El narcotraficante sinaloense Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, tendrá que pagar una indemnización de 20.8 millones de pesos a las víctimas indirectas de los secuestros y homicidios del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y del piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, ocurridos en 1985.
Fonseca Carrillo tiene 86 años de edad y vive en el fraccionamiento Valle Escondido, de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, en abril de 1985, y luego sentenciado a 40 años de prisión por el homicidio del agente de la DEA y de Zavala.
“Don Neto”, originario de Badiraguato, Sinaloa, salió el pasado 28 de julio del penal de Puente Grande, en Jalisco, y en la actualidad se encuentra en arresto domiciliario, bajo estrecha vigilancia para completar los 9 años que le restan de sentencia.
A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este viernes que el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco fijó en 20.8 millones de pesos el monto de la reparación integral del daño que debe cubrir el sentenciado, “identificado como uno de los fundadores del cártel de Guadalajara”.
El juez acreditó en la causa penal 82/1985, una afectación “muy grave” a los sentimientos, afectos e integridad psíquica de los familiares de Camarena y Zavala, por lo que “quedó plenamente actualizada la responsabilidad del sentenciado a la reparación del daño moral”.
El fallo estuvo sustentado en jurisprudencia del Alto Tribunal Mexicano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en normas y tratados internacionales suscritos por México.
“Kiki” Camarena y Zavala fueron secuestrados por hombres armados el 7 de febrero de 1985 en el occidental estado de Jalisco, cuya capital era el principal centro de operaciones del cártel de las drogas.
Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, colindante con Jalisco, con señales de tortura, luego de que el cártel de Guadalajara sufriera importantes golpes de las autoridades mexicanas en colaboración con la DEA.
Dado que Don Neto “cuenta con una situación económica alta”, así como un alto grado de responsabilidad en lo ocurrido, “la imposición de la indemnización debe ser igual de severa”, afirmó el juez.
Para fijar la cantidad, se tomó como base el salario mínimo actual –80.04 pesos diarios– y no el vigente en 1985 –de 975 viejos pesos–. Así, el hijo del agente de la DEA recibirá 10 millones de pesos, y una cantidad igual obtendrán la esposa y los cinco hijos de Salazar.
La CJF detalló que el juzgado “ordenó al sentenciado para que en el plazo de cinco días acredite haber cubierto ante la autoridad hacendaria dicho pago”. Además, dijo que: “Fijar una indemnización insuficiente provoca que las víctimas sientan que sus anhelos de justicia son ignorados o burlados por la autoridad, acrecentando el daño y revictimizándolas, violando el derecho a una justa indemnización”.
