Como nunca 45 mil mexicalenses tomaron las calles para decirle no al gobernador Kiko Vega y a su Ley de Aguas. Los residentes de la capital bajacaliforniana sostienen su lucha social y citan a una nueva manifestación pública, ahora por la reducción de salarios de funcionarios de primer nivel, la renuncia y juicio político al gobernador, revocación de diputados “traidores”, la eliminación del Impuesto al Alumbrado Público, supresión del alza al Impuesto Predial… y de nuevo contra el gasolinazo
El domingo 15 de enero de 2017 se presentó un hecho sin precedentes en la capital de Baja California: alrededor de 45 mil personas -según cifras oficiales de la Policía Municipal de Mexicali- marcharon del monumento Vicente Guerrero a la explanada de los tres poderes para manifestarse en contra del gasolinazo y de la nueva Ley de Aguas para el Estado de Baja California; la manifestación del descontento social provocó que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid derogara esa Ley.
Las controversias, el desencuentro de opiniones, los señalamientos de anticonstitucionalidad e intentos del gobierno de hacer negocio con el agua, surgieron desde la misma madrugada del 20 de diciembre de 2016, cuando se aprobó con 15 votos a favor y 10 en contra.
Esa noche, diputados locales presuntamente del Partido Acción Nacional (PAN), utilizaron a personas de centros de rehabilitación como grupos de choque para evitar en ese momento que la burocracia de Tijuana impidiera la postergación de la sesión.
Aquel día, los diputados rechazaron la violencia y lo que llamaron actos de humillación en su contra, cuando los trabajadores que se manifestaban les aventaron hasta botellas de agua para imposibilitar que legislaran en lo oscurito una Ley que abría la posibilidad a la privatización del servicio y ponía en riesgo -a su parecer- sus fuentes de trabajo.
Con la misma violencia con que repudiaron la Ley kikista, esta semana los empleados de gobierno encabezados por la lideresa Victoria Bentley Duarte se enfrentaron a los ciudadanos para recuperar las instalaciones del Ayuntamiento de Mexicali, que la movilización ciudadana mantenía tomadas para que el alcalde Gustavo Sánchez escuche el reclamo para dar marcha atrás a los aumentos propuestos al Impuesto Predial, alumbrado público, así como su rechazo al alza al transporte, y para la suspensión y revisión del proyecto EcoZone.
17 días de movilizaciones
A partir del segundo día de enero de 2017 iniciaron una serie de manifestaciones, las convocatorias se hicieron vía redes sociales, donde la queja por el gasolinazo, el reemplacamiento, la nueva Ley del Agua y el incremento al pago del Impuesto Predial fueron las banderas que tomaron miles de mexicalenses. Primero, algunos grupos desorganizados tomaron gasolineras de manera simbólica y pacífica, en un hecho inédito y espontáneo.
Posteriormente el grupo conformado por Célula 686 fue la chispa que despertó el tema del agua entre los mexicalenses. Los videos donde se veía que visitaban las casas de los diputados locales en sus domicilios y colocaban una trampa gigante para ratas, se hicieron virales en redes sociales.
Toma simbolica del palacio federal por parte de Tamai
En la primera manifestación, realizada el 2 de enero, participaron alrededor de mil personas que marcharon a las oficinas de Recaudación de Rentas, Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Mexicali y finalmente se concentraron en la plaza de los tres poderes, donde realizaron un mitin y convocaron a la unión.
La noche del 4 de enero, decenas de personas se organizaron en redes sociales y tomaron alrededor de seis gasolineras. Pancartas en mano, pedían apoyo de la sociedad para cerrar las instalaciones de PEMEX de la colonia La Rosita en la carretera Tijuana–Mexicali, de ahí marcharon y bloquearon el acceso.
Inmediatamente en redes sociales, miles se manifestaron a favor de la acción emprendida, principalmente por taxistas, dueños de vehículos Uber y espontáneos que permanecieron hasta el 11 de enero, cuando fueron removidos por alrededor de 500 elementos de diferentes corporaciones policiacas.
La chispa estaba encendida y, la mañana del lunes 9 de enero, un grupo de motociclistas denominado Dragón Bikers, encabezados por Raúl Gastélum, tomaron las instalaciones de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado, ya que consideraron, sería una medida de presión en contra de las arcas estatales para dar marcha atrás al gasolinazo y a la Ley de Aguas.
Los manifestantes dijeron que el gobierno resentiría la presión de los ciudadanos al dejar de ingresar hasta un millón de pesos diariamente en trámites, y advirtieron, el plantón sería por tiempo indefinido.
En la noche otro grupo de ciudadanos se fueron uniendo al pequeño contingente hasta conformarse en cientos, colocaron pancartas y juntaban firmas para la realización de un referéndum en contra de la Ley de Aguas, además de la colocación de casas de campaña.
Para la noche se habían tomado de igual manera las instalaciones de Recaudación de Rentas en la zona de Palaco y otra en el Valle de Mexicali.
