Por la lejanía física y administrativa en las comunidades del Valle de Mexicali, en el tema de seguridad impera la ley del más armado. Agentes de las corporaciones cometen desmanes, pocas veces denunciados, amparados en que son la Ley. “Se protegen entre ellos”, reclaman ciudadanos que se consideran en la indefensión
“Yo lo único que quiero es que se haga justicia, que se castigue a los responsables”, comenta Irene, madre del joven Antonio Cervantes Muñoz, abatido por policías municipales la mañana del 30 de noviembre de 2015 en un domicilio del Ejido Oviedo Mota, en pleno Valle de Mexicali.
“La mayoría de las quejas que tenemos aquí son relacionadas con eventos de detenciones arbitrarias de los policías municipales de aquí y de varios de los ejidos. Los estatales también vienen y hacen cateos irregulares”, refiere por su parte Reynaldo Aviña, encargado de la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el poblado Guadalupe Victoria.
“A más de veinte familias se les han metido en su casa en los últimos cinco años. Aparte hay otros casos que por temor ni siquiera denuncian”, sostiene.
En específico, en el expediente del homicidio del joven Cervantes ocurrido hace 15 meses, derivó una recomendación de la CEDH -emitida hace cuatro meses- al Ayuntamiento de Mexicali, la cual fue aceptada, pero a la fecha no hay acciones ni sanciones concretas. Similar indolencia deja ver la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde tampoco atienden la recomendación de la CEDH, de profundizar en la investigación porque podría tratarse de una ejecución donde participaron al menos tres agentes de la Policía Municipal de Mexicali.
Familiares de “el toñin” acribillado por agentes municipales
A unos kilómetros hacia el Este se ubica el poblado conocido como Ciudad Guadalupe Victoria y/o Kilómetro 43, la familia de Jesús Francisco Balderrama Sánchez, desaparecido en abril de 2011 por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), también padece la ausencia de justicia y lo ha hecho por más tiempo.
A casi seis años del incidente, el caso tomó vigencia porque tres de los ocho agentes estatales involucrados se encuentran sujetos a juicio.
De acuerdo a datos extraoficiales, las órdenes de aprehensión fueron emitidas desde el 14 de octubre de 2016, y el primero de los ex agentes fue detenido hasta cuatro meses después.
“Lo que quisiera saber es dónde está mi hermano”, cuestiona Mayra Balderrama, familiar del muchacho desaparecido. De acuerdo al testimonio de César Hernández -su marido-, elementos de la PEP estuvieron hostigándolos para que quitaran de una pared de su casa, la lona donde denuncian la desaparición y exigen justicia.
Por el hostigamiento, César y su esposa denunciaron ante personal de la CEDH en el poblado y se abrió un nuevo expediente del caso, lo que parece apresuró -después de más de cinco años- la emisión de órdenes de aprehensión y el inicio de los tres juicios que se llevan por el mismo caso.
“Se tapan unos a otros”, consideró Hernández, ya que hasta el momento no han podido obtener los datos del geoposicionador satelital de las tres patrullas de la PEP en que se trasladaron los agentes involucrados en la desaparición.
Asesinato en Ejido Oviedo Mota
El caso del homicidio de Antonio Cervantes Muñoz alias “El Toñín” resulta ilustrativo. La mañana del lunes 30 de noviembre fue abatido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, en un operativo que involucró a medio centenar de agentes de diversas corporaciones, pero encabezado por policías municipales.
El antecedente lo aportó la joven Melissa González -pareja de Cervantes-, quien denunció cómo agentes municipales habían ingresado violentamente en su domicilio buscando a su pareja, advirtiéndole que donde lo encontraran, lo iban a matar.
Por eso, esa mañana en cuanto “El Toñín” observó a los municipales inició una loca carrera que culminó en la casa de un pariente, donde se escondió, lo rodearon y -según testigos- cuando pretendía entregarse fue abatido. (ZETA edición 2176, 4 de diciembre de 2015).
Jorge Luis, el otro ex agente de la PEP
Los familiares interpusieron una queja ante la CEDH, incluso algunas de las personas que aportaron su testimonio fueron hostigadas por agentes municipales y detenidas en varias ocasiones. El 18 de noviembre de 2016, la CEDH emitió la Recomendación 12/2016, dirigida a Jaime Rafael Díaz Ochoa, alcalde de Mexicali que estaba a 12 días de dejar el cargo.
En el documento de 80 páginas se detalla la investigación realizada por personal de esa instancia y de ahí deriva la posibilidad de que al menos tres agentes –los identifica como AR1, AR2 y AR3- fueron los que dispararon, incluso en el documento queda abierta la posibilidad de que si le hayan dado el tiro de gracia.
Además, en la recomendación se incluye la necesaria investigación del caso por parte de la PGJE, ya que de acuerdo a los diversos testimonios, queda en duda la “legítima defensa” justificada por los agentes involucrados.
Félix Vidáuri, pareja de la madre del joven abatido, dice que han estado en comunicación con personal de la CEDH de Tijuana para recibir informes semanales de los avances.
