A principios de diciembre de 2016, quince niños fueron rescatados y nueve mujeres detenidas por la Procuraduría General de la República (PGR) cuando explotaban laboralmente a sus hijos en el Centro de Cabo San Lucas; según la relatoría de los hechos, las féminas se encontraban en las calles del centro junto a los menores, algunas con bebés en brazos y con niños con discapacidad, a los cuales les pedían vender productos como chicles, o que pidieran limosna a turistas.
Dichas actividades fueron consideradas como ilícitas por la PGR, las nueve mujeres fueron puestas a disposición, y en su momento el Juez Segundo de Distrito las consignó como imputadas por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación de menores. Al momento se sabe que se encuentran internas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) en el área del Centro de Observación y Clasificación desde el 6 de diciembre de 2016.
Al respecto, el Consejo de Organizaciones Indígenas del Estado señaló que el delito que se atribuye no es imputable, debido a que son usos y costumbres de los pueblos indígenas.
“Las autoridades federales en el Estado les atribuyen delitos que no son imputables, en este caso en el delito de trata, por lo que es necesario señalar definitivamente los usos y costumbres constituyen el núcleo, de lo que se conoce como derecho indígena en todo el país, y reconocido por nuestra constitución”, aseguró Gil Simeón Martínez, representante del Consejo de Organizaciones Indígenas en Baja California Sur.
A decir por el defensor, estas personas fueron privadas de su libertad y se están violentando sus garantías individuales por la autoridad federal, al no haber delito que perseguir y, por lo tanto, deben ser puestas en libertad.
“En Los Cabos fueron detenidas y privadas de su libertad nueve indígenas con los cargos de trata, por trabajar con su familia, de acuerdo a los usos y costumbres, hechos que nos indigna, nos molesta y nos inconformamos por este atropello y por la violación a los derechos humanos”, expuso.
En Baja California Sur existen más de 110 mil habitantes indígenas, por lo cual solicitan a la autoridad haya el respeto a los derechos humanos de cada uno sin discriminación, ya que gran en parte de los empleos a los que pueden acceder, son violentados sus derechos, incluso es sabido que algunos de los que operaban en el centro de Cabo San Lucas fueron jornaleros agrícolas, pero los engaños con que fueron traídos, los obligaron a buscar alternativas. Se sabe que algunas de estas personas fueron detectadas en la zona turística de Los Cabos desde 2013.
“Manifestamos que el Gobierno Federal, PGR, Gobierno del Estado y ayuntamientos deben garantizar los trabajos de hombres y mujeres indígenas que trabajan con sus familias”, agregó Gil Simeón.
Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco del aniversario del natalicio de Benito Juárez García, celebrado en la explanada del Palacio de Gobierno en Baja California Sur, además de solicitar la intervención del gobernador Carlos Mendoza Davis para interceder ante el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, en la revisión del caso para que las mujeres queden en libertad.
