No quieren a Tijuana.
Amigos, familiares, compañeros de actividades en el servicio social, coinciden al calificar de sorprendente y reprobable las agresivas acciones de los “inconformes” con los aumentos de impuestos y especialmente gasolina. Lo menos que dicen sobre esos disgustados protestadores es “¿qué culpa tiene la ciudadanía?”. Porque ciertamente nos perjudicaron a los que no ordenamos tales aumentos.
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No cabe duda que lo malo se imita. De otras partes nos llegaron esos ejemplos y formas de desfogar las inconformidades contra los gobiernos. Lo malo se aprende rápido. Unos cuantos son capaces de transformarse en “guías sociales”, logrando seguidores para formar pequeños grupos que se autonombran defensores ciudadanos. Y en su pequeñez mental, encuentran que destruyendo, agrediendo, insultando a quienes ninguna culpa tienen, tumbarán gobiernos y se “vengarán” de ellos.
El castigo a esos vándalos debe ser de acuerdo a los daños. A las autoridades no debe temblarles la mano. Ya en fechas recientes han dejado pasar ese tipo de agresiones (especialmente con el SITT). Es un mal precedente para el cumplimiento de la ley. Vimos a unos cuantos “defensores”, gritando afuera del Palacio Municipal ¡No al gasolinazo! Acompañada esa expresión de insultos a la autoridad municipal. Como si el aumento lo determinaran en los municipios.
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Hace casi tres décadas que insistimos a funcionarios municipales y estatales que a la costumbre de dictar reglas, hacer cambios, ordenar aumentos, antes se debería informar a la ciudadanía, el motivo, la necesidad de nuevas reglas. Se han acostumbrado a elaborar las Leyes de Ingresos y la de Egresos, para que los legisladores, sin estudio adecuado de esos documentos, los aprueben.
Hace mucho que esos dictadores de cambios relacionados con la economía ciudadana deberían informarnos con anticipación, el porqué. Y justificarlos con una administración transparente y ajustada a los tiempos económicos, tan difíciles que se viven. No queremos legisladores y magistrados con sueldos millonarios. Es un verdadero abuso que ellos determinen sus emolumentos.
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Nota 1.- El gobierno de Enrique Peña desde hace un año sabía de la necesidad de adecuar el precio de la gasolina con el mercado mundial. ¿Por qué esperó a informar hasta la aprobación del Congreso Federal? ¡Y se fue de vacaciones!
Nota 2.- Seguramente que los legisladores federales renunciarán a los 9.354.159 millones de pesos aprobados en la Ley de Egresos para su gasolina del 2017. No les basta con sus enormes dietas, pago de boletos de avión, alimentos, honorarios para sus 5 o 10 ayudantes que les hacen el trabajo.
Luz Elena Picos es Directora de Red Social de Tijuana. Correo electrónico: [email protected] www.lagacetaredsocial.com
