcela Guzmán, dio inicio a un procedimiento administrativo contra Carlos Mejía López.
“No revisó el acta correspondiente donde el punto fue solventado”, subrayó el ex secretario de Gobierno.
Mejía declaró que tampoco fue requerido en el término de 45 días tal como lo estipula el artículo 18 de la Ley de Entrega-Recepción de los Asuntos Públicos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California.
Más aún, cuando de la propia Sindicatura Procuradora se filtró información de que se preparaba un procedimiento en contra del ex secretario de Gobierno Municipal y éste se apersonó voluntariamente en Sindicatura a principios de febrero de 2017 para ponerse a disposición de la fiscal del gobierno local “para cualquier aclaración de que hubiera lugar”, se le ignoró.
Guzmán reunió a sus colaboradores para llamarles la atención por “filtrar información reservada y en investigación por Sindicatura”, reveló a ZETA un empleado de la dependencia.
Al trascender el hecho fue cuestionada la Síndico Procuradora, quien solo admitió que había un procedimiento en el que se involucraba al ex secretario de Gobierno, pero que “por la secrecía de la investigación” no podía proporcionar mayor información”.
Pero el 31 de marzo emitió un boletín dando “a conocer el inicio de un procedimiento administrativo contra el ex funcionario, Carlos Mejía López, ya que se detectó que incurrió en incumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores de los Servidores públicos del Estado de Baja California”.
En el comunicado la funcionaria pondera que “hubo falta de comparecencia para aclaración del acta de entrega, conforme a la Ley”.
Carlos Mejía acudió el martes 11 de abril a comparecer ante la Sindicatura Procuradora, audiencia que se extendió por más de 3 horas al “caerse” el sistema de la dependencia.
Al concluir su declaración calificó de deficiente y con serias irregularidades la integración del expediente por el que se le inició el procedimiento, “se demuestra que es solo con el fin de desprestigiarme”, expuso a ZETA.
Explicó que la falta de firma y publicación del acta de la sesión efectuada el 29 de noviembre de 2016, motivo de la controversia, se debe a que no se puede firmar un acta no aprobada, y el aval se da por el Cabildo en una sesión posterior para poder ser publicada.
Pero la sesión siguiente a esa acta fue el acto solemne para cambio de gobierno, “en la que no se podía incluir otro tema que el cambio de poderes”, dijo; la firma del documento debió de ser aprobada en la sesión siguiente, lo que ya correspondía al nuevo gobierno hacerlo, pero que no se efectuó.
Además, abundó, el gobierno de Juan Manuel Gastélum ignoró documentos aportados en el proceso de entrega-recepción, en el que Carlos Arturo Huacuja Betancourt, director de Asuntos de Cabildo, entregó a Corina Páez, quien lo sucedió en el Cargo, en donde se observa lo siguiente:
“Por medio de la presente le informó los documentos de suma importancia que están pendientes por atender por esta dirección…Acta 45 Sesión Solemne perteneciente al Tercer Informe de Gobierno, Acta 46 Sesión Extraordinaria de Cabildo y acta 01 perteneciente a la Sesión Solemne de instalación”.
Sobre esta controversia, Raúl Felipe Luévano, actual secretario de Gobierno Municipal anotó, “es un proceso administrativo de Sindicatura, meramente jurídico y no de carácter político”.
