Sin aportar nuevos elementos a un expediente que data de 2011, el gobierno de Juan Manuel Gastélum resolvió inhabilitar durante cinco años a Julián Leyzaola, quien fuera su principal contendiente en las elecciones pasadas y con quien podría toparse nuevamente en los comicios de 2019. Síndico niega que sea un ataque personal y agrega que la gente puede pensar lo que quiera
En sus primeros tres meses, el gobierno de Juan Manuel Gastélum reabrió un expediente archivado en Sindicatura en contra de Julián Leyzaola Pérez y, sin integrar elementos diferentes o novedosos a la investigación, determinó inhabilitarlo durante cinco años, lo que impediría al ex candidato a alcalde de Tijuana, competir en las elecciones de 2019.
Se trata del archivo número EXP/010/2012, el mismo por el que el ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana fue inhabilitado durante el trienio del priista Carlos Bustamante Achondo, sanción que quedó anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al no encontrar elementos suficientes para dictar responsabilidad a Leyzaola.
De acuerdo con el documento, en poder de ZETA, el 17 de marzo de 2017, la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde resolvió que Julián Leyzaola Pérez y Gustavo Huerta, quienes se desempeñaban como secretario de Seguridad Pública y director de la Policía Municipal al momento de las imputaciones hechas, son responsables de las acusaciones que hizo en su contra el agente municipal José Luis Hernández Gálvez.
Al respecto Leyzaola Pérez afirma: “Están utilizando el poder desde el gobierno, a través de la Sindicatura Procuradora, para atacarme. Es un asunto político, con la clara intención de que yo no sea su contrincante en 2019. Es una cobardía para no enfrentarse conmigo”.
En entrevista con este Semanario, el Teniente Coronel expone que el 22 de marzo fue notificado de la resolución, en la cual ya se encuentra trabajando su equipo legal. Sobre el expediente, argumenta que cuando la ex síndico Yolanda Enríquez resolvió inhabilitarlo por ocho años en agosto de 2013, sus abogados llevaron el caso al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y éste ordenó se repusiera el procedimiento porque estaba mal integrado.
Luego, durante la administración de Jorge Astiazarán, el entonces síndico Arturo Ledesma Romo no encontró más elementos que aportar a la investigación y la archivó.
El inicio del expediente
Sobre el interés del nuevo gobierno del panista José Manuel Gastélum por continuar con este caso, el ex candidato a alcalde opina: “En lugar de investigar sobre los robos en las administraciones anteriores, el regidor acusado de lavado de dinero, los policías metidos en narcotráfico, lo que hacen es dedicarse a mí. No habla nada bien de un gobierno que lo primero que haga es atacar a su principal contrincante político”.
“ESE TERROR QUE ME TIENEN, SOLO LO HABÍA VISTO EN LOS DELINCUENTES”: LEYZAOLA
La diferencia de votos entre Juan Manuel Gastélum “El Patas” y Julián Lezyaola Pérez en las elecciones de 2016 fue del 1.1 por ciento. Aunque el Partido Encuentro Social (PES), quien abanderó al militar en retiro, impugnó los resultados, no consiguió el triunfo en tribunales.
A nueve meses de enfrentarse en las urnas, el Teniente Coronel no esconde sus aspiraciones de contender nuevamente por un cargo público. De la inhabilitación refiere: “Lo único que me dicen con esto es que yo fui el ganador, que tienen terror de enfrentarse conmigo otra vez, de no poder hacer otra estrategia como la que hicieron en las elecciones pasadas”.
No obstante, asegura “esto no va a minar en nada mis intenciones, no voy a parar en mi trabajo, no golpean mi moral ni mis ganas, ni mis convicciones. Al contrario, me fortalece, saben el gran riesgo que represento para ellos porque yo voy a meter a la cárcel a los malos gobernantes. Ese terror que me tienen, solo lo había visto en los delincuentes”.
Sobre la labor de Juan Manuel Gastélum como alcalde, precisó: “Veo a Tijuana como una ciudad bombardeada, las calles llenas de hoyos, volvemos a ser la ciudad número uno en homicidios. La delincuencia se ha enseñoreado de la ciudad y tenemos un gobierno lejos de preocuparse por la realidad de la sociedad tijuanense”.
Continuó: “Estas personas no se han dado cuenta que la gente ya no las quiere, están viviendo otra realidad. Me imagino reunidos a ‘Kiko’ (Vega) y a ‘El Patas’ burlándose de la sociedad como en las cortes feudales, donde el pueblo afuera recoge basura o pedazos de comida que caen, mientras ellos se llenan de excesos, ofensivos”.
EXPEDIENTE AÑEJO
En marzo de 2010, cuatro agentes de la Policía Municipal fueron detenidos por robar al presidente de la Asociación Juvenil Mundial de Tae Kwon Do, Kim Chum Ku, quien se encontraba en Tijuana para asistir a una competencia internacional de este deporte.
El visitante coreano fue interceptado por dos patrullas municipales mientras viajaba con otras personas en un taxi libre. Al abordarlo, los agentes le quitaron 500 dólares estadounidenses, 100 canadienses y 300 euros.
