Como nunca en Baja California, los ciudadanos salieron a las calles en la capital del Estado. Miles exigieron la salida del gobernador, quien se ocultó en Tijuana “en reuniones privadas”, según el coordinador de comunicación. Las manifestaciones en Mexicali colocaron a la ciudad en una crisis luego de diferentes bloqueos y tomas de instalaciones de PEMEX, de Recaudación de Rentas, garitas y oficinas de gobierno. El descontento parece ir en aumento
Mientras más de 12 mil personas marchaban de la Glorieta del Caballito a la explanada del Centro Cívico en la capital del Estado, y consignaban “¡Fuera Kiko!” y a ratos “¡Fuera Peña!”, en una forma de manifestar su encono ante los incrementos en impuestos, servicios y productos por parte de los tres niveles de gobierno, Francisco Vega de Lamadrid estaba escondido.
El gobernador del Estado no se encontraba en Mexicali. De hecho ni uno de los funcionarios cercanos a él, ni el encargado de la política interna, Francisco Rueda, dieron la cara a los manifestantes que ante la insensibilidad gubernamental pedían a gritos su salida de la administración.
El estrenado coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja California, Raúl Reynoso Nuño, no supo cómo justificar la ausencia de Vega de Lamadrid de las oficinas de Mexicali. A pregunta de ZETA, primero respondió que justo ese día tenía agenda privada en Tijuana. Cuando se le preguntó con quién, insistió en que era privada. Cuando se le inquirió si se encontraba en el Centro de Gobierno de Tijuana, primero dijo que no, y después que sí. Que se reunía precisamente con funcionarios para ver el tema de los servicios, luego que también con otras personas. Total, sin claridad ni contundencia, indicó dónde estaba y qué hacia el gobernador, mientras miles de bajacalifornianos pedían que se fuera en Mexicali.
El llamado ciudadano a la manifestación se dio manera espontánea pero firme ante el descontento generalizado del alza en los precios de la gasolina, del incremento por el servicio del agua, de la privatización del mismo, por la obligada adquisición de nuevas placas que costará a cada poseedor de un automóvil un promedio de mil 200 pesos adicionales a su costo anual de revalidación de documentos (el gobierno obtendría 590 millones de pesos adicionales).
La devaluación del peso, un pírrico incremento en el salario mínimo y la demostración de privilegios, excesos y abusos de los gobernantes, levantaron a la sociedad en México, y el 12 de enero de 2017 en Mexicali, en una manifestación que apenas inicia, mientras el Presidente Enrique Peña Nieto cambia de discurso cada dos días para intentar justificar el alza en el precio de los combustibles.
Fue en Mexicali donde se llevó a cabo la más amplia y nutrida manifestación, principalmente por la aprobación de la Ley de Aguas del Estado, la cual privatiza el servicio de agua potable, pero a la que se unieron consignas contra el gasolinazo, el reemplacamiento y el incremento al pago del Impuesto Predial.
La movilización inició a las nueve de la mañana e incluyó un manifiesto descontento contra diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, aparte del encono contra del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el Presidente Enrique Peña Nieto, donde -por lo menos- les mentaron la madre.
La convocatoria fue realizada por Célula 686, un grupo organizado de personas que han denunciado la corrupción de los diputados locales, pero finalmente fueron rebasados por la cantidad de personas que asistieron, incluso se registró gente de San Quintín, Tijuana y Playas de Rosarito.
El mitin paralizó todas las calles aledañas al Centro Cívico, además los diputados, ante el miedo, decidieron cancelar la sesión programada para el jueves a las diez de la mañana, incluso a los trabajadores se les dejó retirarse a esa hora y se cerró el cuarto piso del inmueble.
Entre los manifestantes se encontraban contingentes en bicicletas, ambientalistas, maestros, estudiantes y empleados que solicitaron permiso para ausentarse al trabajo, según corroboró ZETA con algunos entrevistados.
El más repudiado fue el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a quien pidieron renunciar al cargo, acusándolo de corrupto y le mentaron la madre en múltiples ocasiones.
“Mexicali, escucha, estamos en la lucha”, “¡Fuera Kiko!, ¡Fuera Kiko!”, “Urgente, urgente, el pueblo se defiende”, “El que no brinque es Kiko”, fueron las consignas; protestas que también alcanzaron a Enrique Peña Nieto: “Peña culero, privatiza tu agujero”, entre otras más mesuradas como “No al gasolinazo” o “Hartos de sobrevivir, queremos vivir”.
