Presente en las oficinas de ZETA, Iván Mariano Martín del Campo Riebeling, acompañado de Dadinis Jr. Harres y otras tres personas, presentó una serie de documentos para refutar la información vertida por la secretaría de seguridad pública de Baja California respecto a su captura y la de Harres el jueves 23 de febrero en Ensenada.
También aseguró que los elementos de la Policía Estatal lo persiguen por el apoyo que Organización Diplomática Internacional de Mujeres, Niños, Grupos Indígenas y LGVT, la asociación civil que representa, dio a los manifestantes violentados en Mexicali.
Refutó el uso de documentación falsa, aseguró que no traía documentos falsos, y menos los estaba usando cuando lo detuvieron. Porque al momento de ser intervenido estaba comiendo en el restaurante Los Hijos de Sushi en la Macroplaza de Ensenada, y conversaba con otras personas mientras revisaban la compra de unos terrenos.
Ni posesión ilegal de armas, pues dice tiene permisos. Está amparado por la licencia particular colectiva número S/L: 00901 con el objetivo de prestar “servicio de seguridad privada a personas” como jefe de escoltas de la empresa Gran Palma Real S.A de C.V ubicada en Baja California. Además dejó copia de un registro de armas de la Secretaria de la Defensa Nacional fechado en octubre de 2013, foliado con el número 206398 y firmado por el TTE. AMG Rigoberto Vega García (C2914740). También tiene tarjetas como Jefe de Escolta/Director Operativo de la Organización Metódica para la seguridad profesional Aztlán S.A de C.V.
La juez que llevó la causa penal numerada 125/2017 estuvo de acuerdo con el ciudadano que señala a la SSPE, al revisar el caso calificó la detención de ilegal “porque no se actualizó la hipótesis de flagrancia delictiva…consistente en que Martín del Campo Riebeling fuera detenido al momento de estar cometiendo un hecho considerado por ley como delito”.
Los elementos de la Policía Estatal Preventiva, Hernández Marrón, Medina Macías y Salazar Pérez justificaron su intervención en una “llamada de denuncia de un hombre armado, un masculino pelón de saco negro con una placa de policía visible en el pecho”, presentó los permisos de portación, pero igual se lo llevaron. La placa mencionada, tiene su foto y en letras grandes “Cuerpo Diplomático” y en letras más pequeñas se lee “Organización Diplomática Internacional de Mujeres, Niños, Grupos Indígenas y LGVT.
En el caso de Dadinis Jr. Harres, señalan que la actuación de la SSPE fue peor, porque se informó de su detención pero no fue capturado. Este hombre identificado como amigo de Martín del Campo Riebeling, estaba en el estacionamiento cuando el primero fue detenido, después lo fue a esperar afuera de la PGR porque creyó saldría rápido debido a que no vio, y no entendió que lo habían aprehendido.
Afuera de la Procuraduría un agente se le acercó, le hizo platica de temas triviales, le hizo preguntas, dijo que esperaba a su amigo, le respondieron que no podía estar estacionado ahí, le pidieron las credenciales y le tomaron fotos, lo mismo que a la parte trasera de sus auto, y lo invitaron a que se estacionara en otro lugar, ni le informaron de la captura de sus compañero ni lo aprehendieron.
Iván Mariano Martín del Campo comentó también que ellos no se han identificado como representantes de la Organizaciones de Naciones Unidas como han sido señalados ni han presumido tener representación diplomática, que su sociedad está registrada como Organización Diplomática Internacional…”, y cuando lo hicieron nadie les dijo que no podían usar ese nombre.
Dejaron en ZETA una copia del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California bajo la partida 5998525 donde inscriben en febrero de 2016 la organización antes mencionada constituida ante notario en agosto de 2014, de la que el hombre detenido por la PEP es presidente, quien también aseguró presta servicios de escolta a algunas embajadas, pero “por seguridad” se negó a mencionar a cuáles.
Respecto a la información dada por las autoridades que en enero de 2016 enfrentó una acusación por “usurpación de funciones” del Senado de la República, Martín del Campo Riebeling acusó a Juana Camila Bautista Rebollar, titular de la Fiscalía de Trata de Personas de la Procuraduría en el Distrito Federal, de haber pedido y recibido el apoyo del senador Roberto Gil Zuarth para acusarlo, cuando su organización apoyó y expuso las irregularidades de la fiscal, debido a un grupo de coreanas que fueron presentadas como víctimas y parte de una red de trata, sin serlo, obligándolas a firmar declaraciones a punta de pistola, bajo tortura psicológica, cuando ni siquiera hablaban bien el español. Al final la mayoría quedó en libertad.
Además reiteró que ellos tienen un convenio de colaboración, pero con uno de los senadores que es Isidro Pedraza Chávez, y lo acreditó con una carta fechada en septiembre de 2016, firmada por el Licenciado en Ciencias de Comunicación y coordinador de asesores, Alejandro H. Gayosso, en el cuál solicita a las “autoridades correspondientes” para que den las facilidades necesarias a los miembros de la Organización Diplomática Internacional de Mujeres, Niños, Grupos Indígenas y LGVT “en su gestión en el área de investigación, promoción, y difusión en Derechos Humanos”, estas dos palabras subrayadas.
De las existencia de antecedentes penales en su contra en Estados Unidos, Harres y Martin del Campo dijeron existen. En el caso del primero argumentó era muy joven cuando fue detenido en compañía de una novia que era bailarina, ella traía 2 gramos de cocaína, pero él se hizo responsable, y como era dosis de uso personal no hubo sanción. El presidente de la organización diplomática, explicó que en su caso fue por estar con un amigo que andaba en malos negocios y que estuvo preso sin haber cometido delito, por eso se dedicó a la defensa de los derechos humanos.
Concluyó asegurando que su captura debió ser ordenada por el secretario De la Rosa, porque se lo llevaron a sabiendas que no había cometido delito, que nunca le leyeron sus derechos, tardaron horas en presentarlo y en el inter, un hombre que dijo ser el subcomandante Medina primero le pidió 5 mil dólares por cada arma, después amenazó que iba a correr su nombre con los mafiosos, que lo iban a matar y que le iban a cuadrar: “Que entiendes que quieren cuadrar algún delito, por eso en mi presentación ante la juez yo responsabilicé a la PEP, a la Secretaria y a Daniel de la Rosa de cualquier cosa que le pueda pasar o cargo que le puedan fincar a los miembros de mi organización, mi familia o a mí”.
Acusó que De la Rosa y sus Policías Estatales Preventivos son una mafia dedicada a robar, secuestrar: “matan a la gente y la tiran por ahí, son una banda de violadores de derechos humanos”.
ZETA solicitó al secretario su versión de estos hechos y la postura ante los señalamientos pero declinó hablar.
