Desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno del Estado y el Federal, una persona de nombre Antonio Hernández Espinosa llegó a los plantones con charola en mano. Afirmó ser del cuerpo diplomático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluso se inscribió como observador en las mesas de negociación donde participó el alcalde Gustavo Sánchez.
El organismo se hace llamar Organización Diplomática Internacional de Mujeres, Niños, Grupos Indígenas y LGTB, la cual es una asociación civil y no es parte de la ONU como dijeron, de hecho ahora son alrededor de cinco personas las que se entrevistan con autoridades y manifestantes.
El grupo de personas encabezadas por Hernández cuenta con charolas y chalecos que impresionan a los incautos, incluso a funcionarios que realmente han creído su mentira.
La AC, establecida en Monterrey, Nuevo León, y de la cual no se encontraron datos ante el Registro Público de la Propiedad, es encabezada por Iván Martín del Campo Riebeling, quien, según nota de Milenio publicada en febrero de 2016, fue acusado penalmente por Roberto Gil Zuarth en su calidad presidente de la mesa directiva del Senado, por el delito de usurpación de funciones, ya que también se ostentó como coordinador nacional de Derechos Humanos.
La organización, que ya tiene sede en Baja California, o por lo menos así lo exhibe una cuenta de Facebook que abrieron recientemente, no tiene relación con la ONU, ni se encuentra en el registro de organizaciones asociadas. Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no cuenta con ningún vínculo con esta organización.
Lo curioso de esta “organización diplomática” es que ante el presidente del Congreso del Estado, Ignacio García, aseguró que la CEDH quiso obligar a los 13 detenidos en Mexicali a firmar una declaración en blanco y que gracias a su gestión fueron liberados.
Espinosa dijo ser coordinador y fiscal federal en Derechos Humanos, cargo que hasta donde entendemos no existe en la ONU, además, el organismo internacional no emite recomendaciones como lo hacen la CNDH y CEDH, según información consultada con un experto en el tema.
Fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia del Estado señalan que uno de sus integrantes pudiera ser una integrante del ministerio público, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.
Va de regreso
Llama la atención lo sucedido en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno del Estado y Municipios de Baja California (ISSSTECALI) con el tema de los descuentos en casos de pensiones y jubilaciones, y la reciente decisión de un Juzgado federal que obligó al organismo a regresar el monto -descontado de manera ilegal-, medida que directamente beneficiaría a cerca de 350 jubilados que interpusieron la demanda, en la que están involucrados unos 8 mil jubilados que actualmente tiene el organismo.
Foto: Cortesía/Regresan lo descontado
Se trata de un descuento relativo al Seguro de Enfermedades No Profesionales, de Maternidad Reserva Técnica que el Instituto ha venido aplicando a jubilados y pensionados. Un grupo de éstos, asesorados por el abogado Guillermo Rivera, interpuso un recurso -amparo indirecto-, instancia que acaba de resolver a favor de los primeros 134 casos de demandantes, aunque hay otros 350 en lista de espera.
Esta semana el ISSSTECALI tuvo que hacer la devolución física del descuento de enero -entregarles los cheques a un pequeño grupo, además, ya no se les realizará esa retención en sus pagos mensuales.
Lo curioso es que el Instituto cuenta con 8 mil jubilados y pensionados -abarca magisterio estatal y burocracia- y el obvio temor desde el organismo es que se viniera una andanada de demandas similares.
El monto pudiera no ser tan importante -que sí lo es-, sino la acción ilegal que ahora cuestionan. Por lo pronto esta semana, ocho jubilados del ISSSTECALI ya recibieron su cheque.
Tensión sindical
Y hablando de la burocracia, donde aún no se ha definido la sucesión es en la dirección del gremio en el Sindicato de Burócratas Sección Mexicali. Apenas la semana anterior se realizó la elección, a la que acudieron 5 mil 230 empleados gubernamentales que incluyen Ayuntamiento, Congreso, Gobierno del Estado, Poder Judicial, paraestatales y paramunicipales.
Foto: Sergio Haro/Burocracia, votación
Y es que, ungida como comisión electoral, la cuestionada dirigente -y diputada por el PAN- Victoria Bentley rechazó los registros de cuatro de los aspirantes y al quedar solo una planilla -según su óptica, dizque avalado con los estatutos-, ésta llegaba en automático y en esa línea tomó protesta uno de sus cercanos, como “nuevo” secretario general. Obvio decir que Bentley declaró inválida la elección, la cual se efectuó en un estacionamiento ubicado en el Centro Cívico, a media cuadra del edifico sindical que no les fue facilitado.
En las urnas el ganador resultó ser Lázaro Mosqueda e inmediatamente interpusieron un recurso ante el Tribunal de Arbitraje, sobretodo porque ese organismo acordó desde el viernes 10 de febrero, otorgarle la llamada Toma de Nota -el registro oficial- y esa instancia debe resolver la admisión del recurso de revisión que fue presentado; se supone esto sería a más tardar hoy viernes 17. El siguiente paso tendría que ser en los siguientes tres días para que el tribunal decida si revoca o no la decisión que tomaron.
Para esto han presentado urnas, papeletas, listados, todo con fe del notario público número 11, Rigoberto Cárdenas.
Foto: Internet/Genaro Díaz
De acuerdo a los estatutos del Sindicato de Burócratas, los dirigentes deben elegirse en asamblea general extraordinaria, aunque Victoria Bentley optó por aplicar la Base 22 de la convocatoria, donde se asentaba que “cualquier asunto no previsto sería resuelto por el Comité Seccional”. Aun en caso de una decisión en contra, los burócratas que apoyan a Mosqueda podrían optar por recurrir a un Juzgado de Distrito.
El caso es que el convulsionado proceso electoral aún no termina. (Con información de Cristian Torres)