Luego de la liberación de PEMEX el miércoles 11, para el jueves 12 de enero se convocó a la primera marcha en contra de la privatización del agua, organizada por distintos grupos de redes sociales, entre éstos, Célula 686.
Ese jueves, la convocatoria rebasó las expectativas de los organizadores que momentáneamente parecían perder el control, cálculos oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal indicaron que acudieron entre 10 mil y 12 mil personas al Centro de Gobierno.
Lopez Merino, Rueda y Castañeda
Debido a la gran cantidad de personas presentes, el presidente del Congreso del Estado, Raúl Castañeda Pomposo, suspendió la sesión programada para las diez de la mañana, al finalizar la manifestación alrededor de las dos de la tarde, algunos de los manifestantes decidieron tomar las instalaciones del Congreso del Estado como medida de presión tras la aprobación de la citada Ley.
De igual manera, decidieron bloquear sorpresivamente el acceso al Ayuntamiento de Mexicali, por lo que cientos de trabajadores que acudieron el viernes 13 a laborar permanecieron alrededor de dos horas a la espera del oficial mayor del Ayuntamiento, Óscar Ortega Vélez, quien descartó desde el primer momento que se fuera a presentar un desalojo de los manifestantes de las instalaciones, como ocurrió días atrás en La Rosita.
Junto con el secretario del Ayuntamiento, Antonio López Merino, decidieron dar la orden para que los trabajadores se retiraran del lugar.
Un pequeño contingente de burócratas del Ayuntamiento de Mexicali se manifestaron en contra de los integrantes de la movilización social, exigiendo los dejaran trabajar, encabezando a los inconformes Raúl Beltrán, un analista del Registro Civil que dijo ser apartidista y negó ser enviado de Victoria Bentley.
Sin embargo, luego de ser cuestionados por los reporteros, los manifestantes cambiaron su discurso y señalaron que su protesta era por temor a que no se les fuera a pagar la quincena, por otra parte, Beltrán resultó ser simpatizante del Partido Acción Nacional, al grado de presumir una imagen con el líder nacional Ricardo Anaya.
Ese mismo día reaccionó por primera vez el Ejecutivo del Estado, a través de un video el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, descartó que se fuera a dar marcha atrás a la Ley de Aguas, argumentando que no se privatizaba como señalaron diversos grupos sociales.
Anunció que se eliminaba el cobro por el reemplacamiento, por lo que los ciudadanos que ya habían realizado el pago podían pasar a recibir un reembolso, asimismo, redujo el salario de empleados de primer y segundo nivel; además, anunció un descuento del 20 por ciento en el consumo de agua por pronto pago a los usuarios domésticos que no excedieran los 10 metros cúbicos, entre otros apoyos a personas y organismos vulnerables.
Recabando firmas contra la ley del agua
En la misma fecha, el diputado de Movimiento Ciudadano, Job Montoya se retractó por haber apoyado la Ley de Aguas para el Estado de Baja California e hizo público su respaldo al recurso de inconstitucionalidad, el cual era apoyado por PRI, PES, MORENA, PT y PBC.
El domingo histórico de Kiko
Fue el domingo 15 de enero que se rompió con todas las expectativas que se pudieran tener de la participación ciudadana, en números oficiales fueron alrededor de 45 mil personas las que participaron en Mexicali en una nueva marcha convocada nuevamente desde redes sociales en contra del gasolinazo como tema nacional y contra la Ley de Aguas en el ámbito estatal.
Incluso, empresas transportistas ofrecieron llevar a los manifestantes de manera gratuita para expresar su descontento contra el alza de los combustibles.
La convocatoria llegó por varios grupos, algunos citaron desde Río Nuevo, otros del Monumento a Vicente Guerrero, algunos a las doce del día, otros a las dos de la tarde, de ahí que la marcha pareciera desorganizada, pero muy efectiva.
La marcha inédita puso a Mexicali en el mapa nacional por la numerosa participación ciudadana, una de las protestas más grandes del país, igual de desorganizada que la anterior. Decenas de oradores llenaron la plaza de los tres poderes, incluida la explanada de la casa municipal que se encuentra a un lado.
La cantidad de personas reunidas provocó que las redes telefónicas de la zona se colapsaran porque muchos buscaban trasmitir en vivo la manifestación al mismo tiempo.
Varios golpeados
Funcionarios panistas intentaron aprovechar las redes sociales y como estrategia de comunicación, hacer parecer que la marcha era solo por el gasolinazo, pero las miles de pancartas en contra del gobernador y su ley daban al traste con lo expuesto por los políticos del partido azul.
Esa tarde, nuevamente la respuesta del Ejecutivo fue tibia, envió un comunicado por medio de sus redes sociales solo en alusión a las diversas problemáticas de la entidad:
“Esta noche de domingo, un domingo histórico en que miles de bajacalifornianos salieron a las calles a manifestarse, reitero mi respeto total a la libertad que los ciudadanos tienen de expresarse y mi convicción democrática. Soy sensible a las demandas planteadas, estoy y siempre he estado del lado de la gente”, aseguró el gobernador.
