Ganar un puesto de elección popular o ser llamado a formar parte de un gabinete, sea el caso municipal, estatal o federal, es para muchas personas, hoy funcionarios, como sacarse la lotería. Millones y millones de pesos a disposición para “servir” a la patria y al pueblo. La clase mexicana de servidores públicos es una suerte de realeza política, gozan de hartos privilegios, inmediatamente residen en mejores zonas, se pasean en vehículos último modelo, todas sus comidas, viajes y gastos personales les son cubiertos por el Estado; lo mismo se les cubre el seguro de gastos médicos mayores para atención en los mejores hospitales del País, que se les otorgan bonos por cientos de miles de pesos al final del año, o se les pagan las misceláneas, el cobro por el uso de teléfono celular, tarjetas para el pago en carreteras de cuota, vales de gasolina y de despensa, para la compra de artículos de oficina, y todo lo que puedan necesitar para el ejercicio del servicio público.
Aparte de proveerles lo necesario para su seguridad laboral, el pago de sus prestaciones, salvaguardarles su integridad física con vehículos especializados y escoltas, contratarles toda suerte de secretarios y asistentes, su seguridad social y manutención en calidad de funcionarios, aparte de todo eso, reciben un sueldo que por año se cuenta en millones de pesos.
La clase política mexicana por eso se enquista en los cargos. Senadores que terminando los hacen diputados y viceversa por decenas de años viviendo del presupuesto legislativo, hasta no saber sobrevivir de otra forma, o se retiran a vivir de los negocios que hicieron. Secretarios de Estado que lo mismo son de Hacienda, que de Relaciones Exteriores o de Desarrollo Social, ex presidentes de la República que continúan cobrando a la Nación cheque, ayudantía y personal.
En este contexto no fue gratuita la expresión del Senador panista, Javier Lozano, quien a la pregunta si reduciría su sueldo al 50 por ciento como lo sugirió una Senadora y algunos otros legisladores, refirió: “No, porque yo vivo de esto, esa demagogia de decir con mucho gusto doy la mitad de mi salario ¿y luego a robar o qué?”.
El Presidente de la República, los Senadores y Diputados, los funcionarios de gobierno de los tres niveles, los Ministros y Magistrados, todos ellos, representan miles de millones de pesos a los mexicanos cada año.
A propósito del alza en el precio de las gasolinas, de la animadversión que acrecentó el Presidente Enrique Peña Nieto en su contra, ante la insensibilidad de hacerlo en diciembre, el día de los inocentes y cuando muchos mexicanos estaban de vacaciones, cuando ya no pudo más con la presión, dio un mensaje a la nación. Luego otro. Y otro más, y llegó a la firma de un acuerdo con los empresarios (menos Coparmex), los sindicatos y sus funcionarios. Pero no se comprometió a disminuir el precio de las gasolinas, de eso solo le faltó decir llanamente: “ni un paso atrás”. Trasmitió una serie de acciones que a largo plazo podrían o no llevar a algunas familias mexicanas a vivir no mejor, pero sobreviviendo.
En uno de sus desatinados mensajes presidenciales, Peña Nieto preguntó (aunque su expresión más que pregunta era una justificación) ¿Qué habrían hecho Ustedes? Pero aquello no aminoró el hartazgo social, toda vez lo incrementó. Las marchas en los estados de la República se intensificaron (aunque los “grandes” medios las hayan minimizado), reflejando el descontento social.
Tal ha sido la participación ciudadana en las marchas pacíficas de protesta, que Gobiernos de los Estados han debido entrar al quite y proponer medidas con pesos y centavos de ahorro reflejado. Lo mismo han hecho otros poderes, menos el Ejecutivo. Fuera del 10 por ciento de sueldo que dijo Enrique Peña Nieto que se disminuiría él y primer círculo de colaboradores no hay nada más. El Gobierno Federal sigue gozando lo que la mayoría de los mexicanos no: una vida holgada en términos financieros, al cargar al Estado sus gastos de operación, personales, de comunicación, alimentación, viajes, peajes, viáticos, seguros y otras prebendas oficiales y extraoficiales.
El Poder Legislativo ya reaccionó a la indignación nacional. En la Cámara de Diputados dieron a conocer que cancelarán los bonos de a fin de año, y las partidas presupuestales que ello conlleva, que los diputados deberán comprobar todos los recursos que se les entregan para apoyos sociales o de lo contrario regresar el recurso; cancelaron los viajes internacionales a excepción de los indispensables, pero viajarán en clase turista, ya no en primera clase. Los diputados deberán pagar el uso y consumo de sus celulares, lo mismo que cancelaron la entrega de vales de gasolina para los legisladores y se reducirá un 25 por ciento el gasto para alimentos.
