‘La respuesta ciudadana a los embates gubernamentales –aumentos, derroches, dislates y evidente corrupción– ha sorprendido a propios y extraños quienes aún parecen no creer lo sucedido en apenas una semana de marchas que en el estado aglutinaron a cerca de 80 mil ciudadanos con movilizaciones, plantones y protestas a lo largo y ancho de toda la entidad, sobre todo en Tijuana-Rosarito y Mexicali.
Y es que en apenas una semana el panorama político ha cambiado diametralmente, aunque algunos políticos y funcionarios se nieguen a entenderlo.
Entre otras cosas llama la atención que los grupos convocantes son noveles, de incipiente participación pero que han logrado un poder de convocatoria donde los primeros sorprendidos fueron ellos mismos. A esto se le suma la masiva utilización de redes sociales, donde ha encontrado un displicente cauce el hartazgo ciudadano.
En el caso de Mexicali sorprendió la respuesta para la marcha del pasado jueves 12 de enero y entre los principales convocantes figuraba la célula 686 del Congreso Nacional Ciudadano y donde se sumaron grupos de jóvenes conscientes y participativos, algunos que se involucraron en la toma de las instalaciones de Pemex en la Rosita pero que de ahí se trasladaron a las oficinas de Recaudación de Rentas y que después de la marcha-mitin, bloquearon las instalaciones del Congreso, luego del Ayuntamiento. Las notas sobre lo sucedido en Mexicali fueron portadas de varios diarios de los llamados nacionales.
El antecedente en la capital del estado fue a mediados de diciembre de 1990 cuando cerca de 15 mil cachanillas se manifestaron contra las elevadas tarifas eléctricas y en la coyuntura de la visita del entonces Secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo, quien creció en Mexicali y posteriormente fue presidente tras el crimen de Luis Donaldo Colosio.
La diferencia es que ese día los manifestantes fueron convocados por sindicatos, grupos empresariales, gobernantes –entonces estaba Ernesto Ruffo en el poder– y el entonces incipiente Frente Cívico Mexicalense.
Casi 26 años después la masiva respuesta ciudadana fue casi espontanea, multiplicada la invitación por redes sociales y pese a ser día laboral, más de 15 mil indignados se volcaron a la calle. Luego la del domingo 15 –ya sin la participación de la célula 686– fue fácilmente duplicada y de nuevo los convocantes fueron los primeros sorprendidos.
Y es que la gran mayoría de los participantes, los que han organizado los bloqueos, las guardias nocturnas, los que han aguantado lluvia y frío son jóvenes, arrojados y combativos que se han volcado al movimiento y que algunos –algunas– hasta han llorado al ver a la multitud que respondió a su llamado. Ha sido una muestra de energía desbordante y a la vez gratificante.
Pero ahora sigue lo más difícil, ya el gobierno estatal respondió, indeciso al inicio y tuvieron que pasar dos días para que el martes anunciara la iniciativa para abrogar la Ley del Agua.
Ahora resulta que se han colado a la “dirigencia” más ciudadanos –algunos más oportunistas– que pretenden subirse a la cresta de una ola que ellos no generaron. Éste es un fenómeno mundial, ha pasado en España, en Turquía, en Chile y hasta en algunas ciudades norteamericanas con amplios movimientos de protesta social conformada fundamentalmente por jóvenes. La característica aquí es que el movimiento ha sido completamente pacífico, con embates y discusión pero de ideas y planteamientos.
Falta ver si las partes están igual de maduras para poder concretar –independientemente del desenlace– lo que ya es un triunfo ciudadano.
Jaloneo por el alimento para reos
En septiembre del año pasado desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado –que encabeza Daniel de la Rosa– se turnó al Comité de Adquisiciones que preside la Oficial Mayor Loreto Quintero una solicitud para el otorgamiento de un contrato vía adjudicación directa para la alimentación de los internos del Cereso de Mexicali y el Centro de Tratamientos para Adolescentes, en total cerca de 3 mil 249 internos con un contrato inicial de 20 millones de pesos.
Se incluye que este primer contrato sería una especie de prueba para poder otorgar la concesión de servicio de comedor a todos los internos de la entidad, los que suman cerca de 15 mil.
En la solicitud se nombran dos posibles empresas, Fudex, con sede en Guadalajara, Jalisco y Cosmopolitana, con sede en la Ciudad de México. En el mismo documento se incluyen una serie de requisitos y compromisos de la empresa ganadora, entre éstos el pago a los internos que realizan labores del comedor, el mejoramiento de instalaciones, instalación de equipo de cómputo, mantenimiento, adquisición de autos y mobiliario, entre otros rubros.
De acuerdo al dictamen, firmado por los titulares de Oficialía Mayor, Seguridad Pública, Finanzas y Contraloría, se adjudicó el contrato a la empresa Cosmopolitana, pese a que ésta –y es cuestión de una mínima búsqueda en internet– ha tenido una serie de denuncias públicas por evidentes anomalías en el servicio de cocina en penales de otras entidades.
El caso es que el pasado 10 de enero el propio Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, turnó al Subsecretario del Sistema David Limón Grijalva un memorándum donde le instruye analice el caso y valide BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD –así con mayúsculas en el original– la posibilidad de contratar la subrogación de alimentos a la población penitenciaria.
En el documento enumera una serie de fallas detectadas al servicio prestado por Cosmopolitana, entre éstos la operación de la cocina, el menú, la relación de alimentos preparados, el pago de los servicios y hasta la gratificación a los internos que se involucran en la preparación de alimentos. También asienta que en el dictamen de la adjudicación “no se establecen ningún termino, condición, descripción ni especificaciones técnicas y características” relativas con el servicio.
De acuerdo a datos oficiales solicitados vía transparencia a la Secretaría de Seguridad Pública, el año anterior ejercieron un presupuesto de 266 millones de pesos destinados a la alimentación de todos los internos en la entidad, así que estos 20 millones serían apenas una rebanada de un gran pastel donde asoma un escenario nada nuevo en la actual administración estatal, con poca transparencia, millonarias sumas, adjudicaciones a modo y ya hasta se habla de posibles involucrados, algunos muy cercanos al propio Ejecutivo Estatal.