De manera emergente, diputados de Baja California Sur aprobaron durante diciembre de 2016 la modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a través del Decreto 2421 del Congreso local, en la que se dio luz verde a una pensión vitalicia a magistrados para recibir hasta un pago del 70 por ciento de su salario al jubilarse, modificación hecha en menos de 24 horas.
La modificación indica lo siguiente: “Los Magistrados que previa reelección, concluyan su segundo periodo constitucional en el cargo, tendrán a partir de ese momento a un haber de retiro equivalente al cien por ciento del total de las percepciones que correspondan a los Magistrados en activo durante los primeros dos años, hasta llegar al setenta por ciento, porcentaje este último que se cubrirá a partir del octavo año de la conclusión del segundo periodo en el cargo y hasta el fallecimiento”.
Daniel Gallo Rodríguez, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, justificó dicha acción al revelar que a nivel nacional perciben el sueldo más bajo, cuando en otras entidades federativas reciben un pago promedio de 150 mil a 200 mil pesos mensuales; en BCS el pago es de 86 mil pesos.
“Hay que ponderar diferentes circunstancias, como que somos uno de los poderes judiciales a nivel nacional que tenemos los sueldos más bajos, anda en promedio en 150 mil pesos o 200 mil; en BCS ganamos por debajo de lo que gana un juez, como Estado de México, Ciudad de México y varios Estados del país”.
En una segunda justificación, el presidente del Tribunal Superior de Justicia explicó que su trabajo es de alto riesgo, debido a las responsabilidades que resuelven, cuando labores como policía, bombero, paramédico, reciben alrededor de 9 mil pesos mensuales, es decir, el 20% del salario de un magistrado.
“El trabajo que tenemos los jueces, es de mucho riesgo, una gran responsabilidad, dirimimos y resolvemos asuntos de cuantías muy importantes, esto no es una idea de nosotros, esto es a nivel nacional, está en recomendaciones internacionales como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), no es algo que estamos inventando nosotros”, argumentó Gallo.
En un tercer tiempo de explicaciones, responsabilizó a los diputados locales y, al ser un tema del Congreso local, por parte del Tribunal existe disposición para dialogar.
“La falta de discusión es tema del Congreso, nosotros siempre estuvimos dispuestos a platicar cualquier punto adicional al que me están preguntando, que contempló ese proyecto de Ley Orgánica, realmente no tuvimos ninguna reunión con diputados, siempre tuvimos la disposición y en ese sentido no es algo que nos corresponda a nosotros; hicimos un trabajo de varios meses para contemplar la modificación a la Ley Orgánica”.
La modificación a dicha legislación se presentó el 14 de diciembre de 2016 para ser aprobada un día después, por lo que al jubilarse, los magistrados recibirán una pensión vitalicia del 70% hasta su fallecimiento.
Frente a las diferentes polémicas que se han generado a raíz de las malas decisiones de las distintas autoridades, para Jesús Druk González, dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto es una situación absurda, “incoherente con un planteamiento de carestía, con un déficit presupuestal, con un recorte nacional ya anunciado, con necesidades visibles, con una inseguridad que aumenta día con día”.
La aprobación se dio con 17 votos a favor del PRI y del PAN, y tres abstenciones por parte del PRD, PT y MORENA, por lo que se espera que por parte de la diputada que representa esta parte política, haga un nuevo planteamiento para reconsiderar la pensión vitalicia ya autorizada.
“No podemos hacer gastos de privilegio, yo esperaría y vamos hablar con nuestra diputada para que haga eco de este planteamiento ciudadano, que revierta esta decisión porque es incomprensible, además ilógica, ningún ciudadano de Baja California Sur puede tener los privilegios más allá de lo que el presupuesto disponga, y lo que un sentido de pertenencia, de solidaridad, un sentido humano lo indique; creo que por dignidad ellos deberían renunciar a ese privilegio que el Congreso les atribuyó de forma irregular, en lo oscurito y sin consulta absoluta”, señaló.
En respuesta los diputados locales, entre ellos Alfredo Zamora García, del PAN, también justificó su actuar en fast-track porque “viene a reglamentar lo que en la constitución de BCS ya está, hay una molestia ciudadana, pero no es esta Legislatura la que está iniciando o le está dando estos haberes. Los señores magistrados ya tienen en la Constitución un haber de retiro, solamente aquellos que cumplan 12 años, solo aquellos que sean reelectos”, reiteró que no fueron ellos, sino hace décadas, pero se aprobó hasta ahora.
Según el diputado Zamora, esta Ley plantea la autonomía del Poder Judicial, por ello buscan que haya autonomía a través de estos onerosos honorarios.
“Lo vamos a revisar, estoy hablando de derogarlo o bajarlo, es una discusión que se va a dar en los siguientes días. La Ley Orgánica era urgente porque entra el Consejo de la Judicatura, contiene una serie de puntos que nos van a permitir actuar con mayor transparencia en el Poder Judicial, era importante la modificación”, expuso.
Por su parte, Joel Vargas Aguiar, Diputado del PRI, atinó a decir que analizan la propuesta, “la tendremos en próximas fechas para regular el tiempo en la permanencia de esta pensión a que tienen derecho los magistrados”.
Más allá de las decisiones, lo que los ciudadanos esperan es que verdaderamente haya trabajo en las sillas legislativas, y no solo se alce el dedo.
