Marina del Pilar Olmedo, Juan Manuel Hernández Niebla, Jesús Alberto Sandoval Franco y Jonathan Díaz se registraron como aspirantes a integrar el Consejo de Seguridad de Baja California; con tres vacantes reúnen los requisitos de acuerdo a la convocatoria, solo uno quedará fuera. El gobernador Francisco Vega tiene hasta el 21 de abril para designar
La tarde del jueves 6 de abril venció el plazo para el registro de aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, el cual cerró con la inscripción de una mujer y tres hombres.
Marina del Pilar Olmedo es licenciada en Derecho y tiene una larga trayectoria académica -sobre todo en la UABC-, con Doctorado en Educación y en Derecho Constitucional; ha sido integrante del Consejo Estatal Electoral y participado en el Consejo Ciudadano de Seguridad Publica. Actualmente es parte del Cuerpo Académico de Seguridad por la Máxima Casa de Estudios. Ella es la propuesta por el sector educativo.
Juan Manuel Hernández Niebla, abogado tijuanense egresado de CETYS con maestría en la Universidad de San Diego, ha participado en el sector empresarial desde hace 20 años, fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana y encabezó la Comisión de Desarrollo Democrático de la COPARMEX nacional. Ha impulsado campañas preventivas en temas de seguridad, de educación y de fomento a valores en los jóvenes. Fue propuesto por el sector empresarial.
Jesús Alberto Sandoval Franco es abogado y fue el primer secretario de Seguridad Pública de Baja California -le correspondió la creación de esa instancia en 1995- y ha sido subprocurador de Justicia en Tijuana, además de fundador de los grupos Beta de protección a migrantes. En fechas más recientes creó la Alianza Civil. Es una de las dos propuestas del sector social.
Jonathan Díaz es el actual presidente de este Consejo Ciudadano. Empresario relacionado con la industria de la exportación en Mexicali, es integrante desde agosto de 2012 -cuando el reglamento marcaba la elección por tres años con posibilidad de un segundo periodo-, él ha aclarado que tomó protesta como presidente hasta febrero de 2013.
La insaculación
De acuerdo al procedimiento marcado por el reglamento vigente, a partir del cierre en la recepción de solicitudes -jueves 6 de abril- se abrirá un periodo de 15 días naturales para que se realice la sesión donde por Ley, el titular del Poder Ejecutivo estatal “elegirá por insaculación” a los tres consejeros ciudadanos, plazo que vencería el viernes 21 de abril.
La convocatoria publicada el 17 de marzo indica que la insaculación “… se hará de tal forma que los electos no sean de un mismo género, de igual organización de la sociedad civil, asociación empresarial o instituciones de educación superior”. Además de eso, el resto quedará sin restricciones al libre arbitrio del gobernador Francisco Vega.
Los que salen y los que llegan
Quienes concluyen su tiempo de encargo son Pablo Jesús González Reyes, representante del sector educativo que en teoría y de acuerdo a los requisitos de la convocatoria, deberá ser suplido por la doctora Olmedo, única candidata del lado de los educadores.
También sale Jonathan Díaz como representante del sector empresarial, y Hernández Niebla quedaría como único postulante de los empresarios.
Finalmente, como representante del sector social se termina el tiempo del ingeniero Genaro de la Torre Quintanar, sin embargo permanece, porque no ha concluido como consejero municipal, y a la fecha llevaba dos representaciones;: su espacio lo disputarían Díaz y Sandoval Franco.
Instalación del Consejo y elección de presidente
El Reglamento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública estipula que el Consejo deberá instalarse en diez días naturales después de la elección de los consejeros ciudadanos -21 de abril-, plazo que se vencerá el 1 de mayo y, en ese mismo precepto, en la sesión de instalación se deberá designar al consejero presidente con el voto de la mayoría de éstos.
Apenas en noviembre de 2016 fue modificado el Reglamento del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, debido a que “resultaba oportuno y necesario reajustar la organización y funcionamiento (…) con el fin de otorgar mayor viabilidad, profesionalización y estabilidad al mismo”, reforma en la que además se incluyó que los consejeros sean electos por un periodo de cuatro años. El presidente por dos años y rotativo, con la salvedad de que puede ser reelecto por única ocasión y para un periodo inmediato posterior de dos años.
En Baja California, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública tiene quince espacios, ocho son de consejeros ciudadanos -los cinco consejeros municipales y tres que escoge el Estado-, más siete consejeros gubernamentales que son el secretario de Seguridad Pública del Estado y el procurador general de Justicia del Estado, más los cinco titulares de Seguridad Pública en cada municipio.
En materia de seguridad pública, el Consejo Ciudadano es una instancia colegiada de consulta y participación con posibilidad de:
Emitir opinión o proponer iniciativas de Ley o decreto; conocer y acordar lo conducente respecto de los informes que deberán rendir el procurador general de Justicia del Estado y el secretario jurídico y de Prevención Social; elaborar proyectos y estudios; emitir opiniones, sugerencias y evaluaciones al programa estatal.
Asimismo, evaluar periódicamente la ejecución del mismo; denunciar ante las autoridades las zonas de alta incidencia delictiva; proponer mecanismos de coordinación y desconcentración de funciones; y turnar ante el Consejo de Honor y Justicia correspondiente, aquellos casos que a su juicio constituyan faltas graves”, entre otras facultades.
