Las estadísticas oficiales de personas desaparecidas o privadas de la libertad no concuerdan. En medio del baile de cifras, el activista Fernando Ocegueda asegura que el Estado no investiga ni le interesan los casos, y desde la PGJE afirman que las familias de las víctimas no denuncian. De acuerdo a la Procuraduría, los secuestros dejaron de ser delitos del crimen organizado y ahora son de “oportunidad”, lo que ha permitido su reducción en la estadística. Actualmente José Jiménez “El Güero Pepas”, Marisol Cabrera Moreno y Ventura Tenorio Romero, son buscados por secuestro
Pese a la baja en el delito de secuestro, el cual en este momento no es una de las estrategias del modus vivendi de los grupos del crimen organizado que operan en Tijuana, la desaparición de personas en condiciones violentas sigue siendo un problema en Baja California.
De acuerdo al Análisis de Incidencia Delictiva realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estados (CCSPE), con cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016 hubo 128 reportes de privaciones de la libertad, aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) maneja 288 denuncias oficiales, pero en este caso, la mayoría son temas familiares.
La estadística del CCSPE contabiliza 15 privaciones en Tijuana en enero, 18 en febrero, 16 en marzo, 18 en abril, 24 en mayo, 23 en junio, 11 en julio, 18 en agosto, 38 en septiembre, 24 en octubre y 14 en noviembre. Según Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación por los Desparecidos y contra la Impunidad, las primeras dos semanas de diciembre a él ya le habían reportado 15 privaciones más.
“Tenemos un registro pero muy escueto de la gente que se acerca a nosotros, no refleja la realidad exacta de los que pasa en el Estado, contamos con una cifra a partir del año 2006, que son 350 personas desaparecidas, pero en las primeros 15 días de diciembre (2016) tuve notificaciones de 15, incluidos uno de Tecate y otro de Rosarito”, y aseguró, todos denunciaron.
Pero estas víctimas de las que habla el activista no están en las estadísticas oficiales.
Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), explicó: “La Fiscalía de Desaparecidos ha recibido solo seis asuntos entre 2014 y 2016, tiene otras 88 averiguaciones previas, pero son de los tiempos del `Teo´ (Eduardo García Simental) y `El Muletas´ (Raydel López Uriarte). Y no hay 12 o 15 denuncias en la primera quincena de diciembre. Le hemos dicho al señor Ocegueda que si no denuncian, no se cuentan, ni se pueden atender”.
De acuerdo a la información de la PGJE, del 1 de enero al 15 de diciembre de 2016 hubo 13 carpetas de secuestros iniciadas y resueltas en 2016; por privaciones ilegales de la libertad se abrieron 288 expedientes, mientras el Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) registró mil 416 personas ausentes; mil 259 se reportaron después como localizadas y 15 permanecen desaparecidas hasta el momento; además de los seis expedientes que la Fiscalía de Desaparecidos inició en los últimos tres años.
Secuestros de “oportunidad”
Autoridades de Baja California hablan del secuestro como un crimen bajo control. Para el gobierno de Francisco Vega, las estadísticas oficiales suman 13 víctimas en 2016, nueve en 2015 y 32 en 2014, el primer año de gestión. Un total de 54 en tres años, ciertamente por debajo de los 92 del último trienio del ex gobernador Guadalupe Osuna Millán y muy lejos de los 255 de los primeros tres años de ese sexenio que abarcaron la pugna interna de Cártel Arellano Félix (CAF).
José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales, reitera que los secuestros que se están cometiendo no son parte integral de la operatividad de los cárteles en la zona. Aunque algunos narcomenudistas han llegado a ser detenidos realizando secuestros, como en el caso de la joven estudiante hija de un dueño de taxis que fue privada de la libertad el 13 de febrero del año pasado.
Buscan a “El Güero Pepas”; delinquió “contratado”
La joven secuestrada por José Jiménez “El Güero Pepas”, “La Rana” y “El Panzón” en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Tijuana, después fue “cuidada en la cueva”- casa de seguridad – por Abraham Uribe Conde “El Chivo” y Édgar Alejandro Martínez Amador “El Güerito”, resguardados por Darío Mojarra “El Killer”.
