Una red conformada por 21 empresarios y políticos, entre quienes se encuentra el regidor con licencia del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Torres Santillán, lavó 10 millones de dólares en un periodo de dos años, explicó la Fiscalía de San Diego.
Aunque Torres Santillán consiguió una reducción de fianza de 5 millones de dólares a 300 mil dólares, deberá acudir nuevamente a la Corte, el jueves 9 de febrero, para continuar con el proceso penal en su contra.
Publicidad
Este martes, a las 8:30 de la mañana, el político y empresario se presentó junto con los coacusados por lavado de dinero, David Javier Espinoza, casacambista en Tijuana, y su esposa Claudia Ramírez, ante el juez David J. Danielsen en la Corte Superior de San Diego.
Los acusados regresarán a la Corte el 9 de febrero.
Publicidad
El edil tijuanense, representado por el abogado Anthony Colombo, lució afeitado y con el cabello más corto que en su primera audiencia pública, el 21 de diciembre. Entre los asistentes, se encontraban su hermano, esposa y padre.
Publicidad
Colombo pidió que la fianza para el miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), fijada en 5 millones de dólares por la Fiscalía, se redujera a 250 mil dólares, ya que su cliente no cuenta con antecedentes penales, es ciudadano estadounidense y tiene familiares con residencia en Estados Unidos.
Además, citó al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, quien entrevistado por la prensa después de la detención del integrante de su planilla para ocupar el Cabildo, describió a Torres Santillán como “un joven extraordinario”.
Si bien, la Fiscalía asegura que Torres Santillán realizó 18 depósitos bancarios que suman 670 mil dólares, entre julio de 2015 y julio de 2016, su representante legal argumentó ante el juez se trata del dinero que pagaba a proveedores de su empresa de venta de granos.
Aseguró que se trata “de dinero producto de un negocio legítimo, de distribución de arroz y frijoles que transportó a Estados Unidos para depositarlo en cuentas bancarias y pagarlo a sus proveedores en China, Canadá y Estados Unidos”.
Jorge y Karla Escalante.
Sin embargo, el fiscal John Dunn aseguró que cuentan con documentos, conformados por miles de páginas, que demuestran la procedencia ilícita de este dinero.
Finalmente, el juez determinó reducir la fianza a 300 mil dólares, la cual hasta este momento no ha sido depositada, por lo que el regidor con licencia continúa encarcelado.
Posterior a esto, los tres acusados se trasladaron a una segunda audiencia, donde fueron reunidos 13 de los acusados de formar parte de una red de lavado de dinero.
Entre ellos, se encontraban la esposa y el hijo del ex presidente de Coparmex en Tijuana, Jorge Escalante. A Karla Escalante y Jorge Escalante, junto con la acusada Liza Ampudia, se les fijó una fianza desde el 21 de diciembre, por lo que en esta audiencia no permanecieron detenidos.
A diferencia de aquella ocasión, el ex líder de la Coparmex no acudió a la audiencia, pero sí más de 20 familiares que se aglutinaron a la entrada de la sala y quienes al ver ingresar a la prensa gritaron “pinche bola de metiches”.
Con más de una hora de demora, dio inicio la audiencia de vinculación a proceso a cargo del juez Rouston Maino, después de que cada uno de los acusados habló con su respectivo abogado.
El regidor con licencia ingresó a la Cárcel Central de San Diego desde el 16 de diciembre.
El juez explicó que esta investigación penal es “no es un caso típico y es muy complicada, con horas de grabaciones de audio y miles de páginas de evidencia”, por lo que aplazó la audiencia para todos los acusados hasta el jueves 9 de febrero.
Sobre la red de lavado de dinero, investigada entre octubre de 2014 y julio de 2016, el fiscal John Dunn adelantó que cada uno de los integrantes participó en el traslado de dinero en efectivo de Tijuana a San Diego, así como en realizar depósitos bancarios en California.
El jueves 29 de diciembre, el Cabildo de Tijuana aprobó la licencia temporal que Torres Santillán pidió vía oficio de su cargo como regidor, por lo que su suplente tomó protesta. Sin embargo, no ha renunciado ni se ha separado definitivamente del cargo.
Más información en la edición impresa de este viernes 6 de enero
