El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid no tiene llenadero. Desde la Secretaría de Finanzas que titula Antonio Valladolid, salen las ocurrencias para recabar más dinero, y que a ojos cerrados son aprobadas por los diputados del PAN en el Congreso del Estado, para incrementar impuestos, precios y privatización del agua, hacer nuevas placas para que el usuario pague más, y otra serie de medidas que significan que los gobernados deben solventar con obligatorios pagos, la mala administración federal y estatal.
En contraparte, Kiko Vega no ha anunciado la disminución de sueldos a la privilegiada clase política que integra su gabinete, ni ha anunciado que ya no se pagarán del erario los servicios personales de él o sus colaboradores, que disminuirán el número de unidades que cada uno de ellos trae, o que cada miembro de su equipo pague la gasolina que utiliza para transportarse. Nada, el titular del Ejecutivo estatal no ha declarado ni presentado a los bajacalifornianos un plan de austeridad, o un proyecto de contingencia para que la población no sufra los embates del Gobierno Federal, así como le han hecho sus homólogos de otras entidades federativas.
Nada. Nada para disminuir el gasto corriente, la obesa nómina o los privilegios en el gobierno. Lo que sí ha hecho y que es motivo de manifestaciones nunca antes vistas en Baja California, es aprovechar que tiene un Congreso afín, para que le aprueben una serie de medidas impositivas y captar más recurso para seguir manteniendo el aparato de gobierno. Pero en ese buscar de dónde sacan más y más dinero, no tienen llenadero.
Efectivamente en la búsqueda de formas para obtener más recursos, están incluso invadiendo las facultades de otros poderes del Estado.
El lunes 9 de enero, los jueces del Poder Judicial de Baja California, recibieron una circular firmada por Enrique Magaña Mosqueda (¿dónde no hay un Magaña?), quien es secretario general del Consejo de la Judicatura, informando que de “conformidad a lo instituido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, los cuales se encuentran contemplados en los Artículos 18 y 30 de Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2017, por lo que los derechos de pago de certificaciones deberán ser efectuados en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, presentando un pre-recibo que se expedirá por las cajas del fondo auxiliar del Poder Judicial del Estado, para posteriormente los usuarios acudan a efectuar el pago a la oficina antes citada, en donde se les expedirá un recibo oficial de ingresos que deberán presentar en los Juzgados a su cargo para la expedición de las certificaciones correspondientes”.
Ajá. El pago por derechos de certificación de documentos que Usted hacía directamente en la caja del Fondo Auxiliar del Poder Judicial en cualquiera de los edificios de Juzgados, dinero que iba directamente al presupuesto del Poder Judicial catalogado como ingresos propios, y que posteriormente ahí mismo acudía por sus certificaciones ya con recibo del Poder Judicial en mano, ahora deberá pagarlo en Recaudación de Rentas del Estado.
Es decir, un cobro por un servicio del Poder Judicial será cobrado por el Poder Ejecutivo. ¿Tiene lógica la medida? No, ninguna. Ni es práctica, ni es transparente ni correcta en el respeto y la autonomía de los poderes. Pero los diputados del Partido Acción Nacional y sus aliados pequeños votaron porque así fuera, dándole oportunidad al Ejecutivo, o sea, al Gobierno del Estado y la Secretaría de Finanzas, de cobrar lo ajeno, disponer del dinero y ya después reembolsarlo al Poder Judicial.
Así será: los Jueces trabajan, los recaudadores cobran, la Secretaría de Finanzas concentra el recurso, y después lo reintegra al lugar de origen, el Poder Judicial. ¿No le parece raro? A quienes trabajan en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sí.
Jorge Armando Vásquez, el titular del Poder Judicial está buscando una cita con el titular de la Secretaría de Finanzas, para demostrarle cómo ha sido siempre el procedimiento de cobro por derechos de certificación, y cómo siempre por la Ley del Fondo Auxiliar, ese recurso se queda en el Tribunal y se utiliza para capacitación de personal, cursos, otros incentivos a personal jurisdiccional y para la adquisición de equipo de cómputo.
Por pago de derechos de certificación, al año en el Poder Judicial estiman recaudar unos 2.6 millones de pesos, que llegaban directo a sus arcas, pero ahora ese dinero se irá a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y ésta “cada mes” lo reintegrará a quien debió cobrarlo de inicio.
¿Qué necesidad de controlar los recursos propios de otro poder del Estado tienen en el gobierno de Francisco Vega? “Pues jinetear la lana”, confía un integrante del Tribunal. Pero además, alguien lleva ventaja, pues para que los usuarios de los Juzgados no se trasladen hasta las oficinas de Recaudación de Rentas en todos los municipios, ya el gobierno empezó a habilitar en Juzgados cajeros automáticos para el pago de este servicio, cajeros que no son de gratis para nadie.
La voracidad de la administración de Francisco Vega para obtener recursos económicos de los gobernados, y ahora de otros poderes como el Judicial, es impresionante. No tienen llenadero. De ahí las manifestaciones en Baja California, como la acontecida el jueves 12 de enero en Mexicali, cuando los ciudadanos tomaron el patio central del Centro Cívico en protesta por los aumentos a todo: a la gasolina, el agua, el Impuesto Predial, por la escalada de precios que se viene, por la insensibilidad gubernamental.
La administración de Kiko Vega necesita dar la cara, recular, sensibilizarse con la sociedad y combatir la corrupción, y dejar de sacar dinero de cualquier sector o poder, recurso que no se refleja en mejores servicios, ni en más obra y por supuesto, ni en un mejor gobierno.
