Columna Invitada
Dr. Arnoldo A. Castilla García
Volviendo al problema de Baja California, estamos frente a una sociedad demandante de seguridad, educación, salud y honradez en el manejo de la agenda pública.
¿A qué se atribuye la situación que se está viviendo en el Estado de Baja California?
R.- A la percepción social de que el Estado resulta ineficiente en el cumplimiento de sus funciones.
No hay retroalimentación entre Estado y sociedad. La ciudadanía no participa en la toma de decisiones fundamentales. Los partidos políticos mayores, PRI, PAN, PRD, no tienen vínculos de comunicación con la sociedad y si bien existe en la Ley de Participación Ciudadana instrumentos jurídicos para este fin, el gobierno no los utiliza y la Ley dificulta valerse de esos instrumentos, y es un solo grupo de poder el que decide las políticas gubernamentales.
¿Cuáles son los instrumentos que pueden permitir la comunicación entre sociedad y gobierno en la toma de decisiones políticas, gubernamentales, económicas, educativas, etc.?
R.- Consulta pública, plebiscito, referéndum, revocación de mandato (aún no contemplado en la Ley), todo esto para construir caminos hacia un Estado social, democrático y de derecho.
¿Qué bienes jurídicos sirven de sustento al Estado social, democrático y de derecho?
R.- La democracia, la rendición de cuentas y la seguridad.
¿Cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos?
R.- Responsabilidad civil como cualquier otro ciudadano, responsabilidad administrativa derivada de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que trae aparejada la suspensión en el empleo, cese de la función pública, multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Para los servidores públicos incluidos en la lista contenida en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe la responsabilidad penal previo juicio de procedencia (coraza protectora que tiene que ser nulificada para poder procesar penalmente, conocida anteriormente como fuero), juicio político, que se aplica por violación a la Constitución o cuando se atenta contra el interés superior de la nación.
¿Qué normas penales se aplican a los servidores públicos?
R.- Todas las contenidas en las leyes penales y en particular los delitos cometidos por servidores públicos que contiene el Código Penal: ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, coalición, cohecho, peculado, concusión, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones ilícitas, intimidación, tráfico de influencias, tortura, enriquecimiento ilícito, delitos contra la administración pública, y los contenidos en los tratados internacionales.
¿Cuáles son las defensas contra los malos funcionarios públicos?
R.- 1. El voto electoral. 2. Tipos penales que sancionan la violación de derechos humanos. 3. Delitos contra la procuración y administración de justicia.
Otra defensa contra malos funcionarios públicos es el amparo, acciones de inconstitucionalidad, etc.
En conclusión existen las vías jurídicas para prevenir y sancionar a los malos servidores públicos aunque debemos reconocer que las leyes tienen fallas creadas intencionalmente para convertir estas normas jurídicas en inaplicables a los malos funcionarios, que dependen del ejecutivo y en algunos subyace el interés de los grupos de poder de mantenerlas inoperantes, por ejemplo: negando establecer la autonomía del procurador de justicia no aplicando los juicios de procedencia a pesar de la configuración de delitos por parte de un servidor publico, o dificultando la responsabilidad política a pesar de que la conducta del servidor público es contraria a la Constitución Federal de la República, o no sancionando las responsabilidades administrativas.
En México se carece de check balance, es decir, del sistema de pesos y contrapesos en el que un órgano de gobierno vigila a otro y a su vez otro órgano lo vigila a él.
El voto electoral es también una forma de control de la conducta de los servidores públicos, no votando la ciudadanía por los malos funcionarios, para ello se requiere formación democrática y educación política.
Debemos de considerar también que la inseguridad que permea nuestro país dificulta el ejercicio democrático ya que son los grupos de delincuencia organizada los que gobiernan algunos estados de la república e imponen decisiones acordes a los intereses del crimen organizado.
La lucha debe darse hasta llegar a establecer una revocación de mandato de trámite ágil y certero, no negociable, por lo tanto es necesario lo siguiente:
Romper con la partidocracia y aplicar la comunicación directa sociedad y Estado.
Garantizar la autonomía, económica, administrativa, política y técnica del Ministerio Público.
Fortalecer los órganos de Derechos Humanos operantes en el Estado.
Reformar el Código Penal elaborado penas para delitos cometidos por Servidores Públicos, siendo éstos imprescriptibles para evitar la validez del voto y el honrado manejo de la cuenta pública y tomando en consideración que las contralorías y la secretaría de Seguridad Pública no han funcionado como deberían, es urgente la creación de una institución autónoma que vigile para tener un adecuado manejo de la cuenta publica y sancione cualquier ilícito penal o administrativo.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
Volviendo al problema de Baja California, estamos frente a una sociedad demandante de seguridad, educación, salud y honradez en el manejo de la agenda pública.
