Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR), incluir a José Eduardo Robinson Bours Castelo, ex gobernador de Sonora en el periodo del 2003 al 2009, como como imputado en la averiguación por el incendio en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, en el cual fallecieron 49 niños y quedaron lesionados otro centenar más, el 5 de junio de 2009.
A casi ocho años del incendio, además del ex mandatario, el juez ordenó incluir a Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de Sonora y actual diputado federal, y al consultor Juan Carlos Lam Félix, ex secretario particular de Bours, por supuestamente falsificar un oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), manipular evidencia del caso, así como por obstaculizar la investigación para favorecer a los culpables de la tragedia.
A través de un comunicado, la organización Manos Unidas por Nuestros Niños informó sobre el dictamen del juez formulado el pasado 23 de diciembre, por lo que la organización advirtió que los “exfuncionarios, desde sus altos cargos, ordenaron alterar y perturbar el lugar de los hechos para evitar que las investigaciones se centraran en el foco o punto de inicio del incendio, que fue la bodega rentada para la Secretaría de Hacienda estatal, y desviar la investigación hacia la guardería ABC, sus empleadas y propietarios”.
En respuesta, la PGR confirmó en un comunicado que “los días 30 de agosto y 3 de octubre de 2016 fueron presentadas dos denuncias de hechos por delitos contra la administración de justicia, falsificación de documentos y ejercicio indebido de servicio público, cometidos supuestamente durante la investigación realizada por la Procuraduría de Sonora”.
Es por ello que “el agente del Ministerio Público de la Federación, a cargo de las denuncias, determinó ejercer la facultad de abstención de investigar, en virtud de que los hechos denunciados fueron materia de proceso penal instruido por una autoridad judicial federal, el cual se encuentra sub júdice. Esto con fundamento en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Sin embargo, admitió la dependencia, “los denunciantes recurrieron la citada determinación y, en el expediente de impugnación que fue resuelto por el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se ordenó que el agente del Ministerio Público de la Federación inicie una investigación conforme a derecho”.
Tras la determinación del juzgador, la PGR sostiene que “realizará la investigación en los términos ordenados por la autoridad judicial y la resolverá de conformidad a sus atribuciones en forma expedita”.
Manos Unidas por Nuestros Niños exigió también al procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, que “no ceda ante la presión del poder político y económico” de Bours; o por el fuero del diputado federal Abel Murrieta.
“Los padres y madres de los 49 niños fallecidos y de los más de 100 lesionados en el incendio de la Guardería ABC merecemos conocer la verdad del incendio y que se juzgue a los verdaderos responsables. ¡Ya basta de impunidad!, ¡son muchos años esperando justicia!”, finalizó el comunicado.
En mayo pasado, un juez condenó a penas de entre 20 y 29 años a implicados en el incendio de la guardería ABC, entre ellos a la jefa del departamento de guarderías del IMSS y al delegado estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social.
También condenó a la representante legal y al secretario del consejo de administración de la guardería ABC, así como al director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo y al director de Bomberos de dicho municipio.
Para los padres de las víctimas, estas condenas supusieron una “justicia parcial”, por ser bajas y por no afectar a “funcionarios federales ni de medio ni de alto nivel”, los cuales no fueron presentados ante un juez como posibles responsables, denunciaron.