“Le han dirigido la recomendación al Municipio y al Gobierno del Estado, pero según el decir de ellos, no han obtenido respuesta en virtud de que el Centro Cívico había estado tomado por manifestantes”, indica.
Pero el Ayuntamiento solo estuvo “tomado” tres semanas y la recomendación fue emitida hace casi cuatro meses. Acorde con Vidáuri, personal de la CEDH les comentó que “ya había contestado el Municipio y designaron a alguien del Departamento Jurídico del Ayuntamiento. Nos dijeron que estuviéramos al tanto porque les ampliaron el periodo y que el gobierno ya había aceptado la recomendación”.
Pero los familiares del muchacho abatido por municipales no cuentan con más información. Según la recomendación, se debe proceder a la reparación del daño, gestionar ante el Ministerio Público para que profundice en la investigación y la necesaria capacitación a los agentes policiacos. Además, incluye la creación de un ordenamiento jurídico donde se regule el uso de la fuerza en los elementos de Seguridad Pública en la entidad. Nada de esto se ha concretado.
Mariela, la ex agente en audiencia
“Desde que se puso la demanda yo pedí se les castigara con cárcel a los policías que salieran responsables de la muerte de mi hijo. Fue un asesinato y a él ya se lo habían mandado decir desde mucho tiempo atrás“, argumenta Irene Muñoz.
“Los cuerpos policiacos tratan de protegerse unos a otros, todos parecen tener un común denominador”, considera por su parte Félix Vidáuri sobre la indolencia de las corporaciones.
Desaparecido no resistió interrogatorio-tortura
Otro caso emblemático es el de Jesús Francisco Balderrama, desaparecido tras un operativo de agentes de la PEP en abril del 2011. Ese día un grupo de esa corporación -ocho elementos-, a bordo de tres patrullas pintadas azul y blanco con logos de esa dependencia encabezaron una serie de “reventones” en diferentes lugares del Valle de Mexicali cercanos al Kilómetro 43.
De hecho Francisco Javier Amador Villacaña, uno de los testigos de la desaparición del joven Balderrama, fue detenido en su domicilio y señaló que agentes estatales se metieron a su casa y lo levantaron de su cama para después subirlo a una de las patrullas.
Luego fueron hasta una vivienda de la calle Quinta -zona muy concurrida-, e igual se metieron con lujo de violencia. Ahí se encontraba Balderrama, quien fue torturado. Amador declaró haber visto cuando acomodaron en la caja de uno de los pick-ups un bulto “como de una persona envuelta en una cobija”. Hasta se dio cuenta de la discusión entre los agentes y ya no sabían qué hacer con él. “No tengan miedo, esta bronca se va a arreglar”, fue parte del diálogo entre elementos de la PEP.
Estos datos han sido expuestos en los tres juicios que se siguen a los agentes, ahora encarcelados. Mariela de Jesús Rodarte se entregó a las autoridades hace dos semanas, después de que fue otro ex agente participante en el incidente, Édgar León Terreros, fue capturado en el cruce hacia Calexico.
A los dos días fue detenido un tercero, Jorge Luis Silva Jiménez, quien tuvo audiencia el jueves 23 de febrero por la mañana.
Aún quedan por capturar otros cinco agentes participantes: Rodolfo Ochoa Bustamante, Edwin Rivas Tapia, Gerardo Morales Saldaña. Humberto López y Javier Vargas Melgoza, todos ellos ya con orden de aprehensión vigente. El día de los hechos viajaban en tres patrullas: la 269, 292 y 324.
Ex PEP habló de la tortura
En el testimonio de la ex agente Rodarte -la única que ha declarado de los tres detenidos- narró cómo esa mañana primero irrumpieron en la casa de un primer detenido y posteriormente el comando de ocho agentes se trasladó hasta la calle Quinta, donde ingresaron violentamente, rompiendo los candados de las cadenas en las rejas. Dijo que en uno de los cuartos estaba un menor muy asustado, ahí escucho gritos y quejidos de otro de los detenidos que estaba en la sala con el Comandante Ochoa y Silva, el jefe del grupo.
“Estaban detrás de una persona a la que le ponían una bolsa de plástico en la cabeza”, pero luego la sacaron y después de un rato les ordenaron se retiraran. “Entre Silva y el comandante se decían que no se podían zafar de la bronca tan fácilmente”, narró el Ministerio Público en la audiencia.
En esa misma versión, el jefe de grupo reunió a los ocho participantes para decirles “Aquí no pasó nada, y al que hable se lo va a cargar la verga”, fue la advertencia. Los tres detenidos están acusados de desaparición forzada de persona.
Cesar Hernández, cuñado del joven desaparecido por los agentes de la Policía Estatal Preventiva, narra cómo desde el incidente se dio a la tarea de localizar a los testigos de lo sucedido y literalmente “ponérselos” a los agentes de la Policía Ministerial.
“Aquí así le hacen”, expone Hernández en alusión a las practicas policiacas que utilizan los agentes en el Valle, quitándoles lo que traen o, en su caso, sembrándoles droga.
“Aquí los policías son de lo peor”, sintetiza la señora Irene desde el patio de su casa en el Ejido Oviedo Mota.