Ya en el mitin fueron decenas de oradores quienes se tomaron la palabra, desde maestros de la CNTE, SNTE, SETE e incluso de escuelas particulares, jornales agrícolas, estudiantes, ex integrantes de #YoSoy132, hasta amas de casa, aunque pocos realmente podían escuchar debido a que el contingente superó la capacidad instalada de sonido.
“Estamos aquí para hacer la lucha contra el gasolinazo, contra del aumento al agua, no vamos a permitir los maestros de Baja California ninguna privatización, ni con el agua ni con el petróleo. Aquí en Baja California le decimos al gobernador del Estado que no va a pasar su privatización del agua”, gritó al micrófono el maestro Marco Antonio Pacheco, advirtiendo que están recolectando firmas en las escuelas para echar abajo la privatización del líquido.
Alrededor del mediodía se presentaron diputados de Movimiento Regeneración Nacional, PES, PBC, PT y PRI, quienes votaron contra la Ley de Aguas, y señalaron que presentarían el recurso de anticonstitucionalidad. Cuando tomaron la palabra el público se dividió, muchos aprobaron las consignas de los diputados, quienes señalaron “No a la privatización del agua”, pero muchos les gritaron que se bajaran el sueldo.
Fue cuando el diputado priista Alejandro Arregui Ibarra tomó el micrófono, fue abucheado, y es que aparte de la reforma a la Ley del Agua, el otro tema era el gasolinazo.
Posteriormente los manifestantes quemaron dos piñatas, una con la forma de “Kiko” Vega y la otra del Presidente de la República.
Cerca de la una de la tarde, el diputado Arregui salió huyendo del Congreso del Estado por la puerta de la biblioteca, se subió de inmediato a una camioneta, sin embargo, los manifestantes lo corretearon. Bloquearon las calles y lograron detener a un trabajador al cual regresaron a las instalaciones del Congreso, por un momento muchos de los manifestantes creyeron que se trataba de un diputado, por lo que le lanzaron vasos de agua y comida, finalmente el trabajador volvió al Congreso escoltado por cientos de inconformes.
Alrededor de las dos de la tarde finalizó el mitin, muchos no se querían retirar y algunos bloquearon las instalaciones del Ayuntamiento de Mexicali y las puertas del Congreso, aunque el grueso de personas que participaron en la marcha se empezó a retirar.
Fue hasta esa hora que los pocos diputados que quedaban lograron salir por la puerta de la biblioteca, entre ellos los de MORENA y algunos trabajadores atrapados por el mitin.
Del otro lado de la calle se mantuvo el plantón en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado. Mientras, el Centro de Gobierno fue cerrado, y ni el gobernador ni sus colaboradores aparecieron en la marcha ciudadana más nutrida que ha registrado Baja California, producto del hartazgo social sobre las administraciones gubernamentales.
“Presionar al gobierno para que nos dé una solución”
Como nunca un grupo de manifestantes puso en jaque a los gobiernos estatal y Federal, luego que el primero de enero entrara en vigor el nuevo incremento de los combustibles incluyendo gasolina y Diésel, además de la privatización del servicio de agua en la entidad, y el obligado reemplacamiento.
Fue el miércoles 4 de enero que un grupo de ciudadanos se contactó vía redes sociales para manifestar su inconformidad; tomaron algunas gasolineras de manera simbólica, ya que cerraban las instalaciones por espacio de media hora.
Sin embargo, la movilización causó que muchos se motivaran y decidieran reunirse para realizar un plantón de manera definitiva en la Terminal de Almacenaje y Reparto de PEMEX de la colonia La Rosita, en la carretera Tijuana-Mexicali.
“Nosotros venimos aquí con la intención de bloquear, presionar al gobierno para que nos dé una solución a lo que es el aumento de la gasolina, estamos solicitando a las autoridades que haya una homologación con los precios con Calexico, que vendría siendo un precio entre 12 y 13 pesos”, explicó el taxista Norberto Mejía Castro.
