Septiembre 20 de 1985. Más o menos la una de la tarde. Los llamaron a todos. Orden desde la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los agentes de la Policía Judicial salieron rápidamente en sus autos o pick-ups oficiales. Organizados. Se desparramaron por todo Tijuana. En cuanto veían a un voceador le pastoreaban. Acercándosele preguntaban cuántos ZETA’s traía. El chaval o adulto contaba y daba respuesta. Inmediatamente el policía soltaba un “te los compro todos”. Cada vendedor sacaba sus cuentas “es tanto”. Dando y dando. Pagaban religiosamente. Luego se fueron derechito a los puestos. Recorrieron los del centro. La Constitución. El bulevar Agua Caliente. También Díaz Ordaz. Repitieron maniobra de la compra. Misma hora y en muchas partes. Entonces ZETA empezaba a circular poco después del mediodía. Por eso ni pasando la hora empezaron las llamadas telefónicas al periódico. Primero voceadores pidiendo más ejemplares. Uno que otro reporte de robos a papeleritos. Abusos a puesteros. Afortunadamente pocos. Luego lectores extrañados de no encontrar el semanario en los cruceros ni puestos. Pero los reportes terminaban con la misma frase: “Los están comprando todos”. Unos decían simplemente “llegaron dos señores y se llevaron los periódicos. Pagaron”. Otros de plano: “Eran agentes de la Policía Judicial del Estado”.
Un fotógrafo de ZETA llegó rápidamente a un puesto del bulevar Díaz Ordaz. Desde su auto captó la parte trasera de un pick-up. Número de placas y toda la cosa. Otra gráfica más cuando estaban subiendo los periódicos. Apenas si alcanzó a bajarse para tomar de ladito al par de tripulantes. Mientras voceadores y Lectores llegaron hasta las oficinas de ZETA. Todos querían un ejemplar. Sabían y lo comentaron: “Algo interesante publicaron. Por eso los recogió el Gobierno. Les disgustó”. En aquellos tiempos no teníamos la capacidad y organización como para ordenar la impresión de otros tantos periódicos. Explicamos hasta donde pudimos a voceadores y Lectores. Y decidimos incluir en la próxima edición la misma información. A última hora alguien tuvo la ocurrencia: ahora con un sello y la leyenda “CENSURADO”.
La primera plana de aquella edición exhibía un excelente dibujo de Roberto Mora. Matas de marihuana desde la parte baja. Se extendían a la derecha y hacia arriba. Reduciéndose de tal forma que llegaban “en pico” casi tres tercios de plana. Pero entre el hierberío muchos billetes de mil pesos. Con un gran titular: “La mafia invade Baja California”. Y abajito una leyenda: “Agente judicial protegido de Edgardo Leyva Mortera denuncia a funcionarios de Xico. Traían credenciales del Procurador Aguiñaga y del Gobierno de Sinaloa. Pasaban una tonelada diaria de marihuana a San Ysidro”. Para quien no recuerde, Edgardo es hermano de Xicoténcatl, en esos momentos el Gobernador del Estado.
En interiores el titular fue: “La mafia compra funcionarios del Gobierno del Estado”. Enseguida: “Desde hace diez meses pasaban una tonelada diaria de marihuana al otro lado. Tenían almacenes en las colonias Cacho y Libertad. Utilizaban autos de judiciales y el Gobierno”.
La historia surgió de película. Dos agentes federales fueron comisionados para seguirle los pasos a un caballero. Andaría por la colonia Libertad. Se fueron a buscarlo. Cuando pasaron frente al 528 de la calle Aquiles Serdán les llegó el “golpe”. Puritito olor a marihuana. Se olvidaron del hombre que perseguían. Treparon una barda y vieron adentro. Calcularon por lo menos unas diez toneladas de marihuana en greña y otras tantas empaquetadas.
Pero luego se dieron cuenta: en la esquina estaban tres jóvenes. Traían ametralladoras. Otros tantos se dejaban ver atrás. Adentro había por lo menos 20 personas. Calcularon. Ellos solos no podrían. Necesitaban pedir refuerzos.
En su retirada se toparon con el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Lic. Miguel Ángel Rodríguez Moreno. Debió tantear que eran policías porque se identificó con su credencial. Al tiempo les preguntó qué andaban haciendo por allí. La respuesta fue de vaguedades. “Nada”. “Dando la vuelta”. “Mucha chamba”. “¿Cómo se porta el jefe?”.
Los federales se fueron reconociendo al Agente del Ministerio Público y sorprendidos. “¿Metido en esto?”. Llegaron a las oficinas de la Policía Judicial Federal. Reportaron. Detallaron todo lo que vieron. Su jefe les advirtió. “No se metan”. A buen entendedor pocas palabras bastan. Aquel jefe seguramente sabía todo. De cómo parentela y allegados del gobernador estaban protegiendo el narcotráfico.
A uno de los policías se le ocurrió: llamar al Ejército. Un telefonazo anónimo. Hecho. Lo hicieron. Se movilizaron los militares. Cayeron sorpresivamente. Se apoderaron del almacén. Detuvieron a varios. Entre ellos a Juan José Padilla Barillas. Se identificó con una credencial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se lo llevaron al cuartel. Allí declaró y quedó escrito en un acta militar: “… soy agente de la Policía Judicial del Estado, comisionado con el licenciado Miguel Ángel Rodríguez Moreno. Tengo dos años de antigüedad en el empleo y mi credencial tiene vigencia hasta 1989”.