Ocho días después del secuestro, el 21 de febrero detectaron a dos jefes de área de la PGJE dando vueltas en la zona y les dispararon. El 25 de febrero, en un operativo coordinado y encabezado por el Grupo Antisecuestros, la joven fue rescatada y Mojarra abatido, mientras enfrentaba a los agentes con la misma escopeta conque había herido a los dos jefes cuatro días antes.
Los detenidos admitieron que vendían droga en las inmediaciones del Panteón Jardín en Tijuana, donde tenían a la secuestrada, y que fueron contratados por “El Güero Pepas” para cuidarla mientras pedían medio millón de dólares que los padres de la víctima no tenían a disposición.
Los dos capturados, el muerto y los tres prófugos están integrados en el expediente como los responsables del delito. Sin embargo, los investigadores saben que el cabecilla de este grupo fue contactado por un sexto hombre aún no identificado, que ya ha ejecutado por lo menos cinco secuestros en Baja California en lo que va del trienio. “Sabe de tecnología y oculta su rastro de telefonía y digital para no ser localizado. Viene, organiza los secuestros, hace las llamadas y siempre libera las victimas sin dañarlas, y en un corto plazo, cobra y abandona el Estado”.
Pero esa vez, contrató a los narcomenudistas de la colonia Unión en la delegación Centro, quienes organizaron todo y, conforme a los inculpados, también se dedicaban a “matar en ajustes de cuentas”.
Redes sociales para plagiar
Otro modelo de secuestro lo ejemplifica el caso de un hombre de 38 años privado de la libertad después de hacer una cita en una página de internet para tener sexo. Acordó el encuentro en la calle Cuarta el 17 de abril de 2016 y se lo llevaron a una casa de seguridad en el Ejido Lázaro Cárdenas.
La familia se dio cuenta porque les informaron que una pareja de desconocidos estaba sacando los muebles de la casa del joven en el automóvil pick-up del muchacho, fueron, los enfrentaron y éstos dijeron que la víctima los había mandado, y amenazado por teléfono, lo corroboró.
Una vez que desvalijaron la casa, llamaron a la familia solicitándole 30 mil pesos adicionales a cambio de liberarlo. Pero cuando robaron la casa dejaron elementos que permitirían a los agentes ministeriales conocer la ubicación aproximada de los secuestradores y, una vez en el Ejido Lázaro Cárdenas, mientras patrullaban, al identificarlos como autoridad un joven intentó huir en un carro, fue detenido y en su interior localizaron credenciales del privado de la libertad.
Fueron detenidos y consignados: José Valentín González Fajardo, David García Baltazar, Norma Alicia Salman Ramírez y Carmen Guadalupe Estrada Lozano.
Ex empleado secuestrador
También hubo casos en los que criminales conocían a las víctimas. Eso sucedió en el expediente del muchachito de 15 años secuestrado el 23 de febrero del año anterior, salía a las dos de la tarde de la escuela y a las tres la familia ya estaba recibiendo el llamado de los delincuentes; después de informarles que tenían al joven, advirtieron “no hagan ninguna pendejada de denuncia”, que sabían que tenían un negocio de tacos y les pedían 4 millones de pesos con los que no contaban.
Este caso no reportó avances hasta 24 días después, cuando los investigadores dieron con uno de los criminales, José Luis Aguilar Gómez “La Piñata”, quien tras admitir su responsabilidad, confesó había sido contratado por Marisol Cabrera Moreno y su novio, Ventura Tenorio Romero, quien había sido empelado del padre del menor e ideó el rapto, dando la orden de quitarle la vida el 25 de febrero porque lo vio y lo reconoció. Lo hicieron y lo enterraron en el patio de la casa de seguridad. Tenorio y Cabrera siguen prófugos.
