Luego del mensaje del Señor Presidente Enrique Peña Nieto del 4 de enero, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C., (AMIC), fija su postura ante la situación económica que se genera en el país a partir del incremento a los precios de los combustibles enviando la siguiente misiva:
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Senadores de la República
Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente. —
Los más de mil 800 miembros de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C., con presencia en 28 Estados del país, manifestamos enérgicamente nuestro desacuerdo ante la política económica del Gobierno Federal, respecto del aumento al precio de los combustibles, en razón de que la industria de la construcción, que impacta en 37 ramas de la economía, se ve severamente afectada debido al incremento de los insumos hasta en un 25 por ciento.
El incremento a la gasolina, la energía eléctrica y el gas, aumentarán el costo de la obra hasta en un 30 por ciento, de forma tal que el deterioro del proceso productivo es tan grave que puede llevar a situaciones de riesgo en la permanencia y viabilidad de las Mipymes de la construcción, con lo cual, miles de familias mexicanas serán dañadas en su patrimonio, en su seguridad económica y laboral, así como en su nivel de vida. Así mismo esta situación que no estaba prevista en los contratos de obra pública para el ejercicio 2016 en proceso, atenta contra la firmeza de las obligaciones establecidas y la proyección económica acordada.
Adicionalmente, la política fiscal del Gobierno Federal evidencia una proyección de impacto artificioso sobre el precio de los energéticos básicos para la industria de la construcción, atento a que el incremento en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios que sumado al Impuesto al Valor Agregado y al incremento de los salarios mínimos, obliga a generar pagos mayores de cuotas al IMSS, al INFONAVIT y al monto sobre el impuesto a la nómina, que no se refleja en beneficio de los mexicanos y lo cual genera una carga impositiva que solo responde a postura recaudatoria y no es derivada de un proceso económico real.
Sumado a lo anterior, la industria de la construcción, quien paga salarios muy por encima del mínimo, tiene el factor de riesgo del IMSS más alto para sus empleados, lo cual incide negativamente en la actividad productiva del ramo.
Además, la reducción de 250 mil millones de pesos, que representan un 35 por ciento del presupuesto para infraestructura del gobierno federal, reducirá las opciones de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ante este escenario adverso, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C., plantea las siguientes propuestas específicas: a) Si es que el Presidente de la República quiere realmente beneficiar al pueblo de México, debe proponer al Congreso de la Unión, y éste aprobar, la disminución inmediata y al mínimo de la tasa del IEPS aplicada a los combustibles; b) Bajar el importe de las cuotas obrero-patronales del IMSS y del INFONAVIT; c) Realizar una redistribución de la obra pública que beneficie a un número mayor de Mipymes, atento a que actualmente se concentra en grandes contratos que privilegian a un reducido número de grandes empresas constructoras contraviniendo a lo establecido en el artículo 10 Fracción IX, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y, d) Propiciar una reingeniería eficiente del gasto público federal para balancear la exigencia y urgente necesidad que tiene su gobierno de recursos.
A los constructores de México, les recordamos que, para que no pierdan su patrimonio, deberán presentar los ajustes de costos correspondientes, lo cual está debidamente sustentado en los contratos y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Con el fin de continuar en la defensa de los intereses de las Mipymes, que han sido olvidadas por los funcionarios y desplazadas por las grandes empresas, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, A.C., estará proporcionando a todos sus asociados los cursos específicos y la asesoría técnica para que realicen sus gestiones que les permitan presentar oportunamente los ajustes de costos establecidos en la propia ley.
No podemos evitar el alza a los costos, pero tenemos la facultad legal de exigir que se nos pague lo que nos cuesta nuestro trabajo al ejecutar la obra pública.
No olvidemos que para el 2017 tendremos que elaborar adecuadamente nuestros presupuestos, recordándoles que el alza a los costos de nuestro trabajo, como dijo el Señor Presidente, “será dolorosa pero inevitable”.
A los funcionarios les decimos: olvídense de los moches, ¡no más moches de la obra pública!
Atentamente.
Francisco Javier Gallo Palmer
Presidente Nacional
Ciudad de México
