El gobierno de Peña Nieto anunció la de
volución de recursos a adultos mayores
sin una estrategia para agilizar el trámite,
el cual puede tardar meses y hasta años.
Duplicidad en cuentas, errores en actas e
e nacimiento y homónimos, son
aprovechados por las ahorradoras para
retrasar la entrega de recursos, advierte
especialista
El 12 de enero, el Gobierno Federal firmó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que permite devolver recursos del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) a 3.2 millones las personas mayores de 65 años. Sin embargo, el trámite es complicado.
La estrategia anunciada por el Presidente Enrique Peña Nieto contempla tres maneras de obtener la recuperación de las aportaciones acumuladas entre el 1 de mayo de 1992 y el 30 de junio de 1997: una llamada telefónica, ingreso a un portal del SAR o de plano acudir a las ventanillas de prestaciones económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no hay simplificación en el proceso.
Un adulto mayor entrevistado por ZETA dijo que no le ha sido fácil hacer el trámite, de entrada no sabe usar internet y buscó ayuda para vía electrónica, pero el portal tenía problemas; en segunda instancia intentó una llamada telefónica al SAR y no logró que le respondieran.
Una ex empleada del IMSS (quien no quiso dar su nombre) dijo que desde 2010 está tramitando su pensión y radicó la demanda correspondiente; hasta el momento sigue sin recibir sus recursos, ya que constantemente le piden más documentación.
De acuerdo al despacho Rodríguez, especialista en seguridad social, la recuperación de recursos ha sido muy complicada porque las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) prefieren seguir reinvirtiendo los recursos en lugar de entregarlos a los propietarios.
La realidad es que los ahorros de los trabajadores son invertidos en la cartera gubernamental y la deuda privada nacional, lo que no les representa mayores ganancias al momento de su retiro, pues si bien son seguros, las tasas de interés son muy bajas, explicó un economista consultado por ZETA.
De acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), el dinero gestionado por las Afores en 2015 representó el 50.2 por ciento en cartera gubernamental, en tanto que para 2016 fue de 52.8%, rubro seguido de la Deuda Privada Nacional que se ubicó en 20% y para el año pasado fue de 19.9%. Dicho monto ha ido en aumento a partir de 2008.
Las firmas no solo se han quedado cortas en la diversificación de su portafolio para que los ahorradores tengan mayor rendimiento al momento de su retiro, además, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), en la presente administración los conflictos generados por reclamos de aportaciones por dicho ente financiero y al SAR han sido los principales asuntos de las 287 mil 418 asesorías otorgadas, lo cual representa el 26.1% del total de asuntos atendidos.
La caja chica
A nivel nacional se habrán de regresar 54 mil millones de pesos que corresponden a las aportaciones de los trabajadores al SAR a partir de 1992; más de 3 millones de personas podrán hacer válido ese derecho.
De acuerdo a información obtenida por ZETA, en Baja California 85 mil 229 individuos harían el reclamo. El monto a recuperar será de mil 556 millones 177 mil 955 pesos, sin embargo, la autoridad federal estima que existen 112 mil 600 casos problematizados, es decir, más de 30 mil personas que no han registrado su situación ante ningún sistema de retiro.
“No nos están dando nada que no sea del trabajador, pero ha sido muy complicado que puedan retirar sus recursos porque las Afores prefieren seguir reinvirtiendo los recursos que originalmente estaban en el Banco de México y luego pasaron a AFORE Banorte por tener bajas comisiones y mejores rendimientos, según el Gobierno Federal. El dinero que no sea reclamado por el trabajador se sigue manejando por las Afores, pues son ellas quienes están jineteando el dinero. Las Afores son la caja chica del Gobierno Federal, esa es la realidad, pero como se ha puesto la situación de difícil en el país con tantas quejas contra las ahorradoras, el gobierno decide regresar el dinero para calmar los ánimos”, externó a ZETA Olivia Luna Rodríguez, asesora financiera.
A decir de la entrevistada, si bien el Gobierno Federal instruyó que se localice a las personas que tienen ese derecho, ninguna dependencia lo está haciendo.
“No es tan difícil porque hay una base de datos. Lo que se tiene que hacer es presionar para que los entreguen”, acotó.
Luna Rodríguez sugirió tener la cuenta de AFORE con una administradora con presencia local, para que el ciudadano establezca un contacto directo con el ejecutivo de la institución financiera. El problema que se tiene actualmente se debe a que los administradores hacen un mal manejo de recursos e inversiones a largo plazo y la pérdida afecta directamente en los afiliados.
Quejas contra Afores
En 2016, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) registró mil tres reclamaciones contra los fondos de retiro; solicitud de trámite no atendida o no concluida, solicitud de retiro no concluida o no atendida, separación de cuentas no concluida o no atendida, información para realizar el trámite no otorgada, fueron algunos de los reclamos más presentados. Solo hubo 16 conciliaciones.
La subdelegada de la CONDUSEF en Baja California, Elizabeth Canales Hernández, concretó que el trámite para recuperar los fondos es el mismo de siempre y no ha tenido variación o simplificación alguna.