En privaciones de la libertad, la mayoría temas familiares
Con el sistema de justicia tradicional, en 2015 la PGJE inició 128 expedientes por privación ilegal de la libertad, determinó seis expedientes, dos con detenidos y quedaron pendientes 122. Del 1 de enero al 19 de junio de 2016 abrieron otros 210 expedientes por el mismo delito, ocho con detenido y dos sin detenidos; 179 quedaron pendientes.
“En lo que va del Nuevo Sistema de Justicia Penal traemos 166 denuncias por privación de la libertad, de las cuales 90 son personas que denunciaron por internamiento en un centro de rehabilitación, lo cuales fueron hechos por su familias como medida para su enfermedad, que es el 62 por ciento”, explico el subprocurador de Zona en Tijuana, Jorge Álvarez.
“Tengo otras 40 denuncias en las cuales la esposa viene a denunciar a su esposo que no la dejaba salir de su casa. En esas usualmente las reclasificamos como violencia familiar, cuando la mujer no desiste, que son la mayoría de los casos. Y hay 36 clasificadas como generales, que es el 15 a 20 por ciento, son como… ¿Recuerdas el caso de la panel blanca que supuestamente estaba robando jovencitas? En esa psicosis recibimos más de 15 denuncias de privaciones de la libertad en grado de tentativa de jóvenes atacada desde un vehículo blanco, de los cuales solo uno pudo ser corroborado, y en otros sí hubo asuntos, varios de ellos vinieron a decir ‘eché mentiras porque me salí de la casa, porque me fui de fiesta’, o querían que corrieran a tal persona”.
De esas, nueve privaciones se denunciaron en centros comerciales, ocho de caminos vecinales, y las otras de taxis, instituciones privadas y hoteles. El único expediente que pudieron documentar en los últimos seis meses fue el de la joven en una Caravan blanca que levantaron en una dulcería, posteriormente se ponchó el carro y lo dejaron abandonado con la muchachita, quien manifestó que cuando la privan de la libertad le dijeron “venimos a cobrar una deuda de tu papá”. En estos casos, generalmente ya no hay seguimiento ni interés por parte del ofendido para continuar el expediente.
“Lo mismo ocurrió con la privación de la libertad donde presuntamente se llevaron a una señora con sus dos hijos, se inició un informe policiaco homologado, pero no hubo ninguna disposición del esposo para manifestar nada, lo encontramos, pero ni los nombres nos dio”, refirió Álvarez, casos en los que es muy difícil avanzar.
Judicializados
Respecto a los expedientes llevados ante juez, el subprocurador detalló: “Uno de los primeros asuntos judicializado fue en junio, por privación ilegal de la libertad, todavía está en etapa de investigación, es una persona que llegó al aeropuerto, se le acercan y la tratan de subir a un carro a la fuerza con todo y maletas, huyen, los detiene la Policía Municipal, los aseguran y los consignamos por privación ilegal de la libertad en grado de tentativa.
“El fondo de este asunto es que todos se conocían y la víctima tenía una deuda de dinero con las personas que intentaron privarla de la libertad, este asunto sigue en proceso, la víctima hasta donde teníamos conocimiento ya no quería saber nada del asunto”, compartió.
Los asuntos judicializados tienen que ver con un policía estatal preventivo que se llevó a una vecina que primero lo acusó y después se retractó, la del aeropuerto, y otros privados de la libertad para robarlos (tipo secuestro exprés). Los casos no judicializados resultaron en el no ejercicio de la acción penal.
“Los asuntos de personas que se llevan por deudas de droga yo no los tengo”, concluyó Álvarez.
Seis desaparecidos, 155 no localizados
Miguel Guerrero informó que en la Fiscalía de Desaparecidos solo tienen seis denuncias registradas oficialmente en lo que va del sexenio, ninguna resuelta.
Mientras CAPEA recibió durante 2016, mil 416 denuncias o reportes, “en estos casos abarcan jóvenes que se fueron con el novio o la novia, maridos o esposas que dejan la casa familiar por alguna razón, vendedores de droga al menudeo, niños que escapan, etcétera”, explicó Guerrero.
De la cifra anterior, en el mismo período fueron localizados mil 259 y 155 continúan desaparecidos.
