La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes el asesinato del periodista Cecilio Pineda Birto, acontecido el pasado 2 de marzo en el municipio de Pungarabato, en la Tierra Caliente del estado de Guerrero.
La CIDH pidió, también, a las autoridades mexicanas que las medidas de protección no solo “deben servir para enfrentar el riesgo a la vida e integridad personal del periodista”, sino que “deben adecuarse a las necesidades y circunstancias individuales, sociales y económicas del beneficiario, incluidas la necesidad o el deseo de continuar llevando a cabo las mismas actividades profesionales”.
La situación del periodista guerrerense, de acuerdo al propio Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entrañaba un riesgo “extraordinario”, tras haber sido víctima de un atentado y haber recibido amenazas por su trabajo periodístico.
De acuerdo con la información disponible, dos personas a bordo de una motocicleta supuestamente dispararon al periodista cuando se encontraba en un local de lavado de automóviles en Ciudad Altamirano mientras esperaba su vehículo. Tras el ataque, el comunicador habría sido trasladado a una clínica en donde falleció.
Según la información aportada por diversas organizaciones y medios de comunicación, el periodista había denunciado públicamente desde algunos meses que recibía constantes amenazas de muerte por parte de grupos de delincuencia organizada y en 2015 habría sido víctima de un atentado.
Pineda Birto era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico de circulación nacional El Universal, donde cubría las noticias locales relacionadas con el crimen organizado. También solía informar a través de redes sociales sobre episodios de corrupción y acciones delictivas en la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero.
De acuerdo con la información aportada por el gobierno estatal guerrerense, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), atrajo el caso el 3 de marzo e inició una carpeta de investigación.
Por su parte, el Mecanismo Federal para la Protección emitió un comunicado, en el que señaló que a partir de una nota periodística detectada en septiembre de 2015 contactó al periodista Cecilio Pineda Brito para ofrecerle la protección que brinda ese instrumento, y que saliera “inmediatamente de la zona de riesgo, por lo cual se le ofreció un refugio temporal para él y su familia, el cual aceptó”.
Según el Mecanismo, en octubre de 2016 Pinea Birto informó que “no le era posible trasladarse al refugio, “por lo cual la Junta de Gobierno le comunica que cerrará el expediente y que en el momento en que pueda aceptar la medida, se le implementaría, incorporándolo una vez más al Mecanismo”.
“Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado mexicano investigue de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudiera tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, señaló la CIDH a través de un comunicado.
“La Relatoría reitera su profunda preocupación por la repetición de este tipo de actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente por el ejercicio de su libertad de expresión, en 2015 se registraron seis casos y en 2016 se reportaron once asesinatos de periodistas presuntamente vinculados con el ejercicio de su profesión”, recordó.
Anteriormente, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), habían condenado el asesinato del periodista guerrerense, y también exigieron a las autoridades llegar a resultados concretos en la investigación, y dar con el paradero de los responsables.
Por su parte, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que el periodista se había negado a acceder al mecanismo de protección, sugiriendo de esta manera que Pineda Birto había sido responsable de su asesinato.
Ante ello, el secretario general de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), Erick Chavelas Hernández, denunció que el Gobierno Federal busca deslindarse del asesinato del reportero: “Lo que decimos es que presenten una investigación antes de deslindarse y comiencen a echar culpas”.
