O se dieron cuenta que no era tanto dinero, que el abuso no valía la pena, o consideraron los alegatos del Poder Judicial, pero el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, que se había abalanzado a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre los dineros del Tribunal Superior de Justicia, ya reculó. Resulta que en la aprobación de la Ley General de Ingresos, los de Finanzas, titulados por Antonio Valladolid, habían determinado y así les fue aprobado, que “los derechos de pago de certificaciones deberán ser efectuados en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, presentando un pre-recibo que se expedirá por las cajas del fondo auxiliar del Poder Judicial del Estado, para que posteriormente los usuarios acudan a efectuar el pago a la oficina antes citada, donde se les expedirá un recibo oficial de ingresos que deberán presentar en los Juzgados a su cargo para la expedición de las certificaciones correspondientes”. Es decir, que ellos cobrarían por las copias que se emitieran en los Juzgados y después darían el dinero al Tribunal. Algo así como jinetear un poco los dineros producto de ingresos propios del Poder Judicial. Bueno, ya hasta planeaban instalar cajeros automáticos del Gobierno del Estado en los Juzgados para poder hacer los cobros rapidito. Pero nada. O fueron las buenas labores de cabildeo del presidente del Tribunal, Jorge Armando Vásquez, o en la administración de Vega se dieron cuenta que poco más de 2.5 millones de pesos que capta el Tribunal por concepto de copias, no era para tanto.
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