Contrario a lo expresado por el presidente de México, Enrique Peña, el Consejo Coordinador Empresarial -CCE- de Tijuana expuso que el alza al precio de las gasolinas “no responde a precios internacionales ni tampoco se genera a través de una libre oferta”, por lo que este sábado emitió un posicionamiento de rechazo por esta medida implementada por el gobierno federal, al tiempo que se pronunció por un “no a la violencia en movimientos de protesta”.
“Hacemos un llamado a nuestras autoridades a la transparencia en el uso de los recursos públicos y a que se implementen medidas de austeridad así como la racionalidad del gasto en las áreas que son más excesivas y ofensivas a la sociedad”, anota el comunicado.
“Exigimos que el precio de las gasolinas se fije de acuerdo a lo que marca la Constitución Política de nuestro país, a través de nuestros legisladores y no sean la CRE, COFECE y la SHCP quienes lo determinen, ya que no podemos permitir que sean juez y parte de una acción que afecta a todos los sectores de la sociedad mexicana”, agrega el manifiesto.
Pero en aras de evitar que la economía de la región se trastoque más por el bloqueo a la planta de PEMEX en Playas de Rosarito que evita el abastecimiento de combustible a la región y la protesta en la aduana de El Chaparral, en Tijuana, el CCE demandó una actuación más efectiva de las autoridades competentes de frenar violencia y bloqueos. “Que se aplique la Ley con estricto apego a los protocolos de derechos humanos”, aclaró Humberto Jaramilló, presidente del CCE.
La protesta con violencia no es el camino, añadió, al hacer referencia a la acción de violencia en la que uno de los manifestantes en Playas de Rosarito arrojó un vehículo contra policías. Exhortamos a las autoridades a aplicar la Ley para evitar actos de violencia y/o vandalismo, como los que se han desarrollado en otras entidades.
Se debe aplicar la Ley, expusieron, para evitar el cierre de carreteras que impidan el libre tránsito de personas y mercancías, garantizar la proveeduría de gas, gasolina y diesel y evitar el desabasto que ya se deja sentir en la región.
“Nuestro mayor respaldo a la aplicación de la ley. La violencia no es el camino para resolver los conflictos venga de donde venga”, reiteró.
Al gobierno de México le exigieron ajustarse el cinturón en: Bonos y liquidaciones discrecionales, aguinaldos superiores a los estipulados para trabajadores que no están en gobierno y dietas a ex presidentes.
También demandaron reducir el financiamiento a partidos políticos, así como una reducción del número de diputados, senadores, regidores y la eliminación del acceso a una curul del Congreso por la vía plurinominal, además de una disminución de salarios de la alta burocracia federal, estatal, municipal, ministros, jueces, y en general todo aquello que no respondan a la realidad económica y social que actualmente vivimos.