El grupo de Mejía se retiraría a los pocos días luego de anunciar el primer ”incentivo” para la franja fronteriza, dejando al plantón con la presencia de mujeres y niños, por lo que durante un buen tiempo quedó vulnerable, sin embargo, la autoridad no actuaría hasta el séptimo día.
El lunes 9 de enero un grupo de motociclistas encabezados por Raúl Gastélum, tomó por sorpresa las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado. “Simplemente estamos apoyando a las personas que se están manifestando en los diferentes lugares tanto de Baja California como del país, en pro de que nos bajen los impuestos, que son cosas absurdas que hacen para quedarse con nuestro dinero”.
— ¿Cómo se organizaron para venir a Recaudación de Rentas?
“Somos un club de motociclistas que estamos hartos, empezamos nosotros, realmente no hicimos una convocatoria abierta, ya cuando llegamos aquí tomamos las instalaciones a las siete de la mañana, ya cada quién empezó por sus red social personal y empezamos a convocar y afortunadamente hemos tenido buena respuesta” señaló el entrevistado.
Gastélum indicó que la intención era mantener el plantón de manera indefinida como las acciones que se realizaban en ese momento en La Rosita, el objetivo era cortar el ingreso de dinero a gobierno para que comprendiera la situación de los ciudadanos.
Por otra parte, en el plantón de La Rosita se vivía la incertidumbre luego del desalojo violento que se realizó el fin de semana en la planta en Playas de Rosarito, por lo que cada caravana de vehículos, al presenciar alguna nueva unidad, prendían los focos rojos por parte de los manifestantes.
La situación se agudizaba durante las madrugadas, cuando el número de manifestantes se reducía drásticamente, incluso fueron varios días en los que se quedaban entre 20 y 30 personas, pero la autoridad no aparecía.
El sábado 7 de enero varias gasolineras se fueron quedando sin combustible, para el lunes la mayoría había cerrado sus puertas, en algunos casos solo abrían momentáneamente para abastecer vehículos de emergencia o del Ayuntamiento, pero al final se acabarían las reservas.
El martes 10 los organismos empresariales informaban sobre el desabasto total del combustible y hacían un llamado a la autoridad para que desalojara el plantón, o ejercerían la fuerza pública: “El Consejo en pleno me ha instruido a que instemos al gobierno Federal, estatal y municipal, a que tomen todas aquellas acciones que el marco de la Ley le permita para que garanticen el abasto de combustible, porque la situación ya está fuera de control, en proporciones caóticas y con un impacto económico muy similar”.
De igual manera se expresó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Díaz Gallego, quien señaló la fuerte afectación económica que se había sufrido por el desabasto de combustible, aunque no pudo mencionar una cifra. Aprovechó para criticar la propuesta de Peña Nieto, quien había presentado el “Acuerdo de Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar”, pues el gobierno debe poner el ejemplo y amarrarse el cinturón.
A la par, la Cruz Roja Mexicali informó que las 18 unidades solo tenían capacidad de combustible para atender durante los siguientes dos días por la falta de combustible.
José Espinoza Astorga, coordinador de Cruz Roja, dijo que la empresa que les abastece tenía comprometidos 25 mil litros de diésel para uso exclusivo de la institución, lo que les permitiría operar por 15 días, pero de último momento les notificó que debido a problemas de seguridad habían vendido la reserva.
“El inicio de la organización ciudadana”
Sin gasolina en la ciudad y ante el llamado de diversos grupos empresariales, el desalojo parecía inminente. Los mismos manifestantes empezaron a llamar por redes sociales a los mexicalenses para que los apoyaran; esperaban que durante la madrugada del miércoles 11 pudiera presentarse el desalojo.
Alrededor de las tres de la mañana todas las alarmas se prendieron. Había información que policías municipales, estatales y ministeriales recibían la orden para agruparse en el cuartel militar de la calle 11 para un operativo especial. Pero fue alrededor de las seis de la mañana que aparecieron las primeras luces de los vehículos en el horizonte.
Aunque ninguna autoridad quiso dar el número de elementos que participaron en el operativo, estimaciones extraoficiales señalan alrededor de 80 agentes ministeriales, 50 policías estatales preventivos, 80 municipales y entre 200 y 300 elementos de las fuerzas federales entre Policías y Gendarmería.
