La ley del agua destapó muchos hoyos ocultos detrás de un telón que aparentaba gobernabilidad: de tajo el gobernador se enteró que la gente estaba harta de su informalidad, y que en la sociedad permeaba la idea de que era un hombre deshonesto; la gran mayoría de los legisladores quedaron al descubierto en su inoperancia, ignorancia, deshonestidad, ausencia de fiscalización y falta de compromiso social. Se descubrieron como una caterva de inútiles de cuya conducta se desprendían consecuencias funestas para la economía y viabilidad del estado; los alcaldes, sobre todo los de Tijuana y Mexicali, quienes aparentemente no tenían vela en el entierro, han quedado heridos en el fuego cruzado que se desató entre ciudadanos, congreso y gobierno del estado. Al calor de las manifestaciones fuente ovejuna volteó hacia ellos con inquina y recordó que también ellos estaban subiendo impuestos sin rendir cuentas ni transparencia.
Hoy los ayuntamientos no funcionan porque su poder carece de legitimidad suficiente, una vez que fueron electos por minorías; se enfrentan a problemáticas que no pueden resolver porque carecen de herramientas políticas y legales, peo al mismo tiempo en la ausencia de fiscalización del ejercicio de su poder, se incuba el peor de los virus: la corrupción, moral, ética y económica. Al respecto, ¿qué es lo que podemos hacer después de marchar?
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La clave está en el servicio civil de carrera, el referéndum y plebiscito, la fiscalización, y la cultura democrática: el servicio civil de carrera sacaría a los partidos de la administración pública municipal y permitiría la generación de expertos en la operación de las responsabilidades del ayuntamiento; el referéndum y plebiscito obligatorio para ciertas decisiones municipales implicaría un verdadero control ciudadano en el gasto público, la operación y planeación municipal y el nivel de endeudamiento; la fiscalización, que no hacen regidores y diputados, es una cuestión de diseño constitucional pues la ley está hecha para impedir la fiscalización y propiciar el consenso. Si cambiamos esta realidad y generamos un marco legal que propicie una democracia de oposición, veríamos florecer la transparencia y la eficiencia; la cultura democrática es indispensable para que no se reproduzcan, como consecuencia de la decepción, conductas ciudadanas antisociales o anarquistas que empeoran la situación.
La ciudad es la verdadera patria, es a ella a la que pertenecemos y nos debemos sin duda alguna, en ella desarrollamos nuestros sueños y nos relacionamos, pero han sido tomadas por una especie de raza cargada de vicios e intereses particulares, desprovistos de empatía y responsabilidad social, dispuestos cínicamente a esquilmar y robar a sus vecinos sabedores de que la posibilidad de ser sancionados legalmente es muy lejana y que ante la falta de cultura política, la sanción social, es difícil que se configure más allá de los lugares comunes que se profieren. Si este empoderamiento ciudadano que estamos viviendo persiste en su condición reactiva y no termina por imponer con seriedad cambios de diseño, servirá de poco.
Este es un tiempo de oportunidad, pero la crispación y la estrategia egocéntrica, excluyente, inoperante y vacilante de quienes se auto nombran “el movimiento” parece reducir las posibilidades de éxito. Veremos el saldo después de marchar.
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Jesús Alejandro Ruiz Uribe es Doctor en Derecho Constitucional, ex diputado local, rector del Centro Universitario de Tijuana en el estado de Sonora y coordinador estatal de Ciudadanos Construyendo el Cambio, A.C.
