El General Enrique Martínez es el Comandante de la II Zona Militar. En esa calidad es el responsable de las directrices, estrategias, incluso de las instalaciones, bases y guarniciones militares en los cinco municipios de Baja California. Echado para adelante, el General Martínez ha estado al frente de instalaciones de la milicia en entidades federativas como Tamaulipas, donde la inseguridad producto del narcotráfico y el crimen organizado es el principal problema de la sociedad. Así como sucede ahora, y aconteció en el pasado inmediato, en Baja California.
Llegó a este Estado para coadyuvar en el combate a la seguridad publica ahora que los militares solo pueden hacer eso y no actuar directamente en la persecución de criminales y narcotraficantes, pero llegó tarde para conocer de la designación de secretarios o directores de Seguridad en los cinco municipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito, con los que ha de trabajar.
Y no se trata que el Ejército deba ser responsable o tenga lugar en la opinión y designación de los mandos superiores de seguridad en los ayuntamientos y las policías locales, pero considerando que es parte, con otras autoridades, del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, y del Grupo de Coordinación Operativo del Estado, donde unos a otros se supervisan, sí es necesaria la evaluación de una corporaciones sobre otras; por ejemplo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, instancia que realiza los exámenes de Control, Evaluación y Confianza, los mismos que el General también puede solicitar a instancias del Gobierno Federal, como parte del Grupo Coordinación.
Vaya, le pongo un ejemplo. Cuando José Guadalupe Osuna Millán era gobernador de Baja California, y confirió la coordinación de la seguridad a los Generales de la II Zona Militar y de la II Región Militar con sede en este Estado, para mejor entendimiento y coordinación entre todos, los nombramientos de los mandos municipales se consensuaban en el grupo, se investigaban, avalaban, y con ellos trabajaban.
Pero el General Martínez arribó después de los nombramientos que hicieron los alcaldes y ni modo, con ellos y en esas condiciones ha desarrollado su participación; sin embargo, el General ha dado pasos y emprendido acciones para coordinarse mejor. Por ejemplo, se ha reunido con los presidentes municipales y sus colaboradores. Así lo hizo hace unos días con Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el alcalde de Tijuana, y todos los regidores de la ciudad, menos una que dijo estar de viaje.
La idea, ha dicho el General sobre estas reuniones, es platicar con las autoridades civiles y decirles cómo pueden coadyuvar las autoridades militares, en cuáles operativos, de qué forma, y cuál es el alcance. No deben ser reuniones fáciles o cómodas, particularmente porque en algunos casos, se habla con el enemigo. Autoridades, sean policíacas o funcionarios de gobierno que, corrompidos, sirven a criminales, a narcotraficantes, o delinquen por cuenta propia.
En ese contexto, imagínese cómo serán las reuniones entre el General con los agentes federales, o entre los estatales con los ministeriales o todos estos con los municipales, aquello puede ser un ambiente de desconfianza y tensión. Algo así sucedió en la reunión del General con el alcalde de Tijuana y los regidores, especialmente después que fue evidenciado cómo un funcionario del Ayuntamiento, que trabajaba en Sindicatura y además recomendado del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y amigo personal del alcalde Gastélum, había sido exhibido como un corrupto, luego que a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias se revela un audio donde el panista (antes Vega de Lamadrid lo había recomendado para laborar en el Poder Judicial, cosa que le aceptaron, pero él renunció al tomar posesión Gastélum) Jorge Agraz Fitch intenta pedir mordida a un empresario.
El General Martínez estaba enterado del tema, regidores y alcalde también, pero no se abordaba el asunto. Hasta que dicen, el Comandante de la II Zona Militar le entró a tratar la corrupción, y el ambiente hostil en el que, como a muchos, les toca trabajar cuando se trata de funcionarios o policías corruptos.
Afirman que directo se los dijo: que el personal militar estaba ahí para apoyarlos, para coadyuvar, pero que efectivamente habían observado conductas delictivas, ilícitas, irregulares, por parte de algunos colaboradores del Ayuntamiento. También, que en ocasiones cuando los requieren, son para hacer labores de limpieza, en actos partidistas e incluso para favorecer a determinados grupos de la sociedad civil, entonces pidió seriedad y responsabilidad. Ejemplificó las conductas irregulares que han detectado:
En ocasiones cuando los llaman para apoyar a alguna autoridad policiaca, sea del Estado, municipal o federal, se han dado casos que mientras elementos del Ejército vigilan, los policías aprovechan para extorsionar o pedir moches. También que el caso evidenciado respecto al panista favorecido por Vega y Gastélum, intentando obtener dinero de un empresario de manera ilícita, no es el único, aunque sí el reflejo de lo que sucede en el entorno gubernamental.
El alcalde de Tijuana y sus regidores no podrán negar que hubo un acto de intimidación por parte de uno de sus funcionarios, y a pesar que Gastélum intentó hacerse el gracioso sobre el tema frente a los reporteros y la síndico Marcela Guzmán no reaccionó a tiempo separando del cargo al funcionario evidenciado, y permitió que fuese éste el que renunciara y no una investigación la que lo determinara, fue a partir de las declaraciones del General que reaccionan como autoridad, inician una investigación y dejan de reírse.
Efectivamente el caso de Agraz es uno entre muchos de los que no están siendo atendidos debidamente por la síndico, a la que le urgen tablas, y que han sido minimizados por el presidente municipal y los suyos. Se esperaba más hasta del secretario del Ayuntamiento, no el regreso de la corrupción azul y la impunidad política.
Ahora sí que el General no la tiene fácil. Como no la tenemos los bajacalifornianos, todos estamos siendo testigos de dos gobiernos: el estatal en Baja California, y el municipal en Tijuana, de pocas acciones, muchas omisiones, un dejo de cinismo y cero investigaciones sobre los suyos, lo cual abona al terreno de la transa, que tanto malestar social ocasiona.
