El sector empresarial ve como un “requerimiento de urgencia para cualquier gobierno” el instrumentar medidas para garantizar el sano funcionamiento de la administración pública. Por eso se llevó a cabo una reunión de trabajo con la ponencia “Construcción del Sistema Estatal Anticorrupción Estatal”, con miras a que los ciudadanos sean vigilantes de los recursos que aplican sus gobernantes.
Según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Fabricio González, con la aprobación Baja California Sur da un gran paso en la búsqueda de erradicar las malas prácticas de los servidores públicos. Solo falta revisar cómo quedó la Ley, y esperar que legisladores locales no rasuren la propuesta hecha por el Ejecutivo estatal.
“Una vez que se apruebe esta reforma constitucional, vendrá la construcción de las leyes secundarias Administrativas, la Ley de la fiscalía, la Ley de los tribunales; todas estas leyes secundarias que emanan precisamente del mandato de la reforma constitucional. Estar al pendiente de que el Congreso local no rasure en perjuicio, y que lo que se añada sea en beneficio”, aseguró.
Recientemente se sostuvo una mesa de trabajo con servidores públicos estatales, con la intención de realizar mecanismos para llevar una administración libre de corrupción. Por ello se pretende la creación de una línea 01-800, un programa piloto a nivel nacional con el cual los ciudadanos podrán denunciar cualquier acto de corrupción.
“La línea 01-800 NO-MÁS viene siendo una línea que va a permitir a los sudcalifornianos hacer denuncias por corrupción de servidores públicos tanta federales, estatales y municipales, es un plan piloto a nivel país, seremos dos primeros Estados en principio los que tendremos la oportunidad y el beneficio de participar en ellas, Hidalgo y Baja California Sur”, expuso González.
Por otro lado, el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de la COPARMEX, Alejandro Ríos, resaltó que es vital que las contralorías den resultados, sobre todo que investiguen a funcionarios públicos y les sancionen por violaciones a la Ley, ya que en la mayoría de los casos, la sanción solo es mediática, pero en la vida real los ex servidores públicos señalados gozan de plena libertad.
“El que las contralorías no hagan su trabajo lo único que va a hacer es desmotivar a la población, y una vez que desmotives a la población, la población tiene esa característica, o tiene esa obligación de juntarse y exigir a la contraloría. Capacitarlos y decirles ‘esto es lo que puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer’, por si rompes esta Ley, vas a ir a la cárcel”, explicó.
El 16 de diciembre de 2016, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, presentó la propuesta para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado la tarde del lunes 13 de febrero.
De manera unánime, los legisladores del Estado dieron luz verde para que todos los servidores hagan uso óptimo de los recursos y servicios públicos.
“Se reforman diversos artículos de la Constitución Política de Baja California Sur para el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad y su implementación”, dijo Joel Vargas Aguiar, diputado del Partido revolucionario Institucional (PRI).
Mientras que la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosa Delia Cota Montaño, destacó que actualmente existe una mancuerna entre gobiernos estatales y Federal en el seguimiento a cada propuesta presentada por la Federación, y lo único que están haciendo los diputados locales, es darle juego a las propuestas y acuerdos.
“Las leyes estatales marcan al son que les marca la Federación, si ésta dice que hay que privatizar nuestros servicios públicos a través de las asociaciones público privadas y los contratos de prestaciones de servicios, inmediatamente lo proponen e imponen; si dice que existe corrupción, pues que exista corrupción en el Estado, que para eso formularemos una Ley imperfecta o igual para acabar con ese mal que se llama corrupción”, complementó.
Además de presentar modificaciones a la Constitución Política de Baja California Sur, el sistema contará con una fiscalía con amplias facultades para sancionar actos ilícitos. El fiscal podrá ocupar el cargo por cuatro años, siendo nombrado por una propuesta emitida por el gobernador; quedan excluidos los encargados del despacho del Ejecutivo, contralor, procurador fiscal especializado en combate a la corrupción, diputado local y alcalde.
De igual manera, incluye a un comité coordinador y otro de participación ciudadana conformado por cinco ciudadanos.
“A la participación ciudadana toca ahora normar la actuación de nuestros funcionarios y servidores públicos, bajo principios dictados por medio del Decreto del 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se reforman, ambicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución”, remató el diputado priista Joel Vargas.
Durante 2015, en Baja California Sur se registró un 93.3 por ciento de casos donde personas aseguraron haber sido víctimas de actos de corrupción.