“El trámite deben hacerlo con las Afores. Si de ahí se desprende que no le está dando el servicio o la entrada a su solicitud una vez entregada la documentación, entonces estamos en la posición de recibir todas esas quejas”.
La funcionaria expuso que las inconsistencias más frecuentes en las que se ven involucrados los trabajadores a la hora de tramitar el retiro del dinero son las homonimias e invasión de cuentas.
“En la invasión de cuentas se tienen que separar los recursos y no propiamente lo hace la CONDUSEF, sino que en este caso se tienen que identificar los recursos de cada uno de los usuarios y eso depende del Seguro Social o INFONAVIT. Es un trámite más largo, lleva tiempo y no depende de la Afores, sino de la resolución que den las dependencias involucradas para que puedan seguir adelante”, detalló.
En invasión de cuentas, se han presentado casos de dos personas cotizando con el mismo número, e inclusive hay quienes tienen tres números, por lo que deben unificar sus cuentas.
“Hace días llegó una persona mayor que tenía su cuenta invadida pero era su hija porque como ella fue asegurada por el derecho desde que estaban niños, entonces cuando entró a trabajar dio ése y ahí estuvo la confusión. No verificaron la información que se les otorgó”.
Según Canales Hernández, una vez que la dependencia recibe la queja tiene veinte días hábiles para llevar el procedimiento correspondiente, pero reconoció que la conciliación con las Afores son difíciles de lograr.
Tardada resolución de demandas
El año anterior, la Junta Especial Cincuenta y Nueve de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Tijuana recibió 980 demandas, de ese total, el 20 por ciento correspondió a fondos de retiro.
El presidente de la Junta, Mario Alberto Neri González, dijo que los trabajadores llegan primero a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo cuando agotaron todo el proceso y es ahí donde toman decisión de demandar si hay negativa de la pensión.
“Nosotros recibimos la demanda que esté bien formulada, que contenga la negativa de pensión, el último estado de cuentas de AFORE y si tienen o no derecho a ese pago, en algunos casos ya se liquidó y no tienen fondos y le damos seguimiento. Nos toca dar una audiencia de conciliación y posterior resolución”.
El funcionario federal reconocería que las resoluciones son tardadas por la falta de personal que presentan, pero en promedio son de cinco meses y en su mayoría resueltas a favor del trabajador.
“No tenemos la capacidad para determinar todos los casos, pero ponemos atención a los más rezagados. Llevan un orden, se les da prioridad, nos duran de cuatro a cinco meses si no hay ningún problema que afecte el procedimiento, como es la falta de documentación o errores en las cuentas”.
Agregó que el proceso dependerá de cómo se resuelva, la presentación de pruebas, pero siempre hay algo que puede interrumpirlo.
Por otro lado, Neri admitió que tienen agendas de audiencias muy saturadas, lo que provoca que los plazos se extiendan hasta siete meses, por lo que deben adecuar las fechas para los términos legales.
Corresponde a la Junta la extensión de la carta de designación para beneficiarios, trámite que puede tomar entre tres y 18 meses, o extenderse dependiendo la carga de trabajo que tenga la dependencia.
IMSS solo brinda orientación
El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar pide el apoyo de diversas dependencias a nivel federal -como el IMSS- para la localización de las personas mayores de 65 que tengan recursos acumulados en SAR; sin embargo, hasta el momento solo hace sirve de guía en el proceso.
“La función que haremos será de orientar, tratar de pedir a las personas que identifiquen si está o no en la cuenta y acudan a cualquier ventanilla de prestaciones económicas o unidad familiar para que levanten una solicitud de trámite de pensión de vejez”, indicó a ZETA la jefa de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Luz María Ríos, quien dijo desconocer cuánto tiempo tardará el trámite, pues la disipación del Gobierno Federal data del 12 de enero.
“Cualquier trámite puede variar entre días y hasta meses. Al ser una indicación del director general a nivel federal, estaremos reforzando para que esto se haga pronto”, confió.
— ¿Habrá una manera de agilizarla?, porque la mayoría de los trámites en dependencias federales son burocráticos y tardados….
“Todo va a depender del SAR, no tanto del Instituto, siempre hay que presentar los datos de manera completa, muchas de las cuestiones burocráticas es que verdaderamente tenemos gente que viene con información incompleta o con problemas en algún documento. La invitación es que las personas presenten la información como es el número de seguridad social, nombre completo, teléfono, correo electrónico. Y documentos que sean reales”.
Más adelante externó que no es obligatorio que un adulto mayor vaya acompañado, siempre y cuando pueda asistirse solo. Pero de tener alguna discapacidad que no le permita trasladarse o no ver bien, no escribir, no escuchar, lo conveniente es acudir en compañía de un familiar.
Cifras del IMSS Delegación Baja California reportan que en 2016 se presentaron 2 mil 345 casos de duplicidades de cuentas, mientras que hubo 864 homonimias.
Respecto a la corrección de los datos antes mencionados, la delegación fijó:
“Los trámites no tienen un tiempo para corrección, ya que cada tramite es particular, tiene mucho que ver si tiene varios números de afiliación, en cuántos Estados de la República trabajó, así como el número de homónimos que invaden el número; es por eso que no se puede dar un tiempo para cada trámite”.