¿A qué se atribuye la situación que se está viviendo en el Estado de Baja California?
R.- A la percepción social de que el Estado resulta ineficiente en el cumplimiento de sus funciones.
No hay retroalimentación entre Estado y sociedad. La ciudadanía no participa en la toma de decisiones fundamentales. Los partidos políticos mayores, PRI, PAN, PRD, no tienen vínculos de comunicación con la sociedad y si bien existe en la Ley de Participación Ciudadana instrumentos jurídicos para este fin, el gobierno no los utiliza y la Ley dificulta valerse de esos instrumentos, y es un solo grupo de poder el que decide las políticas gubernamentales.
¿Cuáles son los instrumentos que pueden permitir la comunicación entre sociedad y gobierno en la toma de decisiones políticas, gubernamentales, económicas, educativas, etc.?
R.- Consulta pública, plebiscito, referéndum, revocación de mandato (aún no contemplado en la Ley), todo esto para construir caminos hacia un Estado social, democrático y de derecho.
¿Qué bienes jurídicos sirven de sustento al Estado social, democrático y de derecho?
R.- La democracia, la rendición de cuentas y la seguridad.
¿Cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos?
R.- Responsabilidad civil como cualquier otro ciudadano, responsabilidad administrativa derivada de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que trae aparejada la suspensión en el empleo, cese de la función pública, multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Para los servidores públicos incluidos en la lista contenida en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe la responsabilidad penal previo juicio de procedencia (coraza protectora que tiene que ser nulificada para poder procesar penalmente, conocida anteriormente como fuero), juicio político, que se aplica por violación a la Constitución o cuando se atenta contra el interés superior de la nación.
¿Qué normas penales se aplican a los servidores públicos?
R.- Todas las contenidas en las leyes penales y en particular los delitos cometidos por servidores públicos que contiene el Código Penal: ejercicio indebido y abandono de funciones públicas, abuso de autoridad, coalición, cohecho, peculado, concusión, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones ilícitas, intimidación, tráfico de influencias, tortura, enriquecimiento ilícito, delitos contra la administración pública, y los contenidos en los tratados internacionales.
¿Cuáles son las defensas contra los malos funcionarios públicos?
R.- 1. El voto electoral. 2. Tipos penales que sancionan la violación de derechos humanos. 3. Delitos contra la procuración y administración de justicia.
Otra defensa contra malos funcionarios públicos es el amparo, acciones de inconstitucionalidad, etc.
En conclusión existen las vías jurídicas para prevenir y sancionar a los malos servidores públicos aunque debemos reconocer que las leyes tienen fallas creadas intencionalmente para convertir estas normas jurídicas en inaplicables a los malos funcionarios, que dependen del ejecutivo y en algunos subyace el interés de los grupos de poder de mantenerlas inoperantes, por ejemplo: negando establecer la autonomía del procurador de justicia no aplicando los juicios de procedencia a pesar de la configuración de delitos por parte de un servidor publico, o dificultando la responsabilidad política a pesar de que la conducta del servidor público es contraria a la Constitución Federal de la República, o no sancionando las responsabilidades administrativas.
En México se carece de check balance, es decir, del sistema de pesos y contrapesos en el que un órgano de gobierno vigila a otro y a su vez otro órgano lo vigila a él.
El voto electoral es también una forma de control de la conducta de los servidores públicos, no votando la ciudadanía por los malos funcionarios, para ello se requiere formación democrática y educación política.
Debemos de considerar también que la inseguridad que permea nuestro país dificulta el ejercicio democrático ya que son los grupos de delincuencia organizada los que gobiernan algunos estados de la república e imponen decisiones acordes a los intereses del crimen organizado.
La lucha debe darse hasta llegar a establecer una revocación de mandato de trámite ágil y certero, no negociable, por lo tanto es necesario lo siguiente:
Romper con la partidocracia y aplicar la comunicación directa sociedad y Estado.
Garantizar la autonomía, económica, administrativa, política y técnica del Ministerio Público.
Fortalecer los órganos de Derechos Humanos operantes en el Estado.
Reformar el Código Penal elaborado penas para delitos cometidos por Servidores Públicos, siendo éstos imprescriptibles para evitar la validez del voto y el honrado manejo de la cuenta pública y tomando en consideración que las contralorías y la secretaría de Seguridad Pública no han funcionado como deberían, es urgente la creación de una institución autónoma que vigile para tener un adecuado manejo de la cuenta publica y sancione cualquier ilícito penal o administrativo.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