Entre ellos estaba José Luis Hernández Gálvez. No sería la primera vez que el agente municipal fuera detenido. Años después, en agosto de 2014, la Policía Estatal Preventiva (PEP) lo remitió al Ministerio Público por conducir una camioneta Cadillac Escalade con reporte de robo.
Hernández Gálvez fue reinstalado en la Policía Municipal en 2012. Para ese entonces, ya había salido de la penitenciaría de La Mesa, donde fue remitido por el delito de extorsión contra el turista coreano, quien no regresó al país para ratificar su denuncia.
Actualmente, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, continúa como elemento activo, pero incapacitado.
El 16 de marzo de 2011, un año después de ser detenido, José Luis Hernández Gálvez presentó una queja contra Julián Leyzaola Pérez y Gustavo Huerta Martínez en Sindicatura Municipal por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Aunque la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde reabrió el expediente, no integró ni agregó nada.
Los testimonios que constan en él, además de los del oficial Hernández Gálvez, son los de los otros dos policías detenidos con él, Víctor Javier Jove Rosales y Rafael Sánchez Macedo, que datan de 2011. Además, se anexó la recomendación 10/2011 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California.
Mientras que los elementos más recientes en el expediente, son los documentos que dan por concluida la audiencia de declaración, ofrecimiento admisión y desahogo de pruebas y alegatos, con fecha 23 de mayo de 2013.
En su declaración ante Sindicatura, realizada en 2011, Hernández Gálvez negó haber robado dinero a los turistas coreanos y acusó a Leyzaola Pérez y Huerta Martínez, junto con sus escoltas, de ordenar que le colocaran una bolsa en la cabeza y golpearlo para obtener una confesión.
A pesar de que el expediente no aporta ninguna prueba adicional para reabrir, como lo ordenó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2013, la síndico resolvió inhabilitar a los dos ex funcionarios públicos por un periodo de cinco años, ya que a su entendimiento, se trata de faltas graves a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
El alcalde y la sindico
Según consideró la Sindicatura Procuradora, las pruebas aportadas por el quejoso quedaron “debidamente acreditadas y materializadas las hipótesis contendías (sic) en esta, ello con los diversos elementos de prueba que han sido detallados y relaciones entre sí”.
Esto porque, en cuanto a Leyzaola Pérez, “las imputaciones hechas en su contra no fueron desvirtuadas por éste, sino por el contrario quedó acreditada la desobediencia a las hipótesis que se le reprocha”.
Leyzaola Pérez y Huerta Martínez no acudieron a rendir su declaración en 2013, cuando le fue requerida, porque se encontraban desempeñando cargos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.
De ello quedó constancia en el expediente, mediante un escrito firmado por el director jurídico de aquel Ayuntamiento, en el que informó a la Sindicatura que ambos “estaban impedidos para comparecer en la audiencia del 30 de abril de 2013”.
Cuando fue requerido nuevamente, Leyzaola presentaba una fractura en la rodilla, lo que le impedía viajar en avión. De ello, detalló en entrevista, envió constancia médica.
Finalmente, para el Teniente Coronel, este asunto ya es un hecho juzgado y confía en que sus abogados obtendrán nuevamente un resultado favorable para él.
“LA GENTE PUEDE PENSAR LO QUE QUIERA”: SÍNDICO PROCURADORA
A pesar de que se trataba de una llamada a su teléfono celular, la síndico procuradora Ana Guzmán Valverde justificó terminar la entrevista sobre la inhabilitación de Leyzaola porque tenía que salir de su oficina.
Cuando se le cuestionó sobre los nuevos elementos que se aportaron al expediente, refirió: “Ahorita no te puedo decir fechas ni qué tipos de probanza, porque no tengo memoria fotográfica”.
— ¿A qué se debe que se retome este expediente en particular?
“Venimos encontrando expedientes integrados pendientes por resolver, y hemos sacado uno por uno”.
— Le pregunto porque a este expediente, en 2013 ya se le había fincado responsabilidad y cuando se atendió, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determinó que le faltaban elementos…
“Si se vuelve a dictar resolución en algunos expedientes por segunda ocasión es porque muchas veces, efectivamente se recurre, ya sea ante la Sindicatura, la resolución dictada o ante el mismo Tribunal de lo Contencioso Administrativo para seguirnos allegando de mayores pruebas, y si de los elementos probatorios del expediente se advierte que existe una responsabilidad, pues se va a dictar una resolución en ese sentido”.
— Me dice que han estado trabajando otros expedientes heredados, pero es el primero que resuelve la Sindicatura con un personaje de tanta relevancia.
“No es nada personal”.
— Aunque asegura no es personal, se puede entender como un ataque político. Leyzaola quedó en segundo lugar en las elecciones, fue una votación bastante reñida y ahora hay un gobierno del PAN. ¿No le preocupa que se pueda dar esa lectura?
“No, la gente puede pensar lo que quiera. Las evidencias ahí están. Los presuntos responsables tienen derecho de ejercitar la acción legal que más les convenga. Te voy a tener que dejar”.
Y así, la síndico terminó la llamada.
