En México “ya rascas, y hay un muerto”, reflexionó Elenita Poniatowska en una entrevista con el reportero de Cultura de ZETA, Enrique Mendoza, no hace mucho tiempo, y a propósito de la inseguridad y violencia que priva en nuestro país.
Es verdad, escarbar es el último recurso que tienen cientos de familias mexicanas para encontrar a los suyos y buscar acercarse a la justicia en una nación donde imperan la impunidad y el mal gobierno.
La actuación violenta de los cárteles de las drogas y sus células, y bandas del crimen organizado, ha rebasado a las autoridades, empezando por el Gobierno de la República, en cuyo fuero está la persecución y el combate al narcotráfico, y siguiendo con gobiernos estatales incapaces y omisos, para terminar con ayuntamientos con policías poco preparadas y en muchos casos, harto corrompidas.
Los muertos en México se cuentan por miles: 90 mil 634 tan solo en los 50 meses de administración de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de enero de 2017. A eso hay que sumar aquellos que no ven la luz, que son desechos sus cuerpos o no son reportados por las autoridades. Sucede muy seguido, en las colonias de Tijuana hemos sabido de asesinatos que no aparecen ni en partes policíacos, ni merecen apertura de averiguación previa.
Además están los desaparecidos. Terminan enterrados en alguna fosa clandestina con el riesgo de no ser descubiertos nunca, si acaso sus familiares no emprenden la frenética búsqueda de la justicia. Hasta diciembre de 2015, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas daba cuenta de 27 mil 659 mexicanos en calidad de desaparecidos. Desvanecidos para la autoridad que los ignora ante la incapacidad de una investigación científica y la omisión producto de la corrupción.
Lo que sucede ahora en Veracruz es muestra del terror, de la impunidad y el poderío criminal de los cárteles de las drogas en México, y acaso de otros entes políticos o sociales vengativos. En agosto de 2016, madres de desaparecidos, mujeres cansadas de ser ignoradas por el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, iniciaron sus propias pesquisas a riesgo de perder la tranquilidad como mínimo; dispuestas a todo por encontrar a sus hijos, a sus hermanos, esposos o padres desaparecidos, se unieron en una búsqueda que debió encabezar el Gobierno del Estado primero y el Gobierno Federal después. Pero no, la de Enrique Peña Nieto es una administración que no actúa cuando su sociedad se lo pide en franca justicia, sino cuando la presión es internacional y las calles se llenan de manifestantes.
El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, ha informado el saldo de lo localizado al inicio de esta semana que concluye, la antepenúltima de marzo: más de 10 mil restos óseos detectados en 125 fosas exploradas hasta el momento en un polígono de 10 hectáreas.
La zona es conocida como Colinas de Santa Fe en Veracruz, un terreno pedregoso y con brechas, donde asegura el fiscal, es evidente que para entrar y dejar los cuerpos, los criminales debieron utilizar maquinaria pesada, retroexcavadoras para abrir camino y para hacer los orificios de las fosas clandestinas.
En una parte del terreno por la que coinciden dos brechas, en medio se encuentra la fosa más grande localizada. “Tiene la dimensión de una alberca”, describe Winckler a los grupos de especialistas que acuden a las fosas clandestinas. Ahí, continúa, encontraron cuerpos apilados, uno encima de otro, y luego otro y muchos más.
Los criminales, los narcotraficantes, hicieron un orificio del tamaño de una alberca ante la evidente necesidad de deshacerse de cuerpos, de personas, hombres, mujeres, que habían asesinado y cuyos cuerpos desaparecieron enterrándolos. Muertos que de no ser por las madres desesperadas, seguirían ocultos en la injusticia.
En total han sido localizados en los terrenos explorados, las 125 fosas y la “alberca”, un total de 250 cráneos humanos; 250 homicidios dolosos, ejecutados del crimen, desaparecidos del narco. 250 muertes en la impunidad.
Las fosas de Veracruz la “alberca” de la muerte de Veracruz, es la muestra de la capacidad criminal de los cárteles mexicanos, ejemplo de la impunidad que provee el gobierno mexicano y modelo ineficiente de la procuración de justicia en México.
Ahora los servicios periciales y forenses del Estado de Veracruz están colapsados por el hallazgo en las fosas de Colinas de Santa Fe, ni hay suficiente personal ni la necesaria infraestructura, ni las herramientas requeridas para dar certeza científica de la identidad de los restos a los familiares de desaparecidos o a los mexicanos todos.
Las instituciones de gobierno no cuentan con presupuesto, plan o estrategia que alcance para hacer frente ya no digamos a la prevención de la inseguridad y la violencia, sino a la procuración de justicia una vez descubierto el crimen por ciudadanos desesperados del mal gobierno.
Una vez más, como sucede en la gestión de Enrique Peña Nieto, el titular del Ejecutivo federal no se pronuncia sobre el tema, no apoya a los veracruzanos, como no los apoyó aprehendiendo a Javier Duarte, priista igual que él, hoy prófugo porque su gobierno le permitió escapar. La investigación de las fosas clandestinas en Veracruz permanece en el ámbito local. Las madres desesperadas no son escuchadas por el Presidente de la República.
En esas condiciones, sin investigación, sin una procuración de justicia efectiva, sin una estrategia de prevención de la violencia, sin una inversión real al Ministerio Público federal, mientras sigan engordándose las nóminas políticas y no contratando personal en las áreas de seguridad, de la ciencia forense, de la investigación científica, y en tanto persista un Gobierno Federal omiso, indiferente, falto de sensibilidad social y sin compromiso con la vida y la justicia de los mexicanos, será necesario seguir escarbando para buscarla.