Cuatro camiones de transporte soportarían esta teoría, sin embargo, el primer contingente de agentes fue de alrededor de 100 personas, encabezadas por el comisario Pedro Hernández Hernández, coordinador estatal de la Policía Federal en Baja California, y el subsecretario de Gobierno del Estado, Francisco Iribe Paniagua.
“Venimos con el objetivo de que se reabastezca el suministro de combustible, mucha gente no tiene combustible para moverse a sus trabajos, los médicos no tienen combustible para ir a atender emergencias, ambulancias no tienen combustible”, expresó Hernández Hernández ante el colectivo de manifestantes.
Dijo que entendía la causa de su manifestación y los “invitó” a que se retiraran o de lo contrario tendrían que utilizar la fuerza pública, pues el restablecimiento del combustible no era negociable.
Los manifestantes les pidieron garantías para evitar represiones en caso de dejar el plantón, además de 10 minutos para dialogarlo con el resto de los presentes. Apenas se concluyó el plazo y el contingente de agentes volvió al plantón, Odila Guerra y Yesenia Guerrero entregaron flores tanto a Hernández e Iribe como muestra de que el plantón siempre fue pacifico, además de convenir la retirada ante la disparidad de inconformes contra el número de agentes que llegaron a las instalaciones de PEMEX.
“Este es el inicio de la organización ciudadana, de cómo nos estamos tomando de la mano y todos con ideas diferentes, pero con un mismo fin, el bienestar de todos, continua el plantón en recaudación, igual hay amenazas de que se desaloje, nos dicen que está lleno de soldados el sótano de palacio pero igual, vamos a seguir buscando nuestra integridad física sin dejar en claro que nuestras exigencias y acciones no van a pagar”, afirmó Adrián, uno de los voceros del movimiento.
Iribe Paniagua señaló que existió la cordura de los ciudadanos que se presentaron en las instalaciones de PEMEX y reconoció que se comportaron con civilidad: “Nos manifestaron con claridad su rechazo a las medidas económicas a nivel nacional, en la tarde les informamos de manera resumida lo que se está haciendo por parte de Gobierno del Estado con otros Estados de la República, que también están buscando que esta medida se modifique y se le dé marcha atrás”.
En cuanto al plantón en las oficinas de Recaudación, reveló se trata de un tema local y que no se tiene previsto la utilización de la fuerza pública en ese caso.
Por su parte, el coordinador de la Policía Federal no quiso dar cifras de los elementos que integraron el operativo y se limitó a señalar que se utilizaron “estrictamente los necesarios” para garantizar la seguridad de los manifestantes, de los medios y de la sociedad civil.
Lucha por el agua
Mientras se debilitaba el plantón en La Rosita, el ubicado en Recaudación de Rentas se iba fortaleciendo, incluso las oficinas en González Ortega y el Valle de Mexicali, fueron bloqueadas de manera permanente.
Hasta el miércoles 11 por la noche, ninguno de los diputados que votó contra la nueva Ley de Aguas para el Estado de Baja California, se había manifestado públicamente.
El movimiento 686 empezó con la recolección de firmas para solicitar a los diputados que presentaran el recurso de anticonstitucionalidad, ya que solo se necesitaban nueve de los diez legisladores que votaron en contra. El primer día del movimiento, recolectaron alrededor de 5 mil firmas.
Posteriormente decidieron realizar un referéndum con la intención de abrogar la Ley. Estiman alcanzar las 40 mil firmas durante la semana, incluso durante la noche del martes 10 de enero había fila para firmar.
De igual manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, encabezada por Melba Olvera Rodríguez, confirmó a ZETA que pretende interponer un recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley de Aguas, al considerarla violatoria de Derechos Humanos, y aunque no quiso adelantar los artículos que pretendían combatir, adelantó el corte del servicio de agua sería uno de ellos.
Conforme pasa el tiempo, la sociedad bajacaliforniana se ha estado organizando. Las manifestaciones de los últimos días, prueban la indignación social que existe ante gobiernos que no se han sensibilizado, que no recortan presupuestos ni disminuyen gastos y, ante la crisis, pretender incrementar los presupuestos, encareciendo los productos y servicios que ofrecen, permitiendo que los ciudadanos paguen en lugar de establecer planes de austeridad.
Para el domingo 15 de enero se ha convocado a una nueva manifestación, y para el día 31, otra en el ámbito nacional.