Gobierno los descalifica como albergues, pero les delega la responsabilidad de atender la crisis humanitaria causada por la llegada de migrantes, hecho que les generó una “sobrecarga de gastos de agua, luz, gas y teléfono” y que en la actualidad los mantiene endeudados, señaló Ignacio Benavente, presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América.
En 9 meses, esta organización acumuló una deuda de medio millón de pesos, sin que a la fecha ninguna autoridad “se diga dispuesta a ayudarnos ni con dinero ni recursos en especie” para solventar el pago rezagado de los servicios, expuso. Desde que se generalizó la llegada de afrodescendientes, la única ayuda que recuerda haber recibido son mil 500 pesos otorgados por la administración de Jorge Astiazarán.
Aunque han solicitado el apoyo, éste les ha sido negado por las dependencias que dicen apoyar a los migrantes, con el argumento de que la organización no califica como albergue.
Otro caso. Andrés Saldaña, representante del Ejército de Salvación en Tijuana, informó que anualmente se gastan 5 millones de pesos en operación de dos albergues. La autoridad aportó apenas 630 mil pesos el año pasado, lo que los obliga a endeudarse cuando las actividades que realizan para hacerse de recursos y las donaciones que reciben no son suficientes.
Saldaña envió un oficio al presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que se abra un nuevo albergue operado con recursos del gobierno y no de activistas, con fin de enfrentar deportaciones masivas, pero no ha tenido respuesta.
Entre el 1 de enero y 2 de marzo de 2017, alrededor de 24 mil mexicanos han sido deportados de Estados Unidos, de esa cantidad 6 mil 700 han sido expulsados a través de territorio bajacaliforniano. Durante la sesión del Consejo Estatal de Atención al Migrante llevada a cabo el jueves 2 de marzo, Rodulfo Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración (INAMI) explicó que esa cantidad no representa un incremento respecto al año pasado, sin embargo no fue capaz de proporcionar las cifras.
El senador Armando Ríos visitó Tijuana el 27 de febrero, pero no ofreció ninguna solución palpable a la problemática arrastrada por varios meses, solo anunció que presentará un punto de acuerdo “buscar una gestión y diagnóstico compartido” entre Peña Nieto y el Poder Legislativo, además de realizar un cabildeo con otras dependencias federales.
