Entre los pasillos del Congreso de Baja California Sur circula la versión extraoficial sobre la reciente aprobación de la pensión vitalicia para magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), a la que hace algunos días se determinó dar marcha atrás.
Se menciona que fue un acto de inocencia por parte del diputado panista Alfredo Zamora García, quien fungía como presidente de la Mesa del Honorable Congreso del Estado.
Según datos obtenidos por ZETA, la propuesta habría llegado a las manos del legislador el 20 de noviembre de 2016 y no se presentó hasta el 14 de diciembre, esto es, 24 días posteriores, para que un día después de presentarla, apuntado como el día quince para ser sometida a votación y en su caso aprobación; acción que llevó a la diputada Maritza Muñoz a catalogar a su compañero de partido como un “diputado chamaqueado”.
“Yo creo que en todo sentido, cada quien deberá asumir la responsabilidad de que si a cada quien nos chamaquearon, dependiendo de la carga de responsabilidad que nosotros teníamos, si yo he de asumir mi responsabilidad porque a mí me chamaquearon al tener que sacar el tema del presupuesto, pues he de decir que sí”, lanzó.
Evidentemente el proceder de Zamora García generó molestia, repudio e indignación por parte de ciudadanos, cámaras empresariales y diversos sectores sociales, debido a los graves problemas económicos en los que se veía expuesto Baja California Sur, con una austeridad obligada en todos los sectores, menos en el Tribunal; sin embargo, al interior del Congreso existen justificaciones en las que se dice no fue una aprobación nueva de esta Legislatura, sino un tema que ya estaba estipulado.
No obstante, Alfredo Zamora justificó: “Existe una molestia ciudadana pero hay que subrayar con toda puntualidad: no es esta Legislatura la que está iniciando el tema, la que les está dando los haberes (de retiro) a los señores magistrados; es una prerrogativa que tiene muchos años, no quiero subrayar si fue desde la Constitución, pero podría ser desde los ochentas; en la Constitución los señores magistrados tienen un haber de retiro”.
Y en su momento, Joel Vargas Aguiar, diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), argumentó: “En estos tiempos son cuestiones que debemos analizar en virtud de los momentos que vive el país, ya lo hemos platicado con los diputados, sin duda lo vamos a modificar, hay que reconocer el derecho que tienen los magistrados del haber no solamente por el tema de una Ley reglamentaria, sino por un tema constitucional”.
Ante los señalamientos y duras críticas por los sectores sociales ya mencionados, el viernes 27 de enero, el Congreso informó que se daría marcha atrás a una pensión vitalicia, solo sería un pago durante un periodo no mayor a dos años.
“Este documento propone que los magistrados reciban este beneficio solamente por espacio de dos años y no en forma vitalicia, el haber será recibido una vez que concluyan su responsabilidad a los seis o doce años de desempeño.
“La cuestión es que el Artículo 8 es una reglamentación que está ya establecida en la Constitución, pero ciertamente se da con todos estos casos que se viene lo del gasolinazo y ciertamente la ciudadanía tiene la razón de estar molesta por toda esta pensión vitalicia que se estaba manejando”, expuso Muñoz Vargas.
Aunque la propuesta emitida por magistrados fue votada fast track, aseguran la modificación a la Ley orgánica sí se leyó al interior del Congreso.
“No es cuestión de que no la hayamos leído, es algo que ya está regulado en la Constitución Política, era una armonización que se estaba dando, esa discusión y criterio de la comisión, dejarla tal y como estaba”, refirió la diputada.
La sesión del Congreso destacó por la ausencia del presidente de la Sesión Permanente, Sergio García Covarrubias, quien habría asegurado, el tema del magistradazo se abordaría en la siguiente reunión. Asimismo, se tenía presente dentro de la orden del día la lectura para la prometida sesión extraordinaria, sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación, Joel Vargas Aguiar, tampoco asistió y el tema se pospuso.
Diputados de oposición como Guadalupe Rojas, de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), externaron su molestia ante la situación, ya que tales temas no deben seguir posponiéndose, al ser lo que verdaderamente afecta a los pobladores.
“No tenemos que seguirle dando largas al asunto, es un asunto sensible que la población requiere respuestas, cuál va a ser nuestra postura en cuanto a un plan de austeridad”, denunció.
El Congreso del Estado se ha mostrado insensible ante los ciudadanos, al mantenerse sin un plan de austeridad.
