Con 107 votos a favor y uno en contra, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma a Ley General de Educación, que el presidente Enrique Peña Nieto envió el pasado 1 de febrero, con la que se agilizan los trámites para la revalidación de estudios realizados en el extranjero, entre ellos a los mexicanos residentes en Estados Unidos que fueran deportados.
La reforma va dirigida a refugiados, asilados, migrantes internos y a los mexicanos que deseen obtener el registro oficial de estudios realizados en el extranjero, pero en especial a los “dreamers”, niños y jóvenes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular acompañando a sus padres, por lo que crecieron y vivieron en aquel país.
Con esta aprobación, la Cámara alta cumplió con el plazo constitucional y antes de un mes dictaminó las reformas a la Ley General de Educación, por lo que la remitió a la Cámara de Diputados, que tiene el mismo plazo de 30 días para votar dicha iniciativa.
El presidente de la Comisión de Educación, el senador Juan Carlos Romero Hicks -del Partido Acción Nacional (PAN)- expuso los supuestos beneficios de la reforma, como son la de facultar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para establecer mejores formas de control escolar, para diferentes momentos, inscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación.
“Probablemente la contribución más sustantiva es que la SEP tendrá que proponer un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad estudiantil del sistema educativo, tomando las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales que ya existen en 154 países”, dijo Romero Hicks.
Con la reforma la SEP podrá autorizar a instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial o retirarlos si hay un mal uso, así como a las públicas que en sus regulaciones no cuenten con facultad expresa para otorgar revalidaciones parciales.
Romero Hicks agregó que se faculta a la autoridad educativa a implementar acciones dirigidas a atender de manera preferente a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por carácter socioeconómico, de identidad cultural, de origen étnico nacional, situación migratoria, entre otras.
Asimismo, se obliga a la autoridad federal y local a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos, “[…] no se le pedirán a las personas acta de nacimiento, apostille, traducción, toda esta tramitología que tenía tiempos de respuesta sumamente lentos”, afirmó el senador.
Además, se establece además que la autoridad educativa pueda otorgar reconocimientos de revalidación y equivalencias y para eso van a simplificar al máximo para hacer los trámites de manera sencilla y rápida, con celeridad, imparcialidad, flexibilidad, asequibilidad.
La reforma prevé que el marco nacional de cualificaciones tendrá que estar listo en un año a partir de la vigencia. Una vez promulgada la ley, la SEP tendrá 60 días para acordar el marco jurídico del acuerdo secretarial 286.
Romero Hicks agregó que, sin duda, la SEP “tendrá que modificar el modelo educativo para atender a la población migrante, porque su dominio del castellano, su conocimiento de la historia, la geografía y la cultura es asimétrico con comparación con el resto de los educandos”.
