Un estudio del proyecto Justice in Mexico en la Universidad de San Diego analiza cómo las pugnas entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por controlar las zonas y rutas del narcotráfico incrementaron en un 20 por ciento los homicidios en 2016. Aunado a las pobres condiciones socioeconómicas en México y a la creciente epidemia de heroína en Estados Unidos, investigadores urgen replantear el combate a las drogas como un problema de salud pública
La disputa por los territorios controlados por Joaquín “El Chapo” Guzmán que ha emprendido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en alianza tanto con organizaciones rivales al Cártel de Sinaloa en diferentes regiones de México, es una de las causas de que los homicidios dolosos hayan aumentado en los últimos dos años.
David Shirk, director del programa Justice in Mexico, habló con ZETA sobre éste y otros hallazgos del octavo reporte anual “Violencia del narcotráfico en México”, luego de su presentación en la Universidad de San Diego.
Justice in Mexico inició en 2001 como una iniciativa de investigación para estudiar el sistema de justicia en México. Desde entonces ha evolucionado hasta estudiar las políticas públicas que podrían reducir los niveles de crímenes y violencia.
El análisis realizado por Shirk junto con dos investigadores del programa, Octavio Rodríguez Ferreria y Kimberly Heinle, retoma bases de datos correspondientes a 2016 para explicar el aumento en incidencias delictivas y particularmente, de homicidios dolosos.
“Observamos un incremento sustantivo de casi el 20 por ciento en homicidios en todo el país, en áreas ligadas al narcotráfico, por ejemplo, en Tijuana y en la Costa del Pacífico”, detalló el también profesor de la Universidad de San Diego.
Para el investigador, la segunda detención de “El Chapo”, en enero de 2016, disparó los índices de violencia, ya que las plazas que éste controlaba para el narcotráfico, comenzaron a disputarse.
“Hay reportes que indican que miembros de su propia organización y de otras como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) están empezando a intentar apoderarse de esos espacios y rutas para el narcotráfico”.
De ahí el énfasis que da el estudio en la fallida estrategia que ha emprendido el gobierno de México para debilitar a los cárteles: decapitarlos con la detención de sus principales líderes, como ocurrió con “El Chapo”, Osiel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix.
“El resultado es un conflicto muy grave entre diferentes organizaciones que intentan tomar su lugar”, expresa Shirk desde el Kroc Institute for Peace and Justice en la Universidad de San Diego.
Sobre el pronóstico de este padrón detectado a través de bases de datos, entrevistas con funcionarios, monitoreo de notas periodísticas e intercambio de información con otras organizaciones, el director de Justice in Mexico revela: “creemos que va a continuar la ola de violencia hasta que los grupos delictivos establezcan un equilibrio, ya sea por monopolio o pacto”.
Incluso, el especialista en seguridad pública en México, no descarta que el CJNG pueda convertirse en un aliado del Cártel de Sinaloa, lo cual “implicaría, como lo vimos entre 2013 y 2014, una reducción significativa de la violencia”.
CJNG: los nuevos “Chapos”
En 2010, después de los arrestos de Benjamín Arellano Félix, Osiel Cárdenas, Vicente Carrillo Fuentes y la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, el Cártel de Sinaloa se consolidó como la organización delictiva que obtuvo mayor control de las operaciones de narcotráfico tanto en México como en Estados Unidos.
Esto, explica el estudio, provocó que la violencia descendiera gradualmente en el periodo conocido como Pax Sinaloa o “paz de Sinaloa”. Así se explicó cómo Tijuana y Ciudad Juárez llegaron a niveles bajos de homicidios dolosos entre 2011 y 2014.
Nemesio Oseguera Martinez, “El Mencho”
Esta etapa no solo implicó una posición fortalecida para la organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, también sus pactos implícitos o explícitos con funcionarios para continuar con el control de las plazas.
Sin embargo, la primera recaptura de “El Chapo” Guzmán, en febrero de 2014, cambió el padrón observado con repuntes de homicidios en algunas de sus zonas de control, entre ellas, Tijuana.
Para el doctor David Shirk, la segunda detención del líder del Cártel de Sinaloa, ocurrida en enero de 2016, luego de su fuga del penal del Altiplano en julio de 2015, así como su traslado al penal de Ciudad Juárez, en mayo de 2016, debilitaron más la figura del capo. Esto provocó enfrentamientos más fuertes en los territorios de la Costa del Pacífico, donde prevalecía su dominio.
Ello porque después de su arresto, integrantes del Cártel de Sinaloa pudieron aliarse con el Cártel Beltrán Leyva y el CJNG.
