Mientras las fracciones del PRI y del PAN empujan dos iniciativas para la Ley de Seguridad Interior, la primera en la Cámara de Diputados y la segunda en el Senado, organismos civiles advierten los riesgos, presentes en ambas propuestas, del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Si bien desde el sexenio de Felipe Calderón, el Ejército salió a las calles, esta ley ampliaría el marco legal para que sus elementos tengan facultades de detención, investigación, cateo e interrogar, así como irrumpir protestas, aunque sean pacíficas.
El rechazo ha sido expresado por la Organización del Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos civiles.
“Va a incrementar la violencia porque va a incrementar la intervención militar, va a desincentivar las reformas policiales locales en los estados y va a dejar al margen la inversión en materia preventiva”, advierte Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia.
Esta asociación civil realizó un estudio a partir de una base de datos en Aguascalientes durante el sexenio de Felipe Calderón que concluyó que “las intervenciones federales podrían estar incrementando el homicidio violento”, aseguró.
“La Ley de Seguridad Interior profundizará la falla del Estado en materia de seguridad porque se sostiene en un paradigma de seguridad basado en el uso de la fuerza, pero eso nunca va a alcanzar, por el contrario, seguirá fortaleciendo la espiral de violencia”.
Así como otros activistas, López Portillo propone un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y la reconstrucción inmediata del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la profesionalización policial.
Mientras en la Cámara de Diputados se dictó un periodo de receso para discutir la iniciativa, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con legisladores para revisar los avances.
El funcionario de Enrique Peña Nieto sugirió a los diputados reunirse con gobernadores y alcaldes que atraviesan crisis de inseguridad para contar con más elementos y aprobar la Ley de Seguridad Interior.
Mientras en el Senado, la bancada del PAN también busca agilizar la aprobación de la iniciativa, el diputado panista y ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, fue el encargado de frenar las intenciones de Osorio Chong al asegurar que no existen las condiciones para aprobar la propuesta del PRI.
El especialista Ernesto López Portillo opina sobre el uso del Ejército para combatir la delincuencia, el incremento de los homicidios y otros delitos de alto impacto, “no vemos un cambio de la administración de Calderón a la de Peña Nieto”.
