La cortina de acero que sustituyó la puerta de cristal de Palacio Municipal de Tijuana fue levantada la mañana del miércoles 8 de marzo.
Sin haber atendido el cien por ciento de las demandas de los manifestantes, desde la semana pasada el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, se reunió por separado con los manifestantes que causaron el cierre del recinto oficial, llegando a acuerdos solo con unos. Tras la apertura de la cortina de acero, Gastélum repitió lo que ya había advertido en la última sesión de Cabildo celebrada el martes 28 de febrero, que Palacio municipal sería liberado de la toma que desde el domingo 22 de enero, día en que se suscitó un conato de violencia entre protestantes y elementos policiacos, causando la destrucción de a puerta.
Desde entonces, elementos de Seguridad Pública Municipal se ocuparon de resguardar el recinto, permitiendo el acceso al público solo por la puerta que da hacia la Avenida Independencia, previos filtros en los que los ciudadanos eran esculcados.
El costo de la puerta automatizada también fue causa de polémica, ya que su adjudicación directa se otorgó con poca claridad. El propio alcalde abonó a la confusión al informar que se pagarían más de 600 mil pesos por ella; posteriormente rectificaría que el precio a pagar sería 260 mil pesos.
María de Los Ángeles Olague, oficial mayor del XXII Ayuntamiento, informó que se recibieron 3 cotizaciones y se optó por la mejor opción, siendo la propuesta de Cortinas del Pacífico la que reunió los requerimientos. Cortinas enrollables y Cortinas de acero del Pacífico fueron las 2 opciones que se descartaron.
“Sí nos ofrecieron precios más bajos al que se pagó, pero la puerta no estaba automatizada”, subrayó.
El viernes 3 de marzo los representantes del grupo de inconformes que se agruparon en un colectivo denominado Asamblea Ciudadana Deliberativa, se reunieron con el Secretario de Gobierno Raúl Felipe Luévano, con quien acordaron llevar a cabo mesas de trabajo periódicas para analizar los diversos problemas que enfrenta el municipio.
Y aunque, sostiene Juan Ramírez, uno de los integrantes del grupo ciudadano, que el funcionario los conminó a fungir como Consejo Consultivo Ciudadano de la Secretaría de Gobierno, no aceptaron, “nosotros trabajamos para el pueblo, no para él, por lo que mantendremos el plantón, aunque sí permitiremos el acceso”, subrayó.
