Con motivo de las lluvias de principios del 2017, el colector del tratamiento de aguas negras de Tijuana a cargo de la CESPT, colapsó, lo que provocó que millones de metros cúbicos de aguas revueltas con desechos orgánicos, producto de bajarle la palanca millones de veces al excusado o retrete, invadieron las aguas del arroyo El Alamar de Tijuana y éste a su vez las condujo al lecho del Río Tijuana, el cual después de su recorrido por la vía rápida de la ciudad, se adentró en Estados Unidos, atravesando la fronteriza ciudad de San Ysidro, California y desembocando finalmente en las costas del Océano Pacífico.
El daño ecológico es tremendo, una vista aérea muestra la mancha de agua fecalizada en muchos kilómetros cuadrados de las aguas costeras lo que mantiene cerradas las playas hasta Imperial Beach en el Océano Pacífico, con los consecuentes daños, alarma y enojo de los vecinos fronterizos.
Se habla de que interpondrán una demanda millonaria por los daños causados y una protesta por esta situación, pero lo importante aquí, es que no se siguió el protocolo para cuando pasan este tipo de problemas, y es que debieron avisar a las autoridades del estado y condados de California para que tomaran precauciones, cosa que no se hizo.
La demanda millonaria va a proceder y su costo se verá reflejado en los recibos de los tijuanenses y bajacalifornianos, lo cual es injusto por la ineptitud del gerente de la CESPT tijuanense por no avisar, tomando desprevenidos a los bañistas, pescadores y vecinos de casas junto a las costas, con la consecuente alarma y molestia.
Si el servicio del agua la administrara el municipio de Tijuana, como lo mandata el violado Art. 115 Constitucional, seguramente les habrían avisado a las autoridades de California, y no tendrían el problema causado por pretender ocultarlo.
Pero la CESPT la administra el Gobierno del Estado, incluso en el Consejo de Administración de las CESPE aparece o aparecía el nombre del Gobernador en calidad de aviador, ya que recibe o recibía un pago por este motivo. Al menos así era en administraciones anteriores, ignoro si aún se da esa anómala situación.
Lo que sí no tiene lugar a dudas, es que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali, alberga en sus nóminas a personas emparentadas con gobernantes panistas y miembros de las directivas del PAN en Baja California, que se hinchan de dinero. Mientras los munícipes se conforman con que les jueguen el dedo en la boca y endulcen el oído cuando les dicen que son muuuy amigos del gobernador.
Profr. Fernando Santillán
Presidente de Acciones Ciudadanas A.C.
Correo: gafersanroque@hotmail.com
