En el marco del centenario de la Constitución Política de 1917, máxima Ley en México, varios grupos de ciudadanos y organizaciones marcharon contra acciones de gobierno – municipal, estatal y federal – que afectan a las familias. Es la quinta movilización semanal consecutiva en Tijuana.
El contingente arrancó del Monumento al Libro de Texto Gratuito – como ya se ha vuelto costumbre – al mediodía para dirigirse a monumento a Cuauhtémoc; ahí se fragmentó: el grupo Ciudadanos Unidos Sin Límite, liderado por el profesor Juan Ramírez Sánchez, que está siendo investigado por los actos de violencia entre manifestantes y policías municipales el domingo 22 de enero, y la Asamblea Popular de Tijuana, mote con el que se conjuntan por lo menos diez organismos ciudadanos.
El primer grupo se quedó en la estatua del emperador azteca, mientras que el segundo orientó su recorrido al Centro del Gobierno del Estado en Tijuana, donde realizaron un evento cultural que se materializó en un concierto gratuito de la banda local de la ciudad, Tijuana No. La movilización fue dividida: los alrededor de mil 500 asistentes tuvieron que decidir a qué contingente pertenecer, lo que provocó que el acumulamiento de personas en cada punto fuera considerablemente menor.
Foto: Agustín Reyes
Fueron justamente los actos de violencia los que generaron que el grupo liderado por Ramírez Sánchez fuera expulsado de la Asamblea, y no pudiera tomar parte de las actividades de ésta. Las opiniones contra el apodado como “El Profe” fueron en su mayoría negativa de parte de sus detractores:
“Del señor (Juan Ramírez) les pido por favor que ya no hablen porque le están dando más fama, es una gente que nos ha avergonzado todos. A mí y al gremio médico nos ha hecho un gran daño: su actitud violenta es absurda, nadie lo aprecia; él es un sujeto que está desquiciado y ya perdió el piso”, consideró Enrique Schulz Robles, presidente del Colegio de Médicos de Tijuana.
En el mitin del monumento a Cuauhtémoc participaron diversas organizaciones obreras y campesinas, que destacaron el pliego petitorio que fue presentado al Ayuntamiento de Tijuana, cuyos 24 puntos de petición están sido revisados por la Comisión de Régimen Interno del Cabildo, que preside el regidor Arnulfo Guerrero León.
Mientras que Alejandra Rivera, joven perteneciente a la Asamblea Popular, explicó que se comenzará a difundir el pliego petitorio que un grupo de inconformes presentarán al Gobierno del Estado, que entre otras cosas pugna porque la autoridad rompa cualquier trato con la empresa cervecera transancional Constellation Brands.
Entre las principales exigencias de los inconformes se encuentra, tal y como ha sido desde el primer día de 2017, el incremento en los costos del combustible y los intentos de concesionar el servicio de agua potable en el Estado y otros servicios que son obligación del Ayuntamiento, el Gobierno Estatal y la Federación.
Una vez más, la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, y, en menor medida, del presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, estuvo en boca y se hizo presente en las consignas.
“Debemos seguir aglomerando cada vez más gente, cada vez más conciencia civil, y cada vez tener más posibilidades de una lucha conjunta, que cada uno de nosotros tenga un acercamiento real al gobierno”, expresó Schulz Robles.
A diferencia de las movilizaciones pasadas, más de 30 camiones de carga pesada participaron en la marcha, que cruzó los bulevares Salinas y Cuauhtémoc. Enrique González Preciado, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Operadores Mexicanos Asociación Civil, manifestó que producto de alza en la gasolina, los transportistas “están operando en números rojos”.
Por eso esperan que la Federación actúe para bajar los precios, o en su defecto obtener otro tipo de estímulos fiscales porque “no les alcanza”; las pérdidas del sector redundan en el 60 por ciento.
Juan Manuel Leal Venegas, abogado que ha organizado la recabación de firmas para solicitar al Instituto Estatal Electoral un referéndum en contra del Decreto 57, que permite a la administración estatal concesionar el servicio de agua a un grupo de empresas, explicó:
“Queremos cerrar con 35 mil (firmas) como con la Ley del Agua, ahorita entregamos 300 formatos, el compromiso es que cada una de esas personas los lleven”. El día miércoles 8 de febrero culmina el acumulamiento de firmas, el jueves 9 se prepara el paquete y el viernes 10 de enero será entregado al Órgano Electoral.
En el punto de protesta localizado en el Centro de Gobierno había tres módulos: el primero recolectando firmas de apoyo ciudadano para conseguir un juicio político contra los legisladores locales que votaron a favor de la Ley de Agua en diciembre de 2016, que se constituya un frente contra cualquier intento de privatizar el servicio, así como la invitación a formar parte de la Asamblea Popular, registrando nombre y número de teléfono.
Producto de la movilización social, Vega dio marcha atrás en su primer intento de Ley del Agua, y la obligación de pagar más de mil pesos para cambiar la lámina de identificación vehicular; en el ámbito federal, se consiguió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de José Antonio Meade Kuribreña no aumentara el costo de la gasolina, tal y como estaba programado para los primeros días de febrero.