“Seguiré trabajando en el ámbito de mi competencia para buscar alternativas que ayuden a las familias bajacalifornianas a hacer frente a las condiciones adversas que se presentan, principalmente en lo económico, y esforzándome aún más para llevar su voz ante las instancias federales para que las demandas de los bajacalifornianos sean atendidas y resueltas”.
Momentos después de la marcha del domingo, un grupo de manifestantes tomó el edificio del Ejecutivo estatal, con lo que se sumaba a los bloqueos en las oficinas de Recaudación de Rentas, Congreso y Ayuntamiento de Mexicali.
El martes 17 de enero, un grupo de policías estatales preventivos tomó por sorpresa a los manifestantes y en las primeras horas liberaron uno de los accesos vehiculares del edificio del Poder Ejecutivo, pero no el bloqueo. Por la tarde, 28 días después de haber negociado e impuesto la aprobación de la Ley de Agua, el gobernador del Estado anunció que la abrogaba y enviaría el trámite al Congreso.
Vocero de los manifestantes contra Bentley
Sin embargo, los manifestantes recibieron con recelo la noticia, desconfiando, y se negaron a levantar el bloqueos porque además de la abrogación de la Ley de Agua tenían pendientes una serie de solicitudes incluidas en un pliego petitorio de 13 puntos.
Las propuestas abarcan desde reducción de salarios, renuncia del gobernador y juicio político, revocación de diputados “traidores” hasta la eliminación del Impuesto al Alumbrado Público y el alza al Impuesto Predial, tarifas de transporte justas, entre otras.
Bentley a la carga
El miércoles 18 de enero, un grupo de trabajadores ingresó por un callejón a las oficinas de Recaudación de Rentas, abrieron las puertas y exigían se les dejara trabajar, inmediatamente llegó el recaudador de rentas en Mexicali, Gustavo Beister.
“Se les citó para que vinieran a trabajar temprano, como ven, no estamos infligiendo la violencia, no estamos tratando de ingresar por la mala de ninguna forma”, expresó el funcionario.
Simultáneamente llegó a las oficinas del Ayuntamiento de Mexicali, la diputada panista y líder sindical Victoria Bentley Duarte. Encabezados por ella y haciendo uso de la fuerza, un grupo de choque de más de 100 empleados ingresó por la puerta principal al edificio del Ayuntamiento, tumbaron el bloqueo y empujaron a los pocos manifestantes que se encontraban en ese momento.
En medio del jaloneo, algunos líderes sindicales indicaban a los policías municipales quiénes eran trabajadores y quiénes manifestantes, entonces los uniformados, siguiendo las órdenes de estos burócratas, dejaban pasar a los empleados y bloqueaban a los manifestantes. Algunos agentes incluso aplastaron a algunas mujeres del movimiento social que intentaron detener a los enviados de Bentley.
Como si fuera la patrona y no líder sindical, Bentley gritó al ingresar al recinto:
“Tengo parada la recolección de basura, por favor sean conscientes, no hay recolección, no hay registro civil, seamos conscientes; ya dimos reversa a la marcha del agua, ya dimos reversa y tienen tomado todo… yo estoy pidiendo que permitan la recolección de basura”, explicó la diputada, líder sindical y actualmente en campaña para reelegirse.
El jaloneo
Posterior a esas declaraciones, se escondió en el baño de mujeres para hablar por teléfono.
Aparentemente casual, a los pocos minutos llegó el secretario del Ayuntamiento de Mexicali, Antonio López Merino y el oficial mayor, Óscar Ortega Vélez, quienes “reprobaron la acción” de la diputada Bentley.
Posteriormente se dio un dialogo entre la líder sindical y el secretario, donde “reprimía” a Bentley por el ingreso a la fuerza, pero les permitió seguir siempre y cuando los empleados se trasladaran a la parte superior del edificio, donde los manifestantes no los vieran.
Para justificar su ingreso, la diputada señaló que había cuatro cadáveres en estado de descomposición y no se podían enterrar debido a que faltaba realizar el trámite, pidió a los medios de comunicación tomar imágenes de las carrozas fúnebres que se estacionaron en la explanada municipal y constatar que las familias pedían liberar las instalaciones.
Sin embargo está versión fue rechazada por un testigo que pidió no ser identificado, quien informó a ZETA que en realidad esas carrozas eran parte del operativo para reventar el plantón, ya que los cuatro vehículos salieron del Sindicato de Burócratas. Posteriormente se pudo constatar que todas los vehículos fúnebres se encontraban vacíos, incluso no se tomaron la molestia de subir féretros.
Al cierre de esta edición, la tarde del jueves 19 de enero, pequeños grupos ciudadanos mantenían bloqueados de manera pacífica los accesos a las oficinas del Congreso del Estado, del Ayuntamiento de Mexicali, el edificio del Gobierno del Estado y la oficina de Recaudación de Rentas, mientras inician una nueva convocatoria para otra marcha nacional para el domingo 22 de enero.
