El juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, admitió este martes una solicitud de los ex fiscales Robert L. Capers y Arthur Wyatt para que los extranjeros que se unan al equipo de defensa del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, sean sometidos a un análisis por parte de las autoridades estadounidenses con el objetivo de evitar que sean miembros del Cártel de Sinaloa y tengan acceso a pruebas confidenciales.
Capers, quien se encontraba a cargo del juicio contra el capo desde el pasado 20 de enero, fue relevado de su cargo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El propio ex fiscal informó de su remoción después de 17 meses, a través de un breve comunicado, y señaló que su despido tendría efecto a partir del 10 de marzo.
Sin embargo, el juez federal Cogan admitió la solicitud del ex fiscal y estableció que el riesgo de que un miembro del Cártel de Sinaloa se infiltre y tenga acceso a pruebas confidenciales es “significativo”, debido al historial del narcotraficante mexicano -extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero- de contratar a especialistas para expandir su negocio de tráfico de drogas.
“Por lo tanto este requisito de aprobación previa es necesario”, indicó el magistrado en su dictamen de siete páginas, que fue difundido públicamente. Sin embargo, el juez ordenó que el funcionario que analice el historial y credenciales de abogados, investigadores o traductores que pretendan unirse al equipo de defensa de “El Chapo”, no sea algún fiscal del caso.
Cogan señaló que podría tratarse de otro fiscal, como alguno del distrito sur de California o el distrito oeste de Texas, ya que allí también hay acusaciones pendientes contra el capo sinaloense.
Si el gobierno prefiere que la persona designada se encuentre en la corte federal de Brooklyn, alguno de los fiscales del caso podría dejar de desarrollar esa función y pasar a ser el especialista que realice los análisis, estipuló Cogan, quien dio un plazo de 14 días al gobierno estadunidense para dar el nombre y dirección de esta persona.
Según la agencia AP, los abogados estadounidenses de oficio de Guzmán Loera, Michael K. Schneider, Michelle A. Gelernt y Edward S. Zas, criticaron la propuesta y la consideraron una “prohibición” a la entrada de extranjeros a su equipo.
Los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt propusieron hace un par de semanas realizar el análisis de los extranjeros porque “si un abogado o investigador extranjero que también fuera un miembro del cártel de Sinaloa se uniera al equipo defensor, éste podría viajar a Estados Unidos, revisar las pruebas que están protegidas y viajar después fuera de Estados Unidos con esos conocimientos”.
Agregaron que “por ejemplo, si un miembro del grupo criminal viajara a Estados Unidos y conociera la identidad de un testigo colaborador mexicano podría después viajar a México con esa información y dar el nombre del testigo a otros miembros del Cártel de Sinaloa que podrían secuestrar o matar a la familia de ese testigo”.
Capers también había solicitado al juez Brian M. Cogan -quien decidirá cuántos años pasará Guzmán en prisión— que obligue al narcotraficante a renunciar a los abogados estadounidenses que lo representan en Nueva York, esto debido a que en el año 2001 el capo sinaloense fue fichado por el Departamento del Tesoro de EU por actividades relacionadas con narcotráfico, lo que le impide hacer negocios con cualquier empresa de aquel país.
Sin embargo, la Fiscalía de Nueva York piensa que “es injusto que sean los ciudadanos de Estados Unidos quienes están costeando la defensa de ‘El Chapo’”. “Guzmán es un hombre multimillonario con una red de lavado de dinero en todo el mundo, incluso catalogado por la revista Forbes como el narcotraficante más rico del mundo”, alegó el ahora ex fiscal.
Capers recordó que Guzmán Loera “tiene tanto dinero”, que envió a un abogado privado a EU a presentar denuncias por posibles violaciones a sus derechos humanos ante organismos internacionales.