Familiares de desaparecidos reclaman atención del estado
Fernando Ocegueda insiste en que las desapariciones son denunciadas, pero no tiene la atención de la Procuraduría: “Yo pedí por transparencia la información de los desaparecidos, el Estado tiene 500 y feria a partir de 2014, mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas dice que en Baja California hay por lo menos mil 200, ¡¿cómo puede ser?!”, cuestiona.
“Yo, cansado de tratar de explicarles a Guerreo, a José María González, a la misma procuradora. Pero es un círculo muy cerrado y no hay voluntad para atender estos casos. Al gobernador Francisco Vega le pedimos desde hace tres años que nos reciba y nada, por eso trabajamos con el Gobierno Federal”, agregó.
La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción en 46 casos, 21 en la SEIDO y 25 en la nueva Fiscalía de Personas Desaparecidas.
— ¿Esa es como la que tiene la PGJE en el Estado?
“N’ombre, aquí no existe; es CAPEA y ahí revuelven todo”, concluyó el activista.
15 muertos en cinco días
En los primeros cinco días de 2017, 15 personas habían sido asesinadas en Tijuana. En 2016, la cifra de homicidios dolosos cerró en 910 crímenes, mientras que en diciembre se perpetraron 112 muertes.
Dentro de las ejecuciones que más impactaron a la sociedad tijuanense destaca la de la joven Leslie Dominick García Solano, de 20 años de edad, quien apareció muerta en la cajuela de su vehículo con un surco en el cuello y envuelta en una cobija que tenía escrita la palabra “hotel”.
Fuentes policiacas revelaron que el crimen de la mujer se inclina al móvil pasional, pues ella salía con un hombre casado cuya esposa la había amedrentado con anterioridad y, después de propinarle una golpiza, le advirtió dejara en paz a su esposo.
Lo último que los familiares supieron de la joven fue el 31 de diciembre de 2016, cuando al parecer se dirigía a la colonia Postal con un amigo y luego cruzaría a Estados Unidos; sin embargo, el 3 de enero de 2017, su cadáver fue localizado en la colonia Mineral de Santa Fe. Por este crimen no hay personas detenidas.
El miércoles 4 se reportó a la central de emergencias el cuerpo de un sujeto de entre 35 y 40 años de edad, localizado en la calle Cerro de la Pedregosa entre calles Mirador y Vista Hermosa de la colonia Ejido Matamoros, Delegación La Presa.
El lunes 2 fue asesinado Cristian Iván Pardo Bravo, de 21 años, sobre la calle Lomas Esquina Del Oro, Colonia Anexa Buena Vista. En la escena del crimen fueron localizados al menos dos casquillos percutidos.
Ese mismo día fue encontrado muerto quien sería identificado como Martín Velázquez Leyva, de 25 años, en Calle Esperanza y Artículo Primero de la colonia Esperanza. Tenía lesiones en cara y tórax por arma de fuego.
También ese lunes fue reportado el hallazgo de una osamenta humana en la privada Paloma y Paseo del Valle, Colonia Villa del Campo Segunda Sección.
El domingo primero de enero fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de entre 20 y 25 años con impactos de arma de fuego en la cabeza. El hallazgo fue realizado en la Carretera Escénica Tijuana San Miguel, Kilómetro 14+500 (La Joya), Delegación Playas de Tijuana. El occiso fue identificado como Isaías Torres Alvarado.
Asimismo, el primer día del año, Rodrigo López Iglesias, de 27 años de edad, quien fuera encargado de la empresa boxística RL Promotions, perdió la vida al ser abatido de al menos tres balazos cuando se localizaba en una taquería de la colonia América; fue sorprendido por su homicida, al propinarle un balazo en la cabeza y otras partes del cuerpo. Herida de bala, la víctima fue trasladada al Hospital General de Tijuana, donde falleció más tarde por lesiones en flanco izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, muslo derecho, región frontal y glúteo derecho. A decir de testigos, el empresario fue atacado por un hombre solitario para después huir por su propio pie.