Si bien, el CJNG tiene sus bases en Jalisco, cuenta con presencia en Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Ciudad de México.
La organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, detalla el estudio, continuará afianzándose en el futuro. Sus alianzas, por ejemplo, con los remanentes del Cártel Arellano Félix (CAF) en Tijuana y del Cártel de Juárez en Chihuahua, han demostrado su capacidad de fuerza y de financiamiento, que les da la posibilidad de posicionarse como los nuevos “Chapos”, opina el experto.
El gobierno no controla la violencia
El informe no solo toma en cuenta las dinámicas del mercado negro y las estrategias, acciones y reacciones de los cárteles durante su expansión o defensa de territorios, como detonantes de la violencia en México.
En uno de sus apartados, los investigadores analizan factores socioeconómicos que coincidieron en 2016, el segundo año en que se repuntó el número de homicidios dolosos en el país.
Entre éstos, figura la devaluación del peso, el estancamiento del crecimiento de la economía, las pocas oportunidades de empleo y educación, la incertidumbre e inestabilidad financiera y los pésimos niveles de aprobación del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
En 2016, el reporte indica que los cinco estados con el mayor número de homicidios dolosos son Guerrero, con 2 mil 213; Estado de México, 2 mil 53; Michoacán, mil 287; Veracruz, mil 258; y Colima, con mil 232. Le siguieron Baja California con mil 179; Sinaloa, con mil 161; y Jalisco, con mil 152.
Destaca cómo ese año, con 871 homicidios dolosos, Tijuana tuvo su tercer número más alto en los últimos diez años, con 871. Mientras que del 1 de enero al 20 de abril de 2017, se registraron 417 ejecuciones, la cifra más alta en los últimos diez años en este periodo.
En conclusión, el informe destaca “el esfuerzo por mejorar la seguridad pública de México no es certero ni sencillo, ya que incluso la reducción en la violencia vista en años anteriores (2012-2014) no puede ser atribuida directamente al cumplimiento de la Ley”.
Como parte de las recomendaciones en políticas públicas para aminorar la violencia, el programa plantea no solo la capacitación y profesionalización de las corporaciones policiacas, sino trabajar en la rendición de cuentas como base del sistema de justicia.
La epidemia de la heroína y el debate de la legalización
Según el estudio, 591 mil personas mayores de 12 años reconocieron haber consumido heroína en Estados Unidos durante 2015, esto disparó a 12 mil 990 las muertes de sobredosis por esta droga.
El dramático incremento, explican los investigadores, se relaciona con dos motivos. Por una parte, que más médicos recetan opiáceos para reducir el dolor en pacientes, y por otra, la producción de heroína de cárteles en México.
Ya que estos cárteles no tienen la capacidad en sus cadenas de producción tan amplias como las de sus antecesores que llegaban hasta Sudamérica, “para una organización nueva, como el CJNG, es mucho más fácil entrar al mercado de heroína que se puede producir totalmente en México”, destaca Shirk.
David Shirk
La solución, refiere, tampoco está en combatir los cárteles desde el gobierno, ya que con grandes cantidades de dinero en manos de delincuentes como “El Mayo” y “El Mencho”, resulta imposible evitar que gobiernos trabajen coludidos con el narco para brindarles protección.
Por lo tanto, el investigador asegura: “La clave es reducir la cantidad de dinero que estas organizaciones pueden generar, y la mejor manera de hacerlo es dejar de consumir drogas en Estados Unidos o legalizarlas”.
Desde la entregada de vigor de la Iniciativa Mérida en 2008, Estados Unidos ha otorgado 2.6 billones de dólares en apoyo a instituciones de seguridad pública en México para el combate a las drogas. No obstante, el especialista opina: “Tenemos que tener una conversación entre México, Estados Unidos y otros países que sufren de esta interminable guerra contra las drogas para identificar una estrategia que convierta lo que se ha tratado un problema de seguridad pública, en un problema de salud pública”.
Siete de las 59 entidades que conforman la Unión Americana ya han legalizado el consumo de la marihuana, pero Shirk indica que esta droga solo conforma el 20 por ciento de las drogas que se trafican desde México.
Para el investigador, la solución debe abarcar otros factores como las condiciones que llevan al consumo de esta droga, sobre todo en el Norte y Centro del país, para atenderlo con políticos de salud públicos.
“Tenemos que pensar en soluciones más amplias que mandar a policías a detener gente que vende drogas. Es una solución demasiado simplificada y hemos visto, en los últimos 50 años, que no ha funcionado y cómo México paga el precio del consumo de estas drogas en Estados Unidos. Simplemente no es justo”, finaliza.
