“Los insectos pican, no por maldad, sino porque ellos también quieren vivir;
lo propio sucede con los críticos: quieren nuestra sangre y no nuestro dolor”.- Federico Nietzsche
El pasado primero de marzo en el Partido Judicial de Tijuana, se dictó la primera sentencia bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal; fueron 16 años de prisión a un individuo del sexo masculino por el delito de homicidio. Además, se le impuso una multa de 70,000 pesos. El imputado fue detenido a mediados de junio y fue señalado por haber privado de la vida a una persona y lesionado a otra con un arma punzocortante, después de su detención. La audiencia inicial se celebró cuatro días después de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal entrara en vigor en esta ciudad, es decir, a ocho meses y medio de que este sistema de administrar justicia en la entidad, entrara en vigor. Se produce la primera sentencia lo que da muestra clara de la eficacia y rapidez que caracteriza a la nueva justicia penal.
Ya hemos sostenido con estadísticas oficiales que Baja California se mantiene vergonzosamente como el estado de la frontera norte del país con mayor incidencia delictiva ya que, de los 142,507 delitos cometidos en todo el país, 30,243 corresponden a la incidencia delictiva de la franja fronteriza y en lo particular, en Baja California se cometieron 8,194 delitos, esto es, el 27% de todos los delitos del norte de México, lo cual es muy grave.
Es suficiente con decirles que, por ejemplo, los homicidios en contra de menores de 12 años se duplicaron en relación a los registrados en 2015. Quienes nos encontramos vinculados el ejercicio de la profesión del Derecho, podemos advertir que hay una clara y manifiesta ineficiencia de las autoridades encargadas de la investigación de los delitos y por lo tanto de su esclarecimiento.
En general, a las Procuradurías de Justicia del país, las que no tenían un proceso de preparación para la entrada en vigencia del Sistema Acusatorio les ha sido difícil, pero no tiene justificación, puesto que el decreto mediante el cual se cambiaba el modelo de justicia data del 18 de junio del 2008 y por consecuencia, los estados tuvieron ocho largos años para irse adaptando a este sistema; especialmente, la Policía Ministerial “se queja” de que este sistema es muy garantista y ahora se tienen que respetar los derechos humanos y las garantías fundamentales previstas, por cierto, desde 1917 en la Constitución, pero que no eran observadas por las autoridades encargadas de la procuración de justicia y que inclusive llegaron a tener como nota común, las detenciones arbitrarias, la obtención de confesiones a través de la práctica de la tortura con el establecimiento del lema de que “investigación sin confesión, no es investigación”.
Desafortunadamente la policía en México sigue convertida en una inagotable fuente de extorsión y si se trata de detenidos y sus familiares con escasos conocimientos legales, hay un aprovechamiento de la ignorancia de la gente, para manipularlos magnificando las posibles consecuencias jurídicas de un delito que en realidad no es trascedente, pero que sirve de base para la extorsión. Cabe mencionar que recientemente el Institute For Economics and Peace publicó el Word International Security and Pólice Index (Índice Mundial de Policía y Seguridad Interna) su propósito es “medir la capacidad del aparato de seguridad dentro de un país para responder a los desafíos de la seguridad interna, tanto ahora como en el futuro”. La medición se hizo en 127 países usando 16 variables. Las cinco naciones con mejores policías resultaron ser Singapur, Finlandia, Dinamarca, Austria y Alemania, en ese orden. Los peores: Pakistán, Uganda, Kenia, Congo y Nigeria.
¿En dónde quedó ubicado México? Penosamente aparece en el lugar 118 de 127. Somos el país con las peores policías del continente americano con la excepción de la República Bolivariana de Venezuela que quedó un sitio debajo de nosotros, esto es, en el sitio 118.
Es una situación sumamente vergonzosa y aquí cabe señalar, para los desenfrenados mesiánicos o redentores de la realidad social, para los oportunistas políticos que el Sistema Acusatorio recientemente implantado en México nada tiene que ver con la ineficiencia de las autoridades encargadas de la persecución y el esclarecimiento del delito, así es que a tomar otras banderas que conozcan mejor.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue Presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C. Correo: liceagb@yahoo.com.mx