Luego reveló que antes de recibir esa orden fue “pareja” de José Luis Cañizales en la Judicial. Recientemente capturaron a Juan Manuel Martínez Landeros sorprendiéndolo transportando droga. Y para no consignarlo le quitaron mil dólares. Pero que luego el hombre siguió operando y les daba 100 a 200 dólares cada vez cuando lo encontraban. Hasta que un día de plano lo invitó a “trabajar” en el narcotráfico. Hasta podía seguir en la Policía. Sin forzarlo declaró que “…de seis meses a la fecha Juan Manuel Martínez me ha pagado dos mil a tres mil dólares cada mes de los cuales yo le daba mil 500 al Agente del Ministerio Público, Licenciado Miguel Ángel Rodríguez”. También dijo cómo transportaban la marihuana. En una Chevy van propiedad entonces de Luis Alberto Estrada Sánchez, Jefe de Grupo de la Policía Judicial. Las placas se las dieron en Tránsito del Estado a petición del Agente del Ministerio Público.
El agente José Juan Padilla Barillas también dijo: el fiscal Rodríguez Moreno, sabiendo que estaba metido en el negocio lo comisionó a cuidar almacenes de droga. Unos en la Libertad, colonia Cacho y otro grande al pie del Cerro Colorado. También le ordenaban proteger a los camiones que salían de un rancho cercano a Tecate y vigilaban que no les detuvieran al pasar a Estados Unidos.
Pero no fue todo. El agente de la Policía Judicial declaró que el Procurador de Justicia también tenía “su negocio”: relaciones con los “polleros” para dejarlos “trabajar” sin problemas en toda la frontera bajacaliforniana. Su declaración textual ante los militares fue “…el Licenciado Eliseo Aguiñaga es el que maneja a los grandes ‘polleros’, entre ellos ‘Los Tejanos’, propietarios de una lonchería del mismo nombre que se encuentra en la calle Pino Suárez”. Aparte dijo que hacía poco tiempo detuvieron a unos mafiosos. Entonces hubo “un apalabre” de 200 mil dólares con el Director de la Policía Judicial del Estado, Óscar Reséndiz, y el Subdirector David Bolaños Cámara. Detuvieron a Manuel Martínez con mucha droga. Negociaron su libertad. En aquellos tiempos el equivalente a 76 millones de pesos. Participó Victoriano Medina, entonces agente judicial. Tres años más tarde y al servicio del Ingeniero Jorge Hank Rhon, participaría en el asesinato de Héctor Félix Miranda, Co-Director de ZETA.
El policía Padilla Barillas también confesó: el Jefe de Grupo Luis Alberto Estrada Sánchez “…también se encuentra inmiscuido en serios actos ilegales”. Y dijo, de plano: la protección al narcotráfico era por órdenes del Licenciado Miguel Ángel Rodríguez Moreno, Agente del Ministerio Público, protegido del Licenciado Edgardo Leyva Mortera, hermano del Gobernador del Estado. También hubo otro detenido: Jesús Martínez Cuevas. Exhibió un oficio firmado por el fiscal Rodríguez. Lo comisionaba “especialmente”. Su misión era estar afuera de los almacenes con droga. Si alguien llegaba a preguntar, sacaba su oficio, lo mostraba y decía que el local estaba reservado “para acciones oficiales”.
La prensa diaria manejó suavemente la información. Todos coincidieron: detuvieron a narcos, pero no había funcionarios estatales. El Licenciado Miguel Ángel Rodríguez presentó su renuncia tres meses después. Y el agente Padilla Barillas nada más era meritorio. ZETA publicó en aquella ocasión que los periódicos diarios de Tijuana y Mexicali publicaron todo eso “como si fueran músicos obedeciendo a la batuta”. Luego se supo que funcionarios del Gobierno recorrieron las direcciones periodísticas. Lograron que se censurara la información o por lo menos “bajarle el volumen”.
El caso fue turnado por el Ejército al Agente del Ministerio Público Federal. Poco a poco se fue “haciendo chiquito”. Hasta que ZETA descubrió todo y lo publicó. Por eso los agentes de la Policía Judicial del Estado compraron todos los ejemplares. A la semana siguiente de que lo hicieron se reprodujo la nota. Tuvo libre circulación el periódico.
Lo recuerdo ahora cuando se cumplen 19 años de que ZETA dio a conocer por vez primera cómo los narcotraficantes entraron a Baja California de lleno. En pleno gobierno priista del Licenciado Xicoténcatl Leyva Mortera. Desde entonces la costumbre no ha cambiado. Sigue el mismo trato entre mafiosos y policías.
Hubo un hecho curioso. En aquel expediente se mencionaba allá perdido un apellido que no tomamos muy en cuenta: Arellano Félix. Se les señaló como los distribuidores. Desde entonces. Esta semana se cumplen 19 años de que la mafia llegó a Baja California. Como alguna vez lo escribí. “El Gobierno de Xico le abrió las puertas y ya no se han podido cerrar”.
Tomada de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas y publicada el 16 de noviembre de 2014.