En la Cámara de Senadores aun no anuncian el monto del ahorro que tendrán una vez que se apliquen las medidas específicas que tomarán para disminuir los egresos en el presupuesto de 4 mil 541 millones 972 mil 587 pesos que se destinaron para éste 2017, pero han adelantado que ahorrarán en el pago de telefonía celular, la entrega de vales para gasolina, se congelarán las plazas vacantes, reducirán en 10 por ciento los gastos de comisiones, representaciones, misiones, reuniones, foros, viajes o mecanismos de cooperación legislativa. Además la reducción de 10 por ciento materiales y suministros.
Dónde sí dieron a conocer un monto para ahorrar fue en el Poder Judicial. Ahí se han comprometido a regresar a la Federación, a la Secretaría de Hacienda, mil 900 millones de pesos, mismos que lograrán a partir de diferir proyectos de obra pública, disminución los dineros destinados al pago de viáticos y pasajes, reducir la adquisición de bienes inmuebles e inmuebles, racionalizar el gasto en ceremonias y difusión. Ese ahorro, será devuelto.
En el Instituto Nacional Electoral reaccionaron de manera similar. Regresarán a la Secretaría de Hacienda mil 70 millones de pesos que habían solicitado y les habían concedido, para la construcción de un nuevo edificio.
La cúpula del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, creó un documento para proponer a Peña Nieto, a manera de responder al ¿Ustedes que hubieran hecho? Proponen ahorrar 239 mil 94 millones de pesos, con la toma de diez acciones, de las cuales corresponden al Gobierno federal: reducir 10 por ciento el gasto programable de la administración pública federal, incluidos organismos autónomos y poderes de la Unión. Disminuir 50 por ciento el ramo de provisiones salariales y económicas, reducir a la mitad el presupuesto a los partidos políticos durante campañas electorales y eliminarlo en las actividades ordinarias. Desaparecer Sedatu, Capufe, Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios y que esas facultades queden en SEDESOL, Conavi, SCT y el Poder Judicial. Fusión de las Secretarías de Economía, Turismo y Energía en la Secretaría de Economía, con el 50 por ciento del presupuesto de las tres juntas.
Escuchadas o leídas las propuestas de ahorro del Poder Legislativo, del Poder Judicial, las del PAN y la del INE, la que falta por atender es la propuesta del Poder Ejecutivo, una propuesta real, de una revolución en la estructura de gobierno que le dé certeza a los mexicanos que, aunque tardaron, también se apretarán el cinturón.
Si consideramos que el Poder Judicial ahorrará mil 900 millones de pesos, y el PAN propone un plan para ahorrar más de 300 mil millones de pesos, (y ni el Judicial ni el Legislativo, tocaron sus onerosos sueldos), significa que sí hay en el gobierno de la República, dónde recortar para ahorrar.
Sin embargo Enrique Peña Nieto, el Presidente de la República, se ha limitado a establecer acuerdos que no significan una reducción en los privilegios que tienen él y los suyos y el resto de quienes viven del presupuesto federal. Vaya, si las Cámaras están dispuestas a olvidarse de sus bonos, a recortar sus gastos de alimentos, viajes, prescindir del beneficio del pago del celular y de la gasolina entre otros ¿A qué está dispuesto el Presidente de la República? No lo sabemos. A la fecha se concentrado en el discurso mareador utilizando puros verbos transitivos como “impulsar, modernizar, mejorar, emprender, reforzar, facilitar”, que por sí solos significan más una intensión que una acción concreta.
No, el Presidente no nos ha dicho cómo logrará ahorrar, reduciendo el gasto corriente y de operación del Gobierno Federal, para obtener los ahorros de más de 200 mil millones que le permita eliminar el impuesto a las gasolinas y reducir el precio para los mexicanos. Porque hasta ahora, las erradas decisiones presidenciales pretende que las pague el pueblo, no el gobierno.
Las manifestaciones del 2017 propiciadas por el aumento a las gasolinas, no cejarán en tanto no haya una solución al respecto que le dé certeza y seguridad social a los mexicanos, y para ello, entre otras medidas, se requiere que el Gobierno Federal adelgace su estructura, su nómina, sus sueldos, sus privilegios; que abandonen su estatus de realeza política y pongan por fin los pies en la tierra. México ya no puede esperar más.
