El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el en el Acta de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Kingpin Act, en inglés), por supuestamente colaborar con el narcotráfico. Con dicha medida, el gobierno estadounidense congeló cualquier tipo de activos que el funcionario tenga en aquel país.
Según el Departamento del Tesoro, El Aissami jugó un papel clave en un esquema de tráfico de drogas y supuestamente supervisó operaciones ilícitas, como el envío de cargamentos de droga a México con destino final a Estados Unidos, de las cuales obtuvo un beneficio económico significativo.
La inclusión de El Aissami -nombrado vicepresidente el pasado 4 de enero de 2017 por Nicolás Maduro Moros- en la lista, es producto de una investigación de varios años, de la que dio cuenta primero, el diario The Wall Street Journal, desde el año 2015, “bajo sospecha de convertir a Venezuela en un centro global de la cocaína”.
Se trata de la primera medida de sanción financiera a un funcionario extranjero impuesta por el gobierno de Donald Trump desde que llegó al poder, y se da el mismo día que el pleno del Senado debía aprobar la nominación de Steven Mnuchin como nuevo secretario del Tesoro, y quien será el encargado de administrar el programa de sanciones de Washington, como las que rigen sobre Cuba, Irán o Rusia.
El Tesoro coordina con el Departamento de Estado este tipo de sanciones sobre personas o países que considera que tienen vínculos con organizaciones ilegales, como carteles narcotraficantes o grupos terroristas y para eso dependen de la información recabada por las agencias de inteligencia.
El Aissami, de 42 años de edad, es abogado criminólogo, y fungió como ministro de Interior y Justicia de Hugo Chávez Frías. Ha sido, también, diputado en el Parlamento, viceministro de Seguridad Ciudadana, ministro de Relaciones Interiores durante cuatro años, y hace poco fue gobernador del estado Aragua. Además, forma parte de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Según la cadena Univisión, en octubre de 2010, el tercer hombre más buscado por la a Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el narcotraficante venezolano Walid Makled aseguró al diario El Nacional que había pagado 100 mil dólares al hermano del actual vicepresidente para manipular a la policía en el estado Aragua.
“Me comentó que si yo tenía alguna otra cosa más, algún otro negocio, que le dijera, que él estaba a la orden porque necesitaban dinero. Esas fueron las palabras y las expresiones de Firaz”, declaró Makled, condenado a 14 años de prisión en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Luego de conocerse los señalamientos del capo, el primero que salió en su defensa fue el entonces presidente Chávez: “Estoy absolutamente seguro de la honestidad, la transparencia y el carácter revolucionario verdadero del ministro Tareck El Aissami […] Salgo en defensa de mi ministro, mi compañero y amigo, eche pa’ lante Tareck”, dijo.
En 2009, el entonces ministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami también fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente haber emitido pasaportes venezolanos a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá.
Las autoridades de EU lo denunciaron, además, por supuestamente reclutar a jóvenes venezolanos de origen árabe, para supuestamente ser entrenados en campos de Hezbolá en el sur del Líbano. También ha sido señalado en Estados Unidos por acumular un enorme poder político y económico, y comprar una importante red de medios de comunicación a través de testaferros.
Univisión señala que su designación como vicepresidente en enero pasado generó todo tipo de especulaciones, ya que si Maduro abandonara el cargo de presidente por algún motivo, El Aissami tomaría las riendas del Ejecutivo hasta completar el periodo en 2019, sin necesidad de convocar elecciones.
Además, desde la vicepresidencia de la República venezolana controla el Sebin, la policía política que se ha encargado de investigar y detener a distintos líderes de la oposición venezolana. Por otro lado, Maduro lo puso al frente del denominado “Comando nacional antigolpe”, instancia creada por el presidente venezolano para enfrentar los supuestos planes conspirativos que buscan derrocarlo.